El Consejo de Ministros ha sacado adelante este martes un real decreto ley con medidas económicas, que incluye varias novedades laborales. Algunas muy demandadas por los sindicatos, como el acceso a la prestación por desempleo de las personas despedidas en esta crisis en el periodo de prueba de sus contratos. También se recoge la posibilidad de que empresas que prestan servicios esenciales puedan hacer ERTE sobre la plantilla que no cumple con esas tareas necesarias, así como más protección para los trabajadores fijos discontinuos y las prórrogas de dos meses de la prioridad del teletrabajo y de las medidas de adaptación y reducción de jornada para cuidar a personas dependientes en la crisis por la COVID-19.
A continuación, se desarrollan las medidas laborales más destacadas que el Ejecutivo ha aprobado este martes y que explican desde el Ministerio de Trabajo.
Paro para despedidos en periodo de prueba
Fuentes del ministerio que dirige Yolanda Díaz explican a eldiario.es que “se permite acceder a la prestación a las trabajadoras y trabajadores cuyo contrato se extinguió durante el período de prueba, desde el 9 de marzo”.
Esta medida era muy reclamada por los sindicatos y los afectados, ya que este tipo de despido es uno de los más frecuentes en la crisis del coronavirus, según han explicado también a este medio desde distintos bufetes laborales, y los trabajadores no tenían derecho a prestación por desempleo.
También “se permite acceder a la prestación a los trabajadores que habían dejado un empleo para acceder a otro que no llegó a materializarse a raíz de la crisis”, añaden en Trabajo, otra situación denunciada por los sindicatos por la indefensión en la que se habían quedado estos trabajadores.
ERTE en empresas de sectores esenciales
Se recoge la “posibilidad de acogerse a ERTE” a empresas que realicen actividades esenciales si tienen parte de su actividad no declarada esencial, que hasta el momento no estaba permitido. “Las empresas que desarrollan actividades calificadas como esenciales pueden acogerse a ERTE por la parte de actividad que no esté afectada por este carácter esencial”, explican en el ministerio que dirige Yolanda Díaz.
Esta disposición “solo afecta a aquella parte de las actividades esenciales que las autoridades sanitarias hayan permitido reducir (por ejemplo, odontólogos, oftalmólogos, fisioterapeutas, respecto de aquella parte de la plantilla que no atienda los servicios requeridos por Sanidad…)”, detallan en el Ministerio.
Prórroga a la prioridad de teletrabajo
El decreto regula también una prórroga de la prioridad del teletrabajo durante dos meses más. Una de las máximas del Gobierno en esta crisis, además de potenciar los ERTE, ha sido que se mantenga la actividad productiva cuando sea posible a través del teletrabajo. Por ello, decretó el 17 de marzo el “carácter preferente” del trabajo a distancia siempre que fuera posible. Estas medidas que permitan mantener la actividad “deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad”, decía el decreto.
El decreto del 17 de marzo regulaba que las medidas tenían una vigencia de “hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma”, salvo que se dijera lo contrario (algo que no ocurría en este punto). Por lo tanto, el decreto aprobado este martes da otros dos meses más a la orden de prioridad del teletrabajo.
Prórroga de las opciones para conciliar
Se prorrogan también por dos meses más los derechos de adaptación del horario y la modalidad de trabajo y de la reducción de jornada (de hasta un 10%) para cuidar a personas dependientes en esta crisis del coronavirus, el denominado “Plan MECUIDA”. La medida se aprobó también en el decreto de medidas laborales del pasado 17 de marzo y tenía como objetivo reaccionar al cierre de centros educativos y otros servicios para personas mayores.
Aquí se puede consultar la letra pequeña de estos derechos de conciliación durante la crisis de la COVID-19, en qué consisten y quiénes se pueden acoger. Algunos colectivos, como las familias monoparentales, han pedido complementar estos derechos con alguna prestación o ayuda directa a las familias, porque cuando se reducen las jornadas, por ejemplo, la persona trabajadora lo hace a costa de reducir el salario.
Del mismo modo que en el caso anterior, la medida tenía vigencia hasta un mes después del estado de alarma, al que ahora se añaden dos meses más.
Más protección para fijos discontinuos
Fuentes de Trabajo explican que se habilita también “una mayor protección para los trabajadores que tienen un contrato fijo discontinuo”, para que puedan incorporarse a los ERTE y que puedan percibir prestaciones por desempleo aún cuando hubiesen agotado su derecho a cobrarlo. Es el caso, explican, “de muchos empleos asociados a las actividades de temporada que empiezan ya en esta época y que trabajan sólo unos meses del año”, especialmente, en el turismo.
Para estos trabajadores fijos discontinuos ya se reguló que tendrían derecho a esta prestación de 90 días, independientemente de que hubieran consumido su desempleo o tuviesen el mínimo cotizado, pero se habían detectado problemas de acceso a la prestación. Aunque no explican la letra pequeña, en Trabajo explican que lo aprobado hoy permite “más supuestos” para que estos trabajadores se beneficien de esta ayuda.
“Refuerzo” de la Inspección de Trabajo
También “se refuerzan los mecanismos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para perseguir aquellos ERTE que puedan resultar fraudulentos”, añaden en Trabajo, que apuntan que se “intensifican los mecanismos de control y sanción para evitar casos de fraude en una situación de crisis sanitaria”. La ministra Yolanda Díaz ya ha afirmado que, pasada la emergencia sanitaria, se revisarán “uno a uno” todos los ERTE aprobados. Por el momento, rondan los 500.000 y afectan a unos cuatro millones de trabajadores.
Como han denunciado trabajadores y sindicatos, hay empresas que están cometiendo fraudes en los ERTE, por ejemplo, haciendo a los empleados trabajar pese a haber suspendido sus contratos o reducidos sus jornadas en uno de estos expedientes.
Medidas específicas para las cooperativas
“Se permite que, durante la crisis sanitaria, las cooperativas flexibilicen los fondos cooperativos poder hacer frente a las dificultades de funcionamiento originadas por el virus”, explican en Trabajo.
También se desarrollan la “flexibilización de la exigencias de constitución y funcionamiento de las sociedades laborales”, añaden en el Ministerio.