El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con el objetivo de recuperar este organismo eliminado en 2013 al ser fusionado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En rueda de prensa, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha enmarcado la medida en el proceso de transformación y descarbonización de la economía y el sistema energético. Ha confiado en que la ley esté en el BOE “antes de fin de año”, por lo que el organismo se pondría en marcha ya en 2025. Ribera ha explicado que en la UE “hay 24 reguladores independientes de energía a nivel europeo” y la inmensa mayoría no están integrados en otros organismos, como sucede en España.
El texto, ha indicado, incluye una actualización de las funciones de la CNE, un “reforzamiento de sus medios” y la puesta en marcha de un fondo específico sin personalidad jurídica propia que se encargará de la liquidación de los costes regulados de los sistemas eléctrico y gasista. Este fondo, ha explicado Ribera, se ha creado a petición de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
El nuevo organismo “debe favorecer” en sus decisiones regulatorias el “objetivo común” europeo de la descarbonización y “asume funciones regulatorias”, la función “consultiva” que ya tenía la CNMC sobre las propuestas legislativas relacionadas con la energía, de asesoramiento y resolución de conflictos entre operadores y “ve reforzadas sus funciones de inspección”.
La CNE estará adscrita al ministerio de Ribera. Ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el Consejo y el Presidente, cuyos nombramientos podrá vetar el Congreso. De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.
El Consejo será el órgano colegiado de decisión que nombrará al vicepresidente, aprobará el anteproyecto de presupuestos internos, la memoria anual y los planes de actuación, el reglamento de funcionamiento interno… Estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
El Gobierno aprobará mediante Real Decreto el Estatuto Orgánico de la CNE, que definirá las funciones y estructura interna de la Secretaría del Consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad.
El texto, que el Ejecutivo espera tramitar por la vía de urgencia para que esté en vigor “cuanto antes”, va a salir ahora a audiencia pública para comentarios, antes de remitir el proyecto de ley al Congreso de los Diputados.
La CNE será una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica propia, autonomía orgánica y funcional, “y plena independencia del Gobierno, las Administraciones Públicas y el mercado”, según el departamento de Ribera. Deberá estar plenamente constituida y operativa en un plazo máximo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación.
Transición Ecológica explica que, en línea con lo que ocurre en muchos de los principales países de nuestro entorno, “el restablecimiento de una CNE de naturaleza independiente, con objetivos, funciones, estructura y presupuesto propio, resulta fundamental para hacer frente a la bifurcación de las funciones de los reguladores energéticos, que afrontan el reto de garantizar el cumplimiento de la senda de descarbonización”.
Esta integración de la descarbonización entre los objetivos de la CNE “se puede traducir, por ejemplo, en que a la hora de establecer la metodología de retribución de las redes eléctricas se incluyan incentivos para las distribuidoras que tramiten rápidamente los expedientes de conexión de nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos o nuevos sistemas de autoconsumo, así como penalizaciones para las que mantengan plazos temporalmente dilatados”.
La CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. También ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo.
En el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al MITECO, mientras que éste resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas.
La CNE fue el regulador especializado en el sector energético hasta 2013, cuando el Gobierno del PP decidió fusionar este organismo junto a otros como el regulador de las telecomunicaciones, la extinta CMT, en una medida que se inspiró en un informe encargado por Telefónica y que según muchos estudios fue muy perjudicial para el buen funcionamiento de la competencia en España.
Comercio de emisiones
El texto se ha aprobado junto a otro anteproyecto de ley que también se va a tramitar de urgencia e introduce cambios en el sistema español de comercio de derechos de emisión. Según ha explicado Ribera, introduce las emisiones del transporte marítimo a partir de este año (hasta ahora estaba exento) y una “revisión” de la aplicación de este sistema al sector de la aviación, que debe contar con “respaldo” para reducir sus emisiones de la aviación civil internacional utilizando combustibles sintéticos o biocombustibles.
Además, se incluye la posibilidad de incluir el ajuste en frontera en este mercado fuera de la UE para evitar el “dumping ambiental con menos control”. Y por primera vez los proveedores energéticos de movilidad terrestre y edificios deberán monitorizar sus emisiones para su inclusión en este esquema “a partir de 2027”.
La recuperación de la CNE estaba recogida en el acuerdo de gobierno que el PSOE y Sumar rubricaron el pasado octubre. El documento prometía crear “un organismo regulador especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática. También se reforzarán sus capacidades de inspección y seguimiento del cumplimiento de la normativa energética por parte del conjunto de actores”.
Para “limitar la excesiva concentración empresarial y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas”, se impulsará una revisión de la Ley de Defensa de la Competencia, de 2007, y la de Ley de creación de la CNMC, de 2013. Además, “se dotará de más medios a los organismos reguladores para que puedan llevar a cabo correctamente su tarea de supervisión”.