El Gobierno veta la ley de la oposición contra el 'impuesto al sol' porque el Estado perdería 162 millones

El Gobierno ha comunicado al Congreso su rechazo a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley sobre autoconsumo energético con la que la oposición pretendía poner fin al llamado 'impuesto al sol', un veto que se justifica en que su puesta en marcha supondría una merma en la recaudación de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que provocaría la consecuente reducción de los peajes eléctricos (la parte regulada del recibo de la luz).

La proposición de ley, registrada a finales del pasado mes de enero por el PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, PNV, Esquerra Republicana y y todos los partidos del Grupo Mixto a excepción de Foro Asturias, trataba de fomentar el autoconsumo energético, eliminando todo peaje al consumo de energía producida, posibilitando que varios grupos compartieran instalación y eliminando la obligación de obtener un punto de conexión.

Conforme a lo previsto en la Constitución, la iniciativa legislativa se envió al Gobierno para que diera su conformidad a la tramitación parlamentaria y la respuesta acaba de llegar al Congreso con un nuevo escrito de veto, el vigésimo cuarto que registra en lo que va de legislatura.

El escrito concluye que legalizar el autoconsumo energético conllevaría una menor recaudación tributaria y una disminución de ingresos por peajes que inevitablemente provocaría un incremento de las aportaciones que desde los Presupuestos Generales del Estado se realizan al sistema eléctrico.

Un 2% del total

Tomando cifras del sector, el Gobierno relata que el autoconsumo representa el 2% del volumen total, lo que supone 220 millones que no se negociarían en el mercado regulado, y detalla que sin ellos se produciría una merma de 74 millones en la recaudación fiscal entre el impuesto de generación (15 millones), el impuesto especial de electricidad (11 millones) o el IVA (48 millones).

Asimismo, el Gobierno estima que retirar el 2% de la generación del 'pool' energético equivaldría a reducir el precio de la electricidad y recaudar otros 74 millones de euros menos. Del mismo modo, el sistema de peajes se recortaría en 50 millones, lo que a su vez supondría una merma en la recaudación de otros 14 millones y un gasto adicional de otros 10 millones de euros de los Presupuestos para compensar el déficit en el sistema eléctrico.

Respecto a las medidas contempladas en la iniciativa para producir energía, el Gobierno recalca que “la seguridad de la red exige conocer la ubicación de los autogeneradores”, por lo que considera “imprescindible” contar con un registro administrativo de instalaciones.

Igualmente, señala que además de los consecuentes costes presupuestarios, los costes advertidos sobre el sistema eléctrico generarían nuevos déficits de tarifa, y que la ausencia de peajes y cargos generarían “una situación de inestabilidad”.

Compensar este déficit de ingresos “implicaría necesariamente”, advierte, “una subida de peajes que afectaría todos los consumidores, principalmente a aquellos que no autogeneran y a los consumidores vulnerables”.

“Esta situación es injusta y regresiva, ya que favorece a aquellos consumidores con mayor poder adquisitivo que pueden hacer frente al coste de instalación que supone autogenerar su energía”, apostilla a renglón seguido.

También sostiene que la eliminación del registro del autoconsumo, como proponía la iniciativa, “tendría impacto en la seguridad del sistema eléctrico”.

Por último, el Gobierno concluye aseverando que “el autoconsumo no es una medida ni de ahorro ni de eficiencia energética, por lo que no es correcto equipararlo con ambos conceptos”. “Es evidente que el consumo del autoconsumidor, es el mismo tanto si la energía proviene de la red, como si la genera él mismo”, defiende.

Asimismo, considera que el marco vigente es “estable” y “no supone ninguna barrera al autoconsumo, ni desde el punto de vista técnico, administrativo o económico”.