El Gobierno pacta con Bildu mantener la subida de las pensiones no contributivas y el límite a los incrementos del alquiler

El Gobierno de coalición avanza en la construcción de la mayoría que deberá aprobar este jueves la primera versión de lo Presupuestos Generales de 2023, y ya tiene asegurados los 176 votos que garantizarán pasar este trámite y continuar en el Senado. Si el lunes fue el PNV quien confirmó su voto favorable, este martes lo han hecho EH Bildu y PDeCAT. ERC también ha mostrado su predisposición al sí, pero su decisión ya no es clave. En los últimos días han sido Más País, Compromís, Teruel Existe o el PRC quienes han anunciado su intención de apoyar las cuentas del año que viene, por lo que el Ejecutivo se ha garantizado la mayoría absoluta.

El partido que lidera Arnaldo Otegi ha confirmado en una nota de prensa su apoyo a las cuentas públicas del año que viene tras haber alcanzado un acuerdo global con el PSOE y Unidas Podemos que, entre otros puntos, prorrogará durante todo 2023 el límite del 2% para la actualización de las rentas de alquiler y la subida del 15% de las pensiones no contributivas, y que avanzará en cuestiones de Memoria Histórica y autogobierno vasco. Por su parte, el grupo catalán ha afirmado su apoyo en este trámite, pero ha advertido de que intentará seguir modificando el proyecto en el Senado.

El límite de los alquileres y la subida de las pensiones no contributivas son medidas incluidas en los reales decretos aprobados este año para amortiguar los efectos en los hogares de la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Su vigencia tenía fecha de caducidad: el 31 de diciembre de este año. La ampliación de su vigencia estaba pendiente de la negociación parlamentaria.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha celebrado el pacto con el Ejecutivo como “un buen acuerdo”, según ha dicho en declaraciones a los medios en la Cámara Baja, “en beneficio de vascos y vascas, y también de las clases populares y trabajadoras del Estado”. 

Aizpurua ha detallado algunas de las medidas acordadas, como la prórroga al alza de las pensiones no contributivas y del límites a las subidas del alquiler, aunque ha añadido que “en las últimas horas” el grupo parlamentario confía en cerrar algunos “flecos” con un segundo paquete de medidas con inversiones para Euskadi.

EH Bildu ha celebrado que se mantenga “un año más” el incremento del 15% de las pensiones no contributivas, “lo que supone mantener subida de 70 euros mensuales de media que vienen percibiendo las más de 400.000 personas pensionistas que las reciben, especialmente mujeres”, ha explicado Mertxe Aizpurua.

También se ha acordado presupuestar “12 millones de euros adicionales para los afectados y las afectadas de la talidomida”, ha añadido la parlamentaria vasca. En materia de Memoria, se ha acordado crear un Memorial del 3 de Marzo por las víctimas de los sucesos de Vitoria de 1976, y en lo relativo al autogobierno el Ejecutivo se ha comprometido a transferir la competencia de Tráfico a Navarra antes del 31 de marzo. Adicionalmente, el grupo vasco ha acordado incrementar en 12 millones de euros las prestaciones sociales destinados a los afectados por la talidomida, incorporar 200 nuevas plazas MIR --hasta un total de 1.200 plazas adicionales en 2023--.

Acuerdo con el PDeCat

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Ferran Bel, había anunciado previamente el apoyo de los cuatro diputados de su partido al proyectos de presupuestos tras haber acordado con PSOE y Podemos la gratuidad de todas las líneas de autobuses concesionadas por el Estado durante 2023 e introducir 86 enmiendas en ámbitos económicos, culturales, deportivos o sociales.

En una rueda de prensa paralela a la segunda jornada plenaria de los presupuestos, Bel ha explicado que en lo referente al acuerdo de autobuses, este abarca tanto las líneas concesionadas por el Estado como las paradas de estas. Es decir, que en un trayecto Madrid-Barcelona concesionado por el Estado no solo será gratis el trayecto completo, sino también los trayectos entre paradas intermedias.

Según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a principios de 2022 la red contaba con un total de 4.088 paradas que se encuentran repartidas entre 2.399 poblaciones pertenecientes a 1.837 municipios de la geografía nacional. La longitud total de líneas es de 68.861 kilómetros, con una media de 894,3 kilómetros por concesión. Según ha detallado el diputado catalán, la apuesta por la gratuidad de estas líneas tendrá un coste alrededor de 30 millones de euros.

ERC apura la negociación

Este martes también se ha pronunciado ERC, que todavía mantiene abierta la negociación aunque sus votos ya no son imprescindibles para pasar la votación del jueves. El partido de Oriol Junqueras ha expuesto en una nota de prensa los acuerdos alcanzados con el Gobierno hasta ahora, aunque de momento no garantizan su apoyo.

En una nota de prensa, ERC informa de que han acordado “varias enmiendas transaccionales” con el PSOE y Unidas Podemos que se incorporarán al proyecto. “Entre ellas”, dice la nota, “el establecimiento de un mecanismo para garantizar que se ejecutan las inversiones del Estado en Cataluña”. Según este pacto, el Gobierno “transferirá a la Generalitat los fondos para realizar obras en infraestructuras claves en Catalunya en el ámbito ferroviario y de carreteras, por un valor total de cerca de 900 millones de euros”.

Entre los convenios firmados, según ERC, hay 384 millones de euros para mejorar la Nacional II, mejorar la conectividad de la AP2 y la AP7 (hasta 250 millones de euros), la ejecución del Eje Pirenaico (260 millones de euros) y la construcción de intercambiadores entre la red ferroviaria de titularidad estatal y la de la Generalitat.

Con todo, el acuerdo “no es definitivo”, según ERC. “queda camino para recorrer desde la óptica de la negociación durante los próximos días”, afirma la nota de prensa, que presume de otros acuerdos: 40 millones de euros a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, 60 millones de euros para el Catalunya Media City, 7 millones de euros para la investigación científica, o 43 millones de euros para actuaciones de transición energética en edificios de los Mossos d'Esquadra y la renovación de su parque móvil.

En ERC, eso sí, asumen que el proyecto de los Presupuestos de 2023 pasará la votación: “Durante toda esta semana está prevista la votación de la Ley de PGE en el Congreso, que continuará su trámite en el Senado durante el mes de diciembre. En el caso de ser incorporadas nuevas enmiendas en la Cámara Alta, estas tendrán que ser ratificadas finalmente en una nueva sesión plenaria en el Congreso”.