El Gobierno prepara una oferta de empleo público en la Administración General del Estado para ser aprobada antes de las elecciones del 28 de abril, según ha confirmado este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
“Que los servicios públicos no se queden vacantes justifica una oferta de empleo público que permita la renovación de aquellas personas que se han jubilado o que han pasado a situación de invalidez. Si no, los servicios se quedarían al descubierto por un tiempo indefinido”, ha dicho la ministra en un encuentro informativo organizado por Europa Press.
No ha querido adelantar la ministra el número de plazas que se convocarían en esta oferta de empleo público de 2019, ya que están negociándose con los agentes sociales. Según adelantó El Periódico la semana pasada, en Función Pública no se descarta que pueda ser aún ligeramente superior a del pasado (más de 33.000 plazas).
Fuentes de CCOO consultadas explican que las plazas que se incluirían en este real decreto corresponden a la Oferta de Empleo Público para 2019 en la Administración General del Estado, que estaba previsto aprobar en mayo pero que, al no tener Presupuestos Generales del Estado, dijeron que se empezaría a negociar a mediados de marzo con los parámetros de tasa de reposición de 2018.
Por su parte, fuentes de UGT recuerdan que han venido denunciando el envejecimiento de la plantilla de la administración central, con del 60% del personal por encima de los 50 años. Su deseo sería que las ofertas públicas de empleo no fueran anuales, sino plurianuales, enmarcadas en un plan global de recursos humanos, para evitar déficit en algunos servicios, algo que podría haber recogido el Gobierno, opinan.
CSIF destaca que la plantilla de la Administración General del Estado cuenta con 201.030 efectivos, su mínimo histórico desde 2002. A su juicio, es preciso reforzar Instituciones Penitenciarias (1.500 plazas), Seguridad Social y Servicios de Empleo Público (tienen un déficit de 5.000 plazas entre ambos organismos); así como la Agencia Tributaria (otras 4.000 plazas). Además, reclaman ampliar hasta 6.500 las plazas de promoción interna, incluir a los secretarios en interventores con habilitación nacional en el proceso de estabilización (unas 500 plazas).
En paralelo, se está negociando el convenio único en la AGE para personal laboral, con un régimen distinto al de los funcionarios, que también podría aprobarse antes de las elecciones, y que afecta a 35.000 personas. Entre otras cosas, UGT reclama un salario mínimo de 1.150 euros.
Consejos de Ministros cargados de medidas
Montero también ha confirmado que se está negociado un nuevo decreto de vivienda y que se está estudiando la actualización de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas por decreto. “Todos los Consejos de Ministros que quedan de la presente legislatura van a estar cargados de medidas”, ha recalcado.
Ha explicado que estas nuevas medidas sociales y laborales no se sufragarán con subidas de impuestos, ya que los ingresos fiscales “no se pueden regular vía decretos ley”, sino que se costearán gracias a algunas de las medidas aprobadas en el ámbito de la Seguridad Social antes de la presentación de los Presupuestos, como los mayores recursos derivados del alza del Salario Mínimo y del aumento de la cotización social máxima.
Montero ha asegurado que estos reales decretos se pueden convalidar en la Diputación Permanente del Congreso porque el reglamento de la Cámara Baja así lo contempla, y ha justificado su aprobación mediante decretos asegurando que todas las medidas son de “extraordinaria necesidad y urgentes”.
Por el contrario, ha descartado que se pueda aumentar mediante decretos el aumento de becas, la eliminación del copago farmacéutico y la reforma de las pensiones, ya que considera que va a ser “difícil” recuperar el consenso del Pacto de Toledo antes de las elecciones.