El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. Este primer bloque de cambios, fruto del acuerdo del Gobierno con los sindicatos y los empresarios en el diálogo social, ya fue aprobado como anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros a principios de julio y ahora pasa su “segunda vuelta” antes de ser enviado al Parlamento, como exige el procedimiento.
La legislación suprime los aspectos centrales de la reforma de pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25%, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional”, que aún debe negociarse. Las pensiones volverán a actualizarse anualmente según los precios, el IPC.
La otra línea fundamental de este primer bloque de medidas de la “reforma Escrivá” se basa en desplegar incentivos para retrasar la edad efectiva a la que se jubila la población, ya sea para retrasar aunque sea un par de meses las jubilaciones anticipadas voluntarias, así como premiando más económicamente a los trabajadores y trabajadoras que opten por seguir en sus puestos más allá de la edad legal de jubilación.
Además, el acuerdo de pensiones incluyó algunos compromisos de calado. Se estableció un plazo de “seis meses” para equiparar el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y los matrimonios y recoge también que “en tres meses” todos los becarios, cobren o no por sus prácticas, deben estar cotizando a la Seguridad Social.
Negociación del mecanismo de equidad intergeneracional
Cuando el Gobierno apruebe en segunda vuelta la reforma de las pensiones, esta pasará a su siguiente fase: la tramitación parlamentaria. La legislación tiene que estar aprobada antes de terminar el año, según el compromiso adquirido por el Ejecutivo en Bruselas dentro del Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia. La reforma de pensiones está estructurada en varias fases hasta finales de 2022, según el calendario prometido a la Comisión.
En paralelo a la tramitación parlamentaria, el Ministerio de la Seguridad Social acordó con los sindicatos y los empresarios negociar el “mecanismo de equidad intergeneracional” que sustituirá al factor de sostenibilidad. El plazo de tiempo fijado en el acuerdo social de pensiones da de margen hasta el 15 de noviembre para diseñar esta nueva herramienta, con la intención de incorporarlo al proyecto de ley del primer bloque de cambios mediante una enmienda en el proceso de tramitación parlamentaria.
De momento no ha comenzado la negociación de este mecanismo, que estuvo marcado por la polémica por unas declaraciones del ministro José Luis Escrivá que apuntaban que podría suponer que los baby boomers tuvieran que elegir entre un “pequeño recorte” en su pensión o trabajar más antes de jubilarse. El responsable de la Seguridad Social rectificó y aseguró que solo se trataba de “reflexiones”.
En caso de no alcanzarse un acuerdo en el marco del diálogo social sobre este elemento, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma.
Por su parte, el Pacto de Toledo se prevé que aborde a partir de septiembre el informe que envió el Ministerio de la Seguridad Social sobre la jubilación anticipada en las largas carreras de cotización. El Ministerio que dirige Escrivá se opone a despenalizar el retiro anticipado de los trabajadores con 40 años cotizados, una reclamación de colectivos como Asjubi40.