El Gobierno propone una subida del 2% en el salario de los funcionarios

La Secretaría de Estado de Función Pública ha propuesto a los sindicatos una subida salarial del 2% para el próximo año durante una reunión mantenida este martes, según confirman fuentes de la negociación. El encuentro se ha producido entre malestar en los sindicatos por las formas y por tratarse no de una negociación sino de una política de hechos consumados. CCOO, sindicato mayoritario en la mesa ya anunció este lunes que no acudiría.

Fuentes del Ministerio de Hacienda y Función Pública apuntan a este medio que la subida del 2% se sitúa en línea con la evolución de precios y reivindican que desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, en 2018, los trabajadores públicos han registrado una ganancia de poder adquisitivo. Sin embargo, los sindicatos mantienen que la subida no permite cubrir la subida de la inflación que se está viviendo este curso.

El Ministerio ha planteado en la mesa también de que los Presupuestos del año 2022 incluirán una reposición del 110% como tasa general, del 120% para sectores prioritarios como sanidad, educación o ciencia y para entidades que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del año pasado. La reposición sube al 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las locales.

La reunión que se ha mantenido este martes es un paso previo obligado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Se espera que las nuevas cuentas se presenten en los próximos días, tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos, y contemplarán una subida salarial para los funcionarios superior a la del pasado curso, que fue del 0,9%, pero por debajo de los niveles que está marcando el IPC en los últimos meses, que ronda el 4%. Los sindicatos habían reclamado la búsqueda de alternativas para evitar una pérdida de poder adquisitivo del colectivo.

Los distintos sindicatos habían reclamado desde hace semanas esta reunión para fijar la hoja de ruta para el colectivo. Sin embargo, fuentes de UGT señalan que la propuesta que ha puesto sobre la mesa el Gobierno es insuficiente y no cumple con un plan que contemplase lo que queda de legislatura, con el fin de dar una mayor certidumbre a la evolución de los salarios públicos. “Las empleadas y los empleados públicos no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo y un 2% nos condenaría un año más a sufrir mermas en nuestra capacidad de compra”, ha apuntado Isabel Araque, secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos tras la reunión.

Desde CSIF, también presentes en el encuentro, se ha rechazado también la medida al considerar que no compensa la inflación y “no está a la altura” de los esfuerzos que han hecho los empleados públicos durante la pandemia. Este sindicato había planteado una compensación de la inflación más un punto y medio, para recuperar parte de la pérdida de poder adquisitivo del pasado.

CCOO comunicó este lunes que que no acudiría en esta mesa como respuesta al “desprecio del Gobierno”, que informó de esta reunión “a última hora de la mañana” y sin presentar “ningún tipo de documentación” a las partes. El sindicato considera esta convocatoria como “una farsa de negociación” y sostiene que el Ejecutivo llegará a la cita con “una decisión inamovible” sobre las reivindicaciones de los trabajadores de las Administraciones Públicas.

No es el único desencuentro que han tenido en las últimas semanas los sindicatos y Función Pública. Desde el pasado viernes, los trabajadores de la Administración General del Estado, unos 230.000, volvieron a la oficina tras el fin de las medidas de teletrabajo impuestas durante la pandemia, que en los casos en los que era posible contemplaban hasta cuatro días a distancia y uno en la oficina cada semana. Una orden del Ministerio fijó que desde el 1 de octubre fuera de un día semanal a distancia, salvo para trabajadores inmunodeprimidos o en tratamiento frente al cáncer. Los distintos sindicatos rechazaron esta medida al recordar que en primavera se fijó con Función Pública, entonces bajo las órdenes de Miquel Iceta, un plan que incluía tres días en teletrabajo y dos en presencial, siempre que el puesto lo permitiera.