El Gobierno ha vetado la proposición de ley de medidas para fomentar el alquiler de vivienda del PSOE, que proponía volver a los contratos de alquiler de cinco años, ofrecer desgravaciones fiscales para arrendadores y arrendatarios y limitar la subida de los alquileres a la evolución del IPC. La Secretaria de Ordenación Territorial y Políticas Públicas de Vivienda, Beatriz Corredor, ha lamentado que el Gobierno haya ejercido su prerrogativa de veto ya que demuestra “una insensibilidad total con un problema que toda la ciudadanía ve acuciante, una cuestión donde la sociedad es consciente de que se están disparando los precios, especialmente en las grandes ciudades”.
La dirigente socialista ha destacado que “la proposición socialista, registrada el 15 de marzo, es una reforma integral, no sólo de la Ley de Arrendamientos Urbanos, sino además de la Ley del Suelo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con diferentes medidas de incentivo fiscal tanto para arrendadores como para arrendatarios”.
“Es una proposición que buscaba proteger al inquilino a la vez que incentivaba al arrendador, movilizando la oferta de alquiler para reducir los precios, terminando con los efectos perniciosos de la reforma del PP de 2013 y buscando que la regulación del mercado de alquiler se adaptase a las necesidades de la sociedad”, ha señalado Corredor.
Corredor ha mostrado su disconformidad con los argumentos empleados por el Ejecutivo para vetar la proposición del PSOE: “parece que han elaborado un veto deprisa y corriendo, en el último día de plazo y sin leerse la proposición, ya que han aportado cifras que se basan en el actual sistema de beneficios fiscales y no en el que propone la medida vetada. Así han engordado el coste de las medidas sobre bases erróneas, lo que hace que, a lo desacertado del veto, se sume la falacia de los argumentos empleados por el Ejecutivo”.
La propuesta del PSOE buscaba sacar al mercado una buena parte del parque de vivienda vacía mediante un sistema público de precios de alquiler de referencia por distritos (o barrios). Los propietarios se podían beneficiar de hasta un 60% de reducción en el IRPF del alquiler. La desgravación llegaba al 100% si además alquila la vivienda a jóvenes de entre 18 y 30 años con ingresos bajos.