El Gobierno renuncia a cumplir el programa del PSOE y plantea retrasar el apagón nuclear hasta 2036
El Gobierno ha planteado este lunes a Iberdrola, Endesa y Naturgy abordar un cierre escalonado de las centrales nucleares entre 2025 y 2035 o, como muy tarde, 2036, según confirman fuentes conocedoras del encuentro que han mantenido esta mañana la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y los ejecutivos de las tres grandes eléctricas.
En dicho encuentro, el ministerio, que no comenta este asunto, ha planteado consensuar con las empresas un cierre de las nucleares no por bloques de energía, como hasta ahora, sino con un calendario concreto de instalaciones y fechas de cierre que, en última instancia, necesitaría del visto bueno de Enresa, encargada del desmantelamiento de las plantas y de la gestión de sus residuos radiactivos.
Esta empresa pública tendría que evaluar si el calendario de cierre es viable desde el punto de vista técnico y financiero, como responsable del fondo que financia esas operaciones, cuya dotación tiene algo más de 5.000 millones, una cifra insuficiente para cubrir la clausura simultánea de todo el parque nuclear.
Ante el difícil equilibrio entre cumplir con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, garantizar el suministro eléctrico y abordar un apagón nuclear sostenible desde el punto de vista financiero, la propuesta del ministerio de fijar la senda de cierre de las nucleares entre 2025 y 2036 supondría incumplir el programa electoral del PSOE, que abogaba por cerrar las nucleares a los 40 años, y que la propia Ribera asumió tras su nombramiento por “convicción”.
La central más antigua en funcionamiento, Almaraz, cumplirá los 40 años en 2023, en el caso de su primer reactor, y en 2024, en el caso del segundo. La más moderna, Trillo (Guadalajara), echaría el cierre con 47 o 48 años si se desconectara de la red en 2035 o 2036.
En la reunión de esta mañana, celebrada de cara a la remisión a la Comisión Europea del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Gobierno tiene pendiente enviar a Bruselas desde hace semanas, no se ha alcanzado ningún acuerdo concreto, pero sí se han registrado “avances”, tras la entrada en escena del Ministerio para tutelar los desencuentros entre esas tres empresas con respecto a Almaraz, sobre cuyo cierre o eventual prórroga tienen que tomar una decisión las compañías antes del 31 de marzo.
El accionariado de Almaraz se reparte entre Iberdrola (53%), Endesa (36%) y Naturgy (11%), pero al tratarse de una agrupación de interés económico (AIE), las decisiones tienen que tomarse por unanimidad. Iberdrola y Naturgy son partidarias de que la planta extremeña solo opere cuatro años más, cuando cumplirá los 40 años de vida útil. Endesa quiere que lo haga, como el resto de nucleares, hasta los 50 años.
En la reunión se ha puesto sobre la mesa un cambio normativo para permitir que las centrales nucleares en las que participan varias eléctricas a través de las citadas agrupaciones de interés económico, como es el caso de Almaraz, no tengan que tomar sus decisiones por unanimidad, como ahora, sino por una mayoría “razonable”, para evitar el bloqueo actual respecto a Almaraz.
Los tres socios de la central extremeña tienen convocada una junta extraordinaria para mañana que formalmente es dudoso que se desconvoque, aunque todo apunta a que el encuentro finalmente no se celebrará.
