El Gobierno español se replantea el impuesto creado para gravar temporalmente los beneficios extraordinarios logrados por las energéticas por el incremento de los precios de la energía, porque hay que ver si se siguen produciendo y porque hay que tener en cuenta las grandes inversiones que requiere la transición energética.
“Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, ha dicho a EFE la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Además de identificar beneficios extraordinarios, hay que ser conscientes de que “es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético” y que cuanto antes se logre hacer esa transición, “más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía”, ha dicho.
“Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir” para evitar que “unos ganen mucho” y todos paguen más. “Y cómo puede usted -compañía energética- asegurar que mantiene o acrecienta esa reinversión”.
“Estamos analizando cuáles son las referencias fácticas, cuáles son las necesidades y cuál es la mejor manera técnicamente de resolver este asunto”, ha señalado, siempre con la vista puesta en que el cambio sea un proceso ágil pero también “justo” desde el punto de vista de “reparto de beneficios y costes”.
El cambio de posición del Gobierno tiene lugar tras las reiteradas amenazas del presidente de Repsol, Antonio Brufau, que avisó de que si no hay “estabilidad jurídica y fiscal” en España, las inversiones por 1.500 millones de euros que la energética prevé llevar a cabo en el país para impulsar el hidrógeno renovable se irán a “Portugal o a Francia”.
La ampliación en el tiempo del impuesto especial sobre las compañías energéticas y la banca está en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar: “Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”, se puede leer en el acuerdo.
Cada euro invertido en transición energética, en eficiencia, en renovables o en descarbonización del sistema es un coste en el que no se incurrirá mañana “y son reducciones de importaciones en la balanza comercial, son beneficios inmediatos” y, por lo tanto, “cuanto antes mejor”, según la vicepresidenta.
Un sistema fiscal, ha insistido, debe ser esencialmente justo y “si hay un incremento importante de los beneficios de las ganancias eso requiere una reacción”.
En relación a la posibilidad de ampliar las medidas aprobadas para paliar los efectos de la crisis energética sobre las familias que vencen a fin de año, Ribera ha considerado “capital” garantizar la cobertura de los consumidores más vulnerables por renta.
En lo que respecta al resto de ciudadanos al que se ampliaron las ayudas (clase media), habrá que ver si las medidas “tienen todas sentido o si hay aspectos que se pueden ir modulando”. “Ese es un ejercicio que estamos haciendo a nivel técnico entre los distintos ministerios”, ha añadido.