La reforma de las pensiones del Gobierno de coalición está en el horno del diálogo social, con la negociación abierta entre el ministerio que dirige José Luis Escrivá, los sindicatos y los empresarios. En paralelo, todavía sigue vivo el Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, donde esperan aún el estudio que la Seguridad Social tiene que presentar sobre la jubilación anticipada y sus efectos para las personas con largas carreras de cotización. La comisión parlamentaria dio tres meses al Ejecutivo para dar “una respuesta” a este tema, pero el plazo se cumplió en febrero y el Gobierno aún no la ha presentado.
El objetivo del estudio es resolver lo que el propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, los sindicatos y todos los grupos políticos del Pacto de Toledo han considerado “un problema” o “una situación intrínsecamente injusta”, en palabras de Escrivá. Se trata de las penalizaciones de la jubilación anticipada en los casos de personas que con carreras laborales especialmente largas, más frecuentes en el pasado, con 40 o más años de cotización.
Con la pasada crisis económica, muchas personas de avanzada edad fueron expulsadas del mercado laboral y acabaron jubilándose de manera anticipada. Sus pensiones quedaron penalizadas, fruto de los coeficientes reductores que se aplican en la jubilación anticipada, pese a que en muchos casos acumularon larguísimas carreras de cotización y habían contribuido durante muchos años a la Seguridad Social.
En asociaciones como ASJUBI40 reclaman que se eliminen las penalizaciones en aquellos casos en que la persona haya cotizado 40 o más años. Desde el colectivo insisten en que es “una injusticia” que se debe resolver lo antes posible, especialmente ahora que el Gobierno se propone endurecer la jubilación anticipada. “No es justo que se penalice a gente que ha cotizado 40, 45 o 47 años, como es mi caso. A los que más hemos aportado, porque nos hayamos jubilado unos años antes”, destaca Santiago Menchero, portavoz de ASJUBI40.
La asociación propone que los coeficientes reductores solo se apliquen en los años previos a la edad legal de jubilación, pero que a partir de entonces los jubilados con estas largas carreras laborales perciban el 100% de su pensión. En ASJUBI40 recuerdan que este problema se está demorando desde hace años mientras que todos los partidos aseguran estar a favor de acordar una solución al respecto. “También lo dicen las Comunidades Autónomas, pero luego el Gobierno no las aprueba”, critica Menchero.
El Gobierno considera que aún está en plazo
El Pacto de Toledo aprobó tras casi cinco años de reuniones sus 22 recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones, que fueron respaldadas por una amplísima mayoría en el Pleno del Congreso el pasado 19 de noviembre. En la recomendación número 12, sobre la edad de jubilación, la comisión parlamentaria incluyó una tarea para el Gobierno: que analizara “los costes financieros y la equidad” de los coeficientes reductores que se aplican en la jubilación anticipada, “poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma —voluntaria o forzada por las circunstancias—, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación” y que en “el plazo máximo de 3 meses” presentara “una respuesta” a este tema ante la Comisión a partir de este análisis.
Fuentes del Pacto de Toledo indican a elDiario.es que aún no tienen noticia del informe ni de la solución que propone el Ministerio al respecto. La mesa de portavoces de la comisión se reunió la semana pasada y varios grupos reclamaron la comparecencia del ministro, que se espera para el próximo 12 de abril.
En el Ministerio que dirige José Luis Escrivá explican a este medio que están trabajando en ello y recuerdan que “es un tema complejo, que lleva su tiempo”. En cualquier caso, en la Seguridad Social consideran que aún están en plazo para responder al Pacto de Toledo, ya que aseguran que los tres meses no comienzan desde la aprobación de las 22 recomendaciones, sino desde que el Gobierno concluya su análisis de la situación. No es lo que afirmó el ministro cuando la comisión cerró sus conclusiones. “En tres meses tendremos una respuesta”, respondió Escrivá en esta entrevista con elDiario.es.
UGT urge al Ejecutivo a presentar ya una solución
El sindicato UGT también considera que el Gobierno ha excedido el plazo para dar una respuesta a esta cuestión. La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, registró a comienzos de febrero varios escritos en el Congreso de los Diputados junto con ASJUBI40 y otros colectivos para que la presidenta del Pacto de Toledo, Madgalena Valerio, urgiera al Ejecutivo a que presentase su propuesta.
“Es necesario realizar una reforma legislativa que incorpore a la Ley General de la Seguridad Social una solución justa que repare la injusticia que vienen sufriendo los jubilados anticipados (pasados y presentes), procedentes de ERE, despidos y ceses colectivos no por voluntad ni libre demanda de los afectados, sino originados a iniciativa de las empresas”, reclamó el sindicato. “Hay que tener en cuenta que el 81% de estas personas que se se prejubilan proceden del desempleo, por lo que ven recortada su pensión hasta el 40%”, añade UGT.
Santiago Menchero espera que el ministro Escrivá dé una respuesta pronto a este colectivo, tanto a los que ya se han jubilado como los que lo van a hacer en el futuro. A este segundo grupo le preocupan especialmente los planes del Ministerio para endurecer más el retiro anticipado, que espera aprobar en el último trimestre de 2021. “El ministro menciona este tema de penalizar más la jubilación anticipada en entrevistas y en sus intervenciones, pero no dice si va a afectar a la gente con menos años cotizados, a todos o a quién”, lamenta el portavoz de ASJUBI40.