La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este lunes los tres apartados del plan de recuperación enviado a Bruselas que depende de su Ministerio. Son tres apartados: reducir el fraude, adecuar la fiscalidad “al siglo XXI” y mejorar el gasto público. La principal medida que sobrevuela sobre todos los apartados que asume su gabinete es la reforma social, que ahora advierte que podría retrasarse más allá de 2023 si las previsiones de recuperación de la economía tras la pandemia se demorase más allá de las previsiones que se manejan: finales de 2022.
Montero ha defendido Bruselas “conoce y comparte” la intención del Gobierno de vincular la aplicación de la reforma fiscal en función de cuándo pueda recuperarse los niveles de PIB previos al estallido de la pandemia del coronavirus. En un principio está previsto que el próximo año Hacienda reciba el informe que está elaborando el comité de expertos presentado hace un mes. Sin embargo, no sería hasta el año 2023 cuando entrase en vigor las medidas que de él pudieran surgir. Esa fecha se vería retrasada si para finales del año que viene no ha llegado la recuperación económica prevista.
Montero ha vuelto a incidir este lunes en la necesidad de que España acometa esta reforma de su sistema fiscal para poder acercarse a la media europea de presión fiscal que, según ha señalado, se encuentra 7,7 puntos por debajo, respecto a los ingresos frente al PIB. La ministra ha situado en este contexto las medidas que están en curso para la lucha contra el fraude, la revisión de determinados beneficios fiscales y la reforma de la fiscalidad en algunos puntos donde España se sitúa por detrás de los socios comunitarios: sociedades, impuestos medioambientales, o nuevos negocios digitales, entre otros.
Para asumir esta reforma, María Jesús Montero ha defendido que, aunque “sea naif”, se debe abordar un debate con “rigor intelectual” en torno a la fiscalidad, frente a las posiciones que están asumiendo “algunas fuerzas políticas”. “Si su modelo es que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los contribuyentes, yo les digo que no todos tienen dinero en los bolsillos”, ha defendido, aludiendo a la necesidad de que la salida de esta crisis económica se haga construyendo un crecimiento “justo y sostenible” frente a las recetas de la anterior crisis que generaron “más desigualdad”. La ministra ha cargado también contra la “deslegitimación” que según ella pretende la derecha respecto a determinadas figuras impositivas.
Así, Montero defiende que el Gobierno esperará al informe del comité de expertos, con el compromiso, ha señalado, de que no suponga una subida fiscal para “las clases medias y trabajadoras”. Para el resto, ha recordado que el FMI o la administración de Joe Biden están abogando por un modelo en el que “el que más tiene más pague”, señalando que esa será la línea de la reforma fiscal. “Lo que planteamos es acercarnos a los estándares europeos”, ha señalado Montero.
La ministra ha defendido que es necesario que España mejore su presión fiscal para poder abordar situaciones como la que ha provocado esta crisis sanitaria sin necesidad de recurrir a “elevados” niveles de deuda y de déficit. Montero ha defendido, por tanto, que estas reformas son imprescindibles para poder recibir los 144.000 millones de euros de la Comisión Europea, que supone asumir compromisos. Unos compromisos que, según ha señalado, no deben olvidar tampoco las Comunidades Autónomas. Sin citar a ninguna, la responsable de Hacienda ha advertido que “no puede ser” que mientras el Gobierno central está haciendo estos esfuerzos, “algunas comunidades pidan más apoyo al tiempo que rebajan impuestos”. “Es una gran incongruencia política”, ha señalado.
Pese al avance que espera el Gobierno con el proyecto de reforma fiscal en cuanto a la recaudación, Montero ha reconocido que no bastará con el plan de recuperación para poder alcanzar a la media europea en presión fiscal. “Se necesitará un calendario más allá del plan de recuperación”, ha señalado la ministra de Hacienda.
La también portavoz del Gobierno ha respondido también a las preguntas que ha suscitado el frente abierto por el Ministerio de Transporte sobre el posible cobro por uso de la red principal de carreteras del Estado. La ministra se ha limitado a expresar que el sistema “no es fiscalidad” ni es un “peaje” y que corresponde a su compañero de Ejecutivo, José Luis Ábalos, trazar cómo se aplicaría una medida que, por otro lado, ha defendido que no es sino “homologar” a España con la situación de la Unión Europea, algo necesario para poder recibir las ayudas comunitarias. Montero ha mostrado también su sorpresa por el revuelo levantado por esta medida puesto que el ministro de Transportes ya lo había planteado en el pasado.
Mayor seguimiento a la Airef
Montero ha expresado que el plan de recuperación incluye una serie de reformas encaminadas a hacer un mayor seguimiento de las recomendaciones que se realicen desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Así, el Gobierno creará un comité técnico que haga seguimiento del cumplimiento de las advertencias y conclusiones que surjan de los informes elaborados por el organismo independiente. “Esto no significa que todas se vayan a seguir al pie de la letra, pero sí que se van a tomar en serio”, ha apuntado. “Su metodología está fuera de toda duda”, ha enfatizado.
Precisamente un informe de la Airef realizado el pasado verano es el que el Gobierno ha tomado de referencia a la hora de abordar el estudio de determinados beneficios fiscales. Aquel informe abordaba trece mecanismos de rebajas de impuestos y sus posibles ineficiencias para las cuentas públicas, al no alcanzar los resultados que se perseguían con ellos. “Tenemos que ver si el numeroso número de beneficios responden a la realidad de la economía española o necesitamos revisar en algo su diseño o sustituirlos por otros de nuevo cuño”, ha explicado Montero.