La criba de la tarifa regulada de la luz que prepara el Gobierno va a obligar a salir del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica regulada, a decenas de miles de empresas, pero también va a forzar a cientos de ayuntamientos y organismos públicos a abandonar esa modalidad tarifaria y a contratar su suministro en el mercado libre.
El cambio no será inmediato y deberá hacerse a partir de 2024, por lo que las entidades afectadas tendrán tiempo para adaptarse. Los suministros acogidos a PVPC, cerca de 10 millones de contratos, son en su inmensa mayoría hogares, pero hay también todavía muchas empresas. Y fuentes del sector estiman que entre un 10% y un 20% de todos los puntos de suministro de las grandes comercializadoras con las administraciones públicas están aún en el mercado regulado.
“De la administración central y la regional, prácticamente no hay ningún suministro en PVPC. Sin embargo, en el caso de las administraciones locales (de tamaño pequeño), ahí sí que hay algunos”, explican esas fuentes. ¿Cuántos? Hablar de “cientos” de ayuntamientos afectados “no es una exageración”.
En el borrador del decreto que ha sacado a consulta el Ministerio para la Transición Ecológica, el departamento de Teresa Ribera plantea que a partir de enero de 2024 solo puedan acogerse a él microempresas (aquellas con menos de diez trabajadores o con una facturación anual por debajo de los 2 millones de euros) y, detalle importante, personas físicas. Con ello se quedan fuera los organismos públicos que todavía estén en PVPC.
El texto en audiencia pública, abierto a comentarios hasta el próximo lunes, señala que “podrán acogerse a los precios voluntarios para el pequeño consumidor los titulares de los puntos de suministro que sean personas físicas o microempresas, efectuados a tensiones no superiores a 1 kV y con potencia contratada menor o igual a 10 kW en cada uno de los periodos horarios existentes. Dicho límite de potencia podrá ser modificado por orden de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos”.
En la actualidad, la única limitación para acogerse al PVPC es que esos suministros tengan contratados como máximo 10 kilovatios (kW) de potencia. La inmensa mayoría corresponde a hogares. Pero entre ellos hay también empresas, incluyendo pymes y, apuntan en el sector, algunas grandes compañías y organismos públicos.
El Gobierno no precisa el número de contratos que se quedarían fuera tras la entrada en vigor de la reforma. En este caso, será a principios de 2024. La nueva fórmula de precios debería estar en marcha a principios de 2023, según confirmó el pasado miércoles en el Congreso la vicepresidenta tercera. En este caso, se prevé dar más peso a los mercados de futuros en la formación del PVPC. La reforma de esta tarifa fue una exigencia de la UE a cambio de autorizar la excepción ibérica.
Fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) indican que no disponen de información de las entidades locales que están en el mercado regulado “toda vez que desde aquí, a través de nuestra Central de Contratación, el acuerdo marco vigente está en el mercado libre”. Ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ni Transición Ecológica dicen disponer de información sobre el volumen de contratos de administraciones públicas en PVPC.
Esta modalidad tarifaria está contemplada en contratos derivados de un acuerdo marco con Iberdrola gestionado por la Diputación Provincial de Alicante, así como en contratos de suministro recientemente adjudicados por empresas públicas como la onubense Giahsa, o en el que el Ayuntamiento de Sevilla adjudicó el suministro eléctrico para los semáforos de la capital hispalense en 2020, cuando el PVPC era, de largo, la opción más barata, y por un periodo de cuatro años (hasta 2024).
Contratos rotos
También están en esa situación antiguos clientes públicos de comercializadoras que han dejado de prestarles servicio ante la virulencia de la actual crisis energética. Es lo que le ha ocurrido al Puerto de Gijón o a muchos antiguos clientes de la comercializadora Aura, que prestaba servicio a cientos de organismos públicos y que hace un año empezó a romper contratos unilateralmente a la vista de que los precios del mercado mayorista empezaban a descontrolarse.
Algunos de esos clientes públicos han tenido que realizar contrataciones de emergencia en PVPC con las comercializadoras de último recurso vinculadas a las distribuidoras que operan en sus zonas, al dar por finalizados sus contratos Aura. Es el caso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) o el del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Estas restricciones en el PVPC emanan de una directiva europea, la 2019/944, que obliga a liberalizar el mercado eléctrico permitiendo solo “intervenciones públicas en la fijación del precio para el suministro de electricidad a los clientes domésticos y a las microempresas”, recuerda el Ejecutivo en la normativa a consulta pública.
El Gobierno recuerda que, hasta 2021, “la tarifa PVPC ha ofrecido precios más competitivos a los consumidores finales frente a los sistemas de fijación de precios fijos en el mercado libre”, de acuerdo con los sucesivos análisis de la CNMC, si bien desde entonces se ha disparado al estar referenciado el coste de la energía a la cotización horaria del mercado mayorista. No obstante, el PVPC ha vuelto a ganar atractivo tras la introducción del tope al gas.
La reforma del PVPC se enmarca en los profundos cambios que prepara el Ejecutivo en la factura de la luz. El cambio más inminente se incluyó en octubre, en un decreto que prevé que el recibo incluya en el futuro el consumo medio de las viviendas de los distritos de los usuarios, permitiéndoles compararlo con el de sus vecinos.
La nueva normativa también regula la información sobre las reducciones fiscales que actualmente están en vigor para el IVA o el impuesto eléctrico y desde diciembre se va a obligar a informar con transparencia de cómo se está aplicando el mecanismo ibérico, incorporando información objetiva sobre su coste e impacto en el mercado mayorista para que los consumidores sean conscientes de sus beneficios: un ahorro de unos 3.000 millones de euros desde su puesta en marcha a mediados de junio, según las estimaciones del Gobierno.