El Gobierno lanza las subastas de energías renovables y pone coto a la burbuja de proyectos

El Gobierno ha aprobado este martes, en el primer Consejo de Ministros tras la llamada 'nueva normalidad', un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para impulsar la instalación “masiva” de las energías renovables, favorecer la reactivación económica y encauzar la transición hacia un sistema eléctrico 100% limpio, en línea con el Pacto Verde que impulsa la Comisión Europea, tras la catástrofe económica y sanitaria del coronavirus.

El texto crea el marco para un nuevo sistema de subastas de energía limpia y trata de poner orden a la burbuja de permisos de conexión de renovables, al tiempo que permitirá inyectar al sistema eléctrico el superávit de ejercicios anteriores para mitigar el déficit de tarifa que ha generado la crisis del coronavirus.

“El despliegue de las energías renovables va a ser uno de los efectos tractores” de la recuperación y son una “apuesta prometedora con grandes beneficios para la que España está preparada”, ha destacado la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha recordado el “efecto multiplicador” de estas inversiones: “Hay muy pocos países que cuenten con una situación como la nuestra”, capaces “de fabricar casi la totalidad de los elementos de un aerogenerador y el 65% de los componentes” de una instalación solar.

La medida estrella es la creación de un nuevo sistema de subastas sin esperar a que esté en vigor la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El objetivo, aportar estabilidad y visibilidad de ingresos a los inversores y, con ello, facilitar la financiación de los proyectos. Las subastas ofrecerán un precio reconocido para la energía que generen a largo plazo esos proyectos y permitirán a los consumidores que se refleje en su factura el espectacular abaratamiento de los costes de las renovables, que ya son la fuente más barata, como ha destacado Ribera.

El Ejecutivo espera que la primera subasta se realice este mismo año, tras la entrada en vigor, antes del final del verano, de un real decreto de desarrollo que se sacará a consulta en breve. De momento, el texto aprobado este martes establece los grandes principios para esas subastas, teniendo en cuenta aspectos como la gestionabilidad y la madurez tecnológica de las tecnologías. A ellas podrán concurrir las comunidades de energía renovable y proyectos de menor dimensión con posterioridad a su celebración, sin tener que pasar por todo el gravoso proceso administrativo. 

Para frenar la enorme “burbuja” de permisos de generación renovable creada en los últimos años, la norma también establece cinco hitos y plazos temporales para evitar movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red. La estimación del ministerio es que hay más de 430.000 megavatios (MW) solicitados, frente a los 60.000 MW que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé instalar en la próxima década y los 110.000 MW de potencia total que actualmente tiene todo el sistema eléctrico. 

El ministerio estima que el 60% de los permisos de acceso ya otorgados no han iniciado en los seis meses posteriores los trámites para obtener la conexión a la red. Eso supone un indicio de que no hay proyectos detrás: son solo un papel con la expectativa de reventa de esos derechos, lo que además de encarecer los proyectos impide que instalaciones con un plan industrial detrás salgan adelante. 

Por eso, y mientras se espera el cierre inminente de cerca de 5.000 MW de centrales de carbón que serán sustituidos por proyectos de energía limpia, se van a exigir hitos con plazos temporales en función del momento en el que se otorgaron los permisos, hasta un total de cinco años. Una de las exigencias será iniciar la conexión en ese plazo de seis meses. Los promotores deberán acreditar que cumplen cada hito (como la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción) en los tiempos fijados o los permisos caducarán y se les ejecutarán los avales depositados como garantía.

Como alternativa, los promotores podrán renunciar voluntariamente a los proyectos sin perder las garantías, siempre que lo hagan en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto. 

Además, se aprueba una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación de acceso y conexión, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos, para lo que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contarán con tres meses. En paralelo, el texto incluye una simplificación administrativa de los proyectos de renovables, regulando casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto inicial.

Déficit de tarifa

Otra relevante medida es la de habilitar el uso de los más de 1.000 millones de superávit de ingresos del sistema eléctrico acumulado de ejercicios anteriores para cubrir el déficit de tarifa generado en 2019 (cuando se situó provisionalmente en 1.000 millones, aunque previsiblemente la cifra final será inferior) y tapar el agujero que se va a crear por el desplome de la demanda eléctrica que ha propiciado la crisis del coronavirus. Algunas estimaciones sitúan por encima de los 1.000 millones, aunque la cifra se iría muy por encima en caso de un rebrote.

Según Ribera, de momento es “complicado” saber a cuánto ascenderá el agujero pero en el Gobierno van a estar “pendientes” ante esta situación. El Ejecutivo se plantea medidas adicionales, como eliminar la regla de una subida automática de peajes y cargos (parte regulada del recibo) si el déficit supera determinados umbrales.

Entre las medidas que incluye el Real Decreto-ley, que publicará el BOE previsiblemente este miércoles, y que consta de cuatro títulos, doce artículos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, nueve finales y un anexo, está la de ajustar excepcionalmente los porcentajes de PIB por los que se rige la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022 para “mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del COVID-19”.

Además, la norma regula por fin la figura del almacenamiento, la hibridación de tecnologías (por ejemplo, plantas que combinan la eólica y la fotovoltaica) y los agregadores independientes, y declara de utilidad pública las infraestructuras de recarga ultrarrápida (más de 250 kv) para simplificar su tramitación y agilizar su instalación en vías interurbanas.

También se amplía hasta 2030 la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con una moratoria en los pagos de las pymes a este instrumento hasta 2021; y se define el objeto del recién creado Instituto para la Transición Justa. El Gobierno, además, ha incluido a las motos eléctricas en las ayudas del plan Moves. Se habían quedado fuera “por error”, según Ribera.