Sin esperar a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el sector, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al decreto ley que blinda al sector del taxi frente a los vehículos con licencia VTC, Uber y Cabify. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que se suele amparar en las decisiones de los tribunales para no tomar decisiones, ha tomado la delantera en este caso y no ha querido esperar a la sentencia del Alto tribunal.
El decreto ley que propone el ministerio de Fomento Fomento legaliza dos de las barreras exigidas por los gremios del taxi: solo puede haber una licencia VTC por cada 30 taxis y la restricción territorial por la que los coches con licencia VTC pueden dar más del 20% de servicios fuera de su comunidad autónoma, como adelantó elconfidencial.
Solo hace tres días que la Sala Tercera del Tribunal Supremo había dejado vista para sentencia la demanda interpuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra las medidas exigidas por el sector del Taxi, vigentes desde el real decreto de Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), de 2015.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha justificado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo “no puede conocer cuál va a ser el fallo del Tribunal Supremo” y ha argumentado que el decreto ley se pone en marcha “teniendo en cuenta” lo que ha ocurrido los últimos meses: “Hemos tenido en cuenta lo que viene ocurriendo estos meses en diferentes ayuntamientos y comunidades, como es la proliferación de iniciativas para limitar la operatividad de los VTC con objeto de mantener el status quo de las licencias de taxi que, a nuestro modo de ver, es una vulneración de las reglas de la unidad de mercado”.
Con esta nueva norma el Gobierno pretende “equilibrar el sector del VTC en relación con el del taxi y garantizar una convivencia equilibrada entre los dos sectores”, ha afirmado de la Serna.
Las plataformas Uber y Cabify, como intermediarias entre usuarios y vehículos VTC, y la patronal de VTC, Unauto, se sumaron como demandantes a la iniciativa de la CNMC. En la otra parte, Fomento, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de la capital defendieron los postulados de aquel real decreto, en una causa en la que se han personado también la Gremial del Taxi, Élite Taxi y Fedetaxi, como organizaciones del colectivo de taxistas españoles.
La decisión del Supremo ya no tendrá recorrido, ya que el paso tomado por el Gobierno de convertir la regulación del sector en Decreto Ley deja sin efecto sobre la norma la sentencia del Alto Tribunal.
El presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal, ha asegurado a EFE que de esta forma el Gobierno “pretende estabilizar el mercado y que exista una competencia más leal” para después “ir avanzando en otras medidas procompetitivas”.
“Queremos expresar nuestra satisfacción y apoyo a este instrumento legal que representa un gran paso adelante para poder poner fin a la situación de inseguridad jurídica y social en la que se encuentra nuestro sector desde hace años”, ha señalado la patronal Fedetaxi.
Fedetaxi ha reconocido que había mantenido contactos con los cuatro partidos con mayor representación parlamentaria -PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos- y ha manifestado que el Decreto Ley tendría un respaldo mayoritario.