El Ministerio para la Transición Ecológica ultima la reforma de la tarifa regulada de la luz que la Comisión Europea exigió a España en mayo como contrapartida para aprobar la denominada excepción ibérica. Bruselas impuso a España esta condición para permitir a los gobiernos de Madrid y Lisboa intervenir temporalmente (hasta mayo de 2023) su mercado eléctrico y desacoplarlo en lo posible de la cotización del gas, disparada por la invasión rusa de Ucrania.
En el Real Decreto-Ley que aprobó la solución ibérica, el Gobierno español se comprometió a poner en marcha “antes del 1 de octubre de 2022” las modificaciones necesarias para hacer menos volátil esa tarifa, el denominado precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC). Ese plazo ya ha expirado, aunque fuentes del Gobierno explican que los trabajos están “muy avanzados” y pendientes del visto bueno definitivo.
El desarrollo normativo que debe aprobar Transición Ecológica podría incluirse en el Plan de Contingencia que España tiene que enviar a Bruselas este mes para detallar sus medidas adicionales de ahorro energético ante el posible corte total del suministro de gas desde Rusia.
El PVPC es la tarifa regulada a la que pueden acogerse los pequeños consumidores domésticos con una potencia contratada menor o igual 10 kilovatios. Hasta la actual crisis energética, fue siempre más barata que las ofertas del mercado libre. Pero el descontrol que ha vivido en los últimos meses el denominado pool eléctrico ha convertido su diseño en perverso, al estar indexada a la cotización que marca cada hora el mercado mayorista de electricidad.
El Gobierno ya abrió a finales del año pasado una consulta pública de cara a la reforma del PVPC, y se comprometió a reformarlo en el decreto de la excepción ibérica. El texto preveía que “la nueva fórmula de fijación del coste de la energía del PVPC pueda empezar a aplicarse a principios de 2023” y reconocía que reformar esta tarifa (una vieja petición de las eléctricas) era “una de las condiciones” de Bruselas para la aprobación de ese mecanismo temporal.
Menos volatilidad
Como explica Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de la consultora beBartlet, a falta de conocer el cambio normativo que presente el Gobierno, se trata de que el PVPC se calcule en base a “una especie de media ponderada de las cotizaciones de los productos trimestrales y anuales de los años próximos”, teniendo en cuenta también la referencia del mercado diario.
El objetivo, resume Natalia Collado, Research economist en EsadeEcPol, es “evitar la volatilidad que estamos viendo ahora en el corto plazo”. En su opinión, “cualquier medida que reduzca esa volatilidad es buena para los consumidores”.
La norma aprobada en mayo obligaba al Gobierno a modificar la normativa del PVPC antes de octubre para, a comienzos de 2023, “introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando en la formulación de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor una componente de precio basada en una cesta de productos a plazo y del mercado diario e intradiario”.
Para esa cesta de precios, decía el texto, “podrán utilizarse futuros anuales, futuros trimestrales y futuros mensuales, e incluirá una componente de precio del mercado diario e intradiario que garantice una cierta exposición de estos consumidores a la señal de precio de corto plazo e incentive la eficiencia energética, el almacenamiento y la gestión de la demanda”.
Los futuros del mercado mayorista para 2023 actualmente se sitúan en 194 euros/MWh, un nivel superior a los cerca de 150 euros que marcaba esa referencia cuando se aprobó el decreto en mayo. Son cifras disparatadas en comparación con los niveles de unos 50 euros/MWh del pool en los años previos a la actual crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania. Los actuales futuros de Omip no prevén precios inferiores a los 100 euros/MWh en España hasta 2025.
La solución ibérica que España y Portugal lograron arrancar en solitario a la Comisión, dada la escasa interconexión de la Península, ha permitido desde su puesta en marcha en junio significativos ahorros, protegiendo a los consumidores españoles de nuevos récords de la luz como los alcanzados en marzo, pese a la estratosférica subida del gas.
Ahora, Bruselas ha llegado a plantear esta medida para toda la UE ante el agravamiento de la crisis energética. Se trata de la iniciativa estrella para hacer frente al espectacular encarecimiento del gas por la guerra en Ucrania, junto a otras como las rebajas fiscales (IVA o Impuesto eléctrico) o la minoración de los beneficios extra de las eléctricas, con un tope máximo de 67 euros por megavatio hora (MWh).
Ese tope al gas ha permitido unos ahorros del 21% en septiembre en España, con precios un 37% inferiores a los de Francia y un 42% por debajo de Italia. Sin embargo, en los últimos días su efecto se ha diluido mucho y el ahorro esta semana está en mínimos desde su puesta en marcha. La explicación está, entre otras razones, en la bajísima producción eólica e hidráulica y en el auge de la generación con gas. Este martes, los ciclos combinados han llegado a cubrir más de la mitad de la demanda eléctrica en España.
El decreto de mayo también abría la puerta a que la nueva metodología de cálculo del PVPC incorporase, además de los futuros eléctricos, el efecto de unas subastas que el Gobierno anunció hace más de un año para obligar a las grandes eléctricas a ceder parte de su energía más barata, procedente de las llamadas tecnologías inframarginales: nuclear, hidroeléctrica o renovables.
Esas pujas (que también beneficiarían a la industria) no se han llegado a poner en marcha, después de que las grandes eléctricas argumentaran que ya tenían esa energía comprometida y que para cederla a los clientes en PVPC e industriales tendrían que romper contratos ya firmados previamente.
En una reciente respuesta parlamentaria, el Ejecutivo asegura que, de la mano de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), “se está trabajando” en la posible activación de estas subastas, “teniendo en cuenta sus posibles interacciones con el resto de medidas adoptadas recientemente en el ámbito del sector eléctrico y el actual contexto que atravesamos”.