Los autoritarios gobiernos de Hungría y Polonia desafían por sistema los mecanismos de integración europea. Va en su discurso político, por eso Viktor Orbán se hace fotos con Santiago Abascal y el partido gobernante en Polonia, PiS, es el principal aliado europeo de Vox.
De hecho, no ha tardado el Gobierno polaco en dar la bienvenida al fallo del tribunal alemán: “Los Estados miembros son los dueños de los Tratados de la UE, esto es lo que dijo hoy el Tribunal Constitucional Federal alemán. Los alemanes defienden su soberanía. La UE tiene que decir hasta donde los Estados miembros le permitamos”.
Del mismo modo que lo hacía Matteo Salvini cuando era el hombre fuerte del Gobierno italiano, o como lo hace su compañera de batallas, Marine Le Pen: defienden una Unión Europea de los Estados, no una Unión Europea federal o más integrada. Y el pulso de Salvini acabó con la extrema derecha de la Lega fuera del Gobierno italiano y el viceprimer ministro en la oposición.
Precisamente, el Tribunal Constitucional alemán ha golpeado este martes contra dos instituciones federales europeas fundamentales para avanzar en la integración económica, social y de derechos: el Banco Central Europeo, principal actor comunitario, hasta la fecha, en la respuesta a la crisis del coronavirus; y el Tribunal de Justicia de la UE, garante de la igualdad ante la ley y vigilante de los atropellos al Estado de derecho en países como Hungría y Polonia. Y lo ha hecho al cuestionar la legalidad de los programas de compra de deuda del BCE lanzados desde 2015 (PSPP), lo cual pone en cuestión el plan actual ante la crisis del coronavirus (los 750.000 millones del PEPP).
El Banco Central Europeo, por su parte, ha defendido que sus actuaciones están amparadas “por la sentencia del TJUE de diciembre de 2018” y ha reiterado: “El Consejo de Gobierno sigue completamente comprometido en hacer todo lo que sea necesario dentro de su mandato para asegurar que la inflación sube a niveles consistentes con su objetivo a medio plazo y que la acción de política monetaria adoptada para lograr el objetivo de mantener la estabilidad de precios se transmite a todas las partes de la economía y a todas las jurisdicciones de la zona del euro”.
El dirigente de AfD Tino Chrupalla, la extrema derecha alemana, se apresuraba a celebrar el fallo: “Con la sentencia de hoy, el Tribunal Constitucional Federal ha puesto a las instituciones de la UE en su lugar. Cuando el BCE excedió sus poderes, el Tribunal de Justicia Europeo lo aprobó. Es bueno que el estado constitucional alemán esté enviando una primera señal”.
Como recordaba Enrique Feás, investigador del Real Instituto Elcano, el artículo 344 del Tratado de la UE establece: “Los Estados miembros se comprometen a no someter las controversias relativas a la interpretación o aplicación de los Tratados a un procedimiento de solución distinto de los previstos en los mismos”. En definitiva, los jueces alemanes del Constitucional vienen a declararse en rebeldía en relación con al Tribunal de Justicia de la UE.
El presidente del Hertie School de Berlín, Henrik Enderlein, explicaba este martes en Twitter: “La implicación principal del fallo no está en la superficie: el BCE puede continuar la flexibilización cuantitativa y, con toda probabilidad, el Bundesbank seguirá participando. Lo que ha cambiado es que el Tribunal Constitucional alemán plantea la cuestión de los límites de la independencia del BCE: insiste en que la independencia del BCE termina cuando el BCE comienza a entrar en la 'política económica' en lugar de la 'política monetaria”.
“El problema”, prosigue, “es que la frontera entre la política monetaria y sus implicaciones económicas no se puede definir. El Tribunal parece económicamente ingenuo aquí. Pero creo que esto es deliberado, y casi vicioso: el BVerfG quiere mantener la discreción para decidir sobre esta frontera por sí mismo. Esto nos lleva a la principal implicación de esta decisión: el BVerfG pone al BCE en constante amenaza. La verdadera intención de los jueces podría ser presionar al BCE para que internalice el pensamiento ordoliberal ex ante, de modo que no sea necesario un fallo ex post”.
“El fallo”, prosigue, “tendrá efectos directos sobre la forma en que el BCE puede continuar operando. Para empezar, el PEPP tendrá que ser repensado. El Constitucional alemán señala implícitamente que el PEPP podría estar bien, pero solo si se cumplen varias condiciones. Por lo tanto, el enfoque del BCE para hacer 'lo que sea necesario' ya no servirá, a menos que el BCE acepte tener un conflicto con BVerfG y una parte de la ciudadanía alemana. Esto debilitará al BCE en los mercados y en la acción. Incluso si no hay una decisión legal directa, la amenaza siempre estará ahí”.
Según Enderlein, “d esde una perspectiva de integración europea, el fallo es un desastre. La señal de un tribunal nacional de que la opinión del TJUE no es ”comprensible“ y ultra vires [se excede de sus competencias] es un duro golpe para la UE. ¿Cómo reaccionaría Alemania si los tribunales húngaros o polacos emitieran tales declaraciones? La decisión de hoy del BVerfG marca el regreso del nacionalismo legal. Y como saben los economistas: para una unión monetaria, el nacionalismo económico puede ser letal”.
“Este es el gran riesgo. Nuevos casos judiciales vendrán inmediatamente en Alemania contra PEPP. El Tribunal insiste en la distinción ridícula entre política monetaria y política económica y desea proporcionalidad en sus efectos. ¿Puede un economista alemán explicar qué significa esto?”, se preguntaba el exvicepresidente del BCE Vitor Constancio.
“El BCE no tiene el mandato o la legitimidad democrática para llevar a la Unión Europea a una unión de deuda”, secundaba el Wirtschaftsrat de la CDU, una asociación empresarial próxima al ala más ordoliberal del partido de Angela Merkel.
El portavoz socialista en la Eurocámara, Jonás Fernández, consideraba que el fallo abría “un océano de inseguridad jurídica”.
“La sentencia del Tribunal Constitucional alemán pone palos en las ruedas de la Unión Europea”, argumenta Luis Garicano, el portavoz de Ciudadanos en Europa y vicepresidente del grupo parlamentario liberal, Renew Europe: “La UE no puede funcionar si el Tribunal Constitucional de un Estado Miembro decide cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene primacía y cuando no. Es un muy mal precedente si tenemos en cuenta la situación en Polonia y Hungría. En el caso concreto, el Banco Central Europeo necesita margen de maniobra para poder combatir los efectos de esta crisis y apoyar a los países en apuros. Es el momento de que los Estados miembros acuerden una respuesta europea ambiciosa. No podemos seguir dependiendo exclusivamente del Banco Central Europeo y de que los tribunales constitucionales nacionales no tumben sus decisiones. Sin una respuesta fiscal masiva corremos el riesgo de volver a entrar en una crisis financiera”.
En un sentido parecido se manifiesta Esteban González Pons, vicepresidente del grupo parlamentario del PP europeo en la Eurocámara:
“Esta grave decisión del Tribunal Constitucional alemán muestra (con perdón para el gran Peter Mair) que la responsiveness hacia tu sistema político nacional siempre debe combinarse con la responsibility hacia el sistema político UE y la supervivencia, ahora en peligro, del euro”, dice el analista del Real Instituto Elcano Ignacio Molina.
Hace años, explicaba en eldiario.es Manuel de la Rocha, ahora director de la Oficina Económica de Pedro Sánchez en Moncloa, lo que se juega en el Tribunal Constitucional alemán: “ Con esta tragicomedia nos recuerdan quien manda en Europa, su tribunal constitucional juzga nuestras instituciones europeas. Un intento a la vuelta de la Europa Alemana que tanto teme Ulrich Beck. Lo que subyace a esta contienda son dos formas de entender Europa; los ortodoxos ordoliberales alemanes para quienes solo el sometimiento a las reglas y disciplina de los mercados nos sacará de esta crisis, frente a los que pensamos que la UE es algo más que una gran plaza financiera, y que la solidaridad entre pueblos y ciudadanos forma parte del ADN europeo. Hasta ahora los primeros han llevado la voz cantante, pero el viento de los tiempos está cambiando”.
El Ejecutivo comunitario, el guardián de los tratados de la UE, respondía así a la sentencia: “Reafirmamos la primacía del derecho de la UE y el hecho de que las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE son vinculantes para todos los tribunales nacionales”.
Lucas Guttenberg, director adjunto del Instituto Delors, añadía este comentario: “El argumento principal del Tribunal es que el BCE no evaluó la proporcionalidad de PEPP, y proporciona una larga lista de posibles criterios para dicha evaluación, pero no afirma que PSPP no sea proporcional, ya que esto lo habría obligado a declarar ilegal a PEPP. En cambio, solo dice que el PEPP es un acto de ultra vires porque el BCE no realizó la evaluación. Si el BCE realiza dicha evaluación como parte de un nuevo acto legal del PSPP dentro de los próximos tres meses, el Bundesbank puede continuar participando. Eso es factible”.
“La pregunta es”, prosigue Guttenberg , “qué sucede una vez que la evaluación de proporcionalidad está formalmente. Entonces, alguien atacará legalmente esta evaluación. Y volvemos a la primera casilla: Karlsruhe-Luxembourg-Karlsruhe, cada vez con más incertidumbres. Mientras tanto, el PSPP podrá operar como lo hace en este momento. Aquí es donde terminan las consecuencias operacionales directas de este juicio”.
“Pero hay una trampa”, alerta el analista: “La sentencia desarrolla una serie de criterios por los cuales el PSPP es legal más allá de la falta de evaluación de proporcionalidad. Estos criterios son mucho más restrictivos que los criterios del TJUE. Principalmente, el fallo convierte el capital y el límite de emisión en líneas rojas para evitar violar la prohibición de financiación monetario. También prohíbe cualquier pérdida compartida en el contexto de PSPP”.
Guttenberg señala que lo que se esconde detrás de la sentencia es el afán de Alemania por tener una posición muchos decisoria en las políticas que defina el BCE : “¿Cómo encaja esto con el PEPP y cualquier programa futuro del BCE? Este juicio construye un puente muy amplio para aquellos que iniciaron acciones legales contra el PSPP para hacerlo también contra el PEPP. Por lo tanto, esta sentencia previsiblemente creará dos nuevas demandas: una contra el nuevo acto legal del PSPP y otra contra el PEPP. Tal vez Karlsruhe vuelva a preguntarle a Luxemburgo, tal vez no. Tal vez recurra nuevamente a una pregunta prejudicial, tal vez no. Solo sabemos una cosa con certeza: esto nunca terminará. Karlsruhe quiere un sillón en la mesa de formulación de políticas del BCE. Y, en consecuencia, nunca estaremos seguros de hasta dónde puede llegar realmente el BCE y de lo que vale una opinión del TJUE en este contexto. Es una situación insostenible, lo que me lleva a mi conclusión predecible: no podemos construir toda nuestra gestión de crisis con el BCE haciendo el trabajo duro”.
Y sentencia: “Este es el momento para que los políticos den un paso al frente”. Unos políticos que están bloqueados en la elaboración de un fondo de reconstrucción europea mientras el BCE ya lleva gastados 100.000 millones para evitar que las primas de riesgo de los países más golpeados por el virus se disparen.