El Gobierno abre la puerta a que las grandes empresas controlen las Cámaras de Comercio

El Gobierno ha puesto hoy punto final al estado zombi de 88 entidades de derecho público que pululaban por España. Se trata de las Cámaras de Comercio, las entidades decimonónicas que se fundaron en España para defender intereses patronales y facilitar, por así decirlo, la vida a las empresas. Desde el 1 de enero de este año, estas entidades no tenían recursos ni financiación ya que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les quitó su ingreso “permanente”: la contribución obligatoria de todos los empresarios (incluidos los autónomos).

Durante estos dos años y medio, las cámaras han sobrevivido consumiendo sus remanentes y vaciándose cada vez más de contenido. En los últimos meses, la situación de estas entidades era desesperada, ya que han estado en un limbo legal sin saber exactamente cómo sería su futuro.

Finalmente, y a falta de otras leyes de mayor calado, el Gobierno ha dado vía libre hoy a un marco regulatorio, que abre nuevas posibilidades de financiación. La más chocante la que regula las “aportaciones voluntarias” de los empresarios que serán “incentivadas”, con una mayor representatividad en estos órganos dependientes de Comercio.

Aunque el texto también dice que se preservará la representatividad del tejido industrial de la región en la que esté instalada la Cámara, mediante procesos democráticos en los órganos de Gobierno, la posibilidad de que quién más pague tenga más representación, legaliza una situación de poder de empresarios con más posibilidades sobre los otros.

El sistema actual de elección en las Cámaras tampoco sigue criterios exactos de democracia. La organización patronal con más representatividad en la región (elegida por el gobierno político de turno), tiene un peso ponderado sobre el resto de la Asamblea lo cual hace que, de facto, en la mayoría de las ocasiones coincida que el representante de la patronal sea también el presidente de la Cámara.

Si a este hecho se le añade además que en la Asamblea estarán representados las empresas que más contribuyan, desde el Ejecutivo subraya que disponer esta posibilidad es “voluntario” de cada Cámara, la defensa de las pymes y los autónomos, parece más complicada que nunca. Con todo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró en la rueda de prensa de presentación del Anteproyecto de Ley, que la misión fundamental de estos organismos seguía siendo el de vigilar por los intereses de las pymes.

Además de este cambio, la nueva regulación contempla también que las Cámaras, que se aglutinarán bajo un órgano rebautizado como “Cámara de Comercio de España”, tutelen el proceso de formación dual en las empresas. Este modelo, inspirado en el sistema alemán, contempla que se conviene el aprendizaje en las empresas con el trabajo y la formación. Con todo, fuentes oficiales dicen que habrá que esperar al desarrollo reglamentario para ver en qué se materializará este papel.

Las Cámaras podrán además abrir el abanico de prestaciones que pueden facilitar a las empresas, y financiarse por estos servicios. Además de la formación y los procesos de internacionalización, se ahondará, por ejemplo, en su labor de arbitraje y mediación, que ahora mismo es muy necesaria por los constantes conflictos en el seno de las empresas.

El texto también retira la necesidad legal de que haya una Cámara por provincia. Según fuentes consultadas, el proceso natural será el de que muchas Cámaras se fusionen y el número se reduzca drásticamente. En el momento de mayor industrialización en España, fue habitual crear Cámaras en las zonas con más presencia de empresas. Así, existen Cámaras en Torrelavega, Motril, Ferrol, Lorca, Reus, Tortosa, Tui u Orihuela, por poner algunos ejemplos.