La gran banca española ha terminado esta semana la presentación de resultados del año 2021. Es la única ocasión al año en el que los grandes ejecutivos del sector se ponen frente a los medios para tratar temas no solo del negocio de sus entidades, sino la actualidad del sector. Así, durante los últimos días, presidentes como Ana Botín (Banco Santander), Carlos Torres (BBVA) o José Ignacio Goirigolzarri (CaixaBank) han respondido a algunos de los asuntos que afectan a su actividad, donde la exclusión financiera ha protagonizado muchas de las ruedas de prensa. Una iniciativa ciudadana y las críticas desde el Gobierno y el Banco de España han vuelto a poner este problema sobre la mesa, sin que los grandes directivos hayan asumido su responsabilidad, achacando la digitalización a las peticiones de los clientes y no a una política de reducción de costes.
El año ha terminado con 3.000 sucursales cerradas entre los seis principales grupos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter) del país y 12.700 empleados menos. Si bien esta cifra será superior, ya que algunos de los ERE que se acordaron durante el año pasado todavía están en ejecución y contemplaban 19.000 salidas. Un ritmo que agrava un problema que se sucede año tras año desde la pasada crisis financiera y que eliminado más de la mitad de la red de sucursales bancarias.
Los bancos achacan esta transformación a una adaptación a la necesidad de los clientes, que se ha acelerado con la pandemia, cuando al estar en cuarentena los servicios digitales ganaron presencia. “No vamos demasiado rápido, vamos según nos piden nuestros clientes”, señalaba esta semana Ana Botín, una justificación compartida por otros directivos del sector. “La digitalización era una de las oportunidades y se ha disparado durante la pandemia, está aquí para quedarse y trae ventajas para los clientes, tanto en la banca como en otras actividades”, apuntaba por su parte Carlos Torres, presidente de BBVA. El primer ejecutivo del banco reivindicó que “no es una cuestión de edad” ya que hay personas “senior” con “destreza digital” y lo achacó a “otros factores socioeconómico”.
Hace unos días, el Gobierno se sentó con las tres patronales bancarias. La AEB (que engloba principalmente a Santander, BBVA o Sabadell), la CECA (controlada por CaixaBank y con la presencia de las antiguas cajas como Unicaja o Kutxabank), y Unacc, que representa a las cajas rurales y las cooperativas de crédito. Les trasladó su preocupación por el problema de la exclusión financiera y les urgió a tomar nuevas medidas y aclarar si las que ya se han ido adoptando han tenido efectivo.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, volvió a remitirse a este asunto este viernes. La ministra aseguró que es una “cuestión prioritaria” para el Gobierno y señaló que se está preparando “un conjunto de acciones”. Calviño apuntó que las medidas que ha implantado la banca “no son suficientes para garantizar el acompañamiento, el apoyo y la inclusión financiera” de las personas mayores. “Confío en que el sector financiero, que creo es muy consciente de que este es un tema prioritario, nos proponga medidas importantes”, añadió.
A las medidas ya adoptadas se han remitido las distintas entidades preguntadas durante los últimos días. “Cuando uno habla del sector, las distintas entidades tienen situaciones muy distintas, están dando acción de forma diferente. Lo que para algunas pueden ser novedades para otras es parte de su modelo”, se excusó Goirigolzarri, presidente de CaixaBank, para evitar ahondar en nuevas medidas, después de señalar que la exclusión financiera “no solo nos preocupa, sino que nos ocupa”.
Esta entidad, que tiene el 16% de accionariado público, se remite a que tiene el compromiso de no salir de los 400 municipios donde es el único banco. Esta medida era una de las obligaciones apuntadas por la CNMC para permitir la absorción de Bankia. También señala que cuenta con los 'ofibuses', unos autobuses que van periódicamente a municipios sin oficina bancaria. Además, revindicó la amplitud de la red de cajeros del grupo como una vía para atender a las personas mayores, permitiéndoles la actualización de las cartillas en los mismos. “Las personas que no están digitalizadas tienen una oferta muy potente en CaixaBank”, aseguró. Sí concedió que “se están estudiando nuevas medidas” pero al margen de “ningún requerimiento externo”.
Otro caso es el del Santander. El banco ha defendido esta semana, tras cerrar casi un millar de oficinas, que cubre el 95% de la población tanto con sus sucursales como con los servicio que ofrece a través de las oficinas de Correos. La entidad y la empresa pública tienen un acuerdo por el cual los clientes del banco pueden realizar determinadas operaciones de ingreso y retirada de efectivo en sus locales. “Trabajamos para que todos los clientes estén igualmente satisfechos”, defendía Botín al analizar la estrategia del banco y, al igual que Goirigolzarri, evitando avanzar nuevas medidas exigidas por Calviño. Tampoco avanzó nuevas decisiones BBVA tras cerrar 600 sucursales en solo un año. Su presidente solo comentó que “es una prioridad para el banco” dar respuesta a este problema y que “ya se han tomado muchas iniciativas en torno a ello”.
De hecho, aunque la vicepresidenta ha reconocido los acuerdos de Correos o los ofibuses como iniciativas de la banca para evitar la exclusión financiera, las considera insuficientes. Es un hecho que las personas de mayor edad han perdido acceso a las sucursales durante los últimos 13 años. En 2008, cuando la crisis financiera comenzaba a asomar, existían en España 4,2 sucursales por cada mil personas mayores de 60 años. En septiembre de 2021, último dato comparable, la cifra había caído a 1,7. Además, muchas de las oficinas que quedan abiertas han eliminado los servicios básicos a los que suelen acudir esta población, para centrarlas en productos de más valor añadido para las entidades como seguros, fondos o hipotecas.
Cautela con las criptomonedas
La digitalización es un hecho en la banca, al menos para las operaciones más cotidianas y los productos básicos. Así lo han ido impulsando los grandes bancos y los nuevos operadores, las fintech. Es la vía hoy en día para poder esquivar las comisiones que han ido aplicando los bancos para sus clientes con menor valor añadido, empujándoles hacia el mercado digital. Sin embargo, en la banca tradicional hay en el horizonte un producto financiero digital que se mira con recelo: las criptomonedas.
Los grandes ejecutivos del sector han ido mostrando en los últimos días su cautela con este producto de inversión —ya que su uso como moneda para la compraventa de bienes todavía no es una realidad generalizada—. De entre los bancos españoles, solo BBVA es el que ha ofrecido a algunos clientes en su filial suiza la inversión en productos vinculados en criptomonedas. El resto, al menos por ahora, se mantienen en la negativa a ofrecerlo. La más rotunda fue María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter. “Son activos para especular y no nos planteamos hacer nada con ellos”, aseguró en la presentación de resultados del banco.
La ejecutiva daba la clave para la cautela de las entidades con estos productos. “Imagina a todos los bancos, que hemos tenido una avalancha judicial con los gastos hipotecarios, las hipotecas multidivisa, etc., ofreciéramos este producto, que no tiene seguridad jurídica, y hubiera un problema. ¿A quién acabarían denunciando los clientes?”, señalaba. “Hay que tener mucho cuidado”, apuntaba. El deber fiduciario que tienen los bancos como gestores de estas inversiones y su posible problema legal ante un eventual desplome de las criptomonedas justifican que, al menos por el momento, eviten ofrecerlo.
“Tienen características que nos hacen mirarlo con precaución, su volatilidad hace que no sea prudente facilitar el acceso a las mismas de manera generalizada”, señalaba en la misma línea Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank. “No espero ver una gran proactividad por nuestra parte”, subrayó. “Los bancos ya usamos la tecnología que usan las criptomonedas, pero con toda la regulación y las garantías de confianza”, apuntó igualmente Ana Botín, presidenta del Santander.