El Gobierno griego deberá liberar más de 1.000 millones de euros para aumentar las pensiones, después de que el Tribunal Supremo Administrativo declarara ayer anticonstitucional los recortes aplicados en 2012 por imposición de la troika, lo que supone un golpe adicional a las negociaciones con los acreedores.
El responsable del secretario general de Seguridad Social, Yórgos Romaniás, señaló hoy en declaraciones a la cadena de televisión privada Mega que si bien la decisión entró en vigor con fecha de 9 de junio, los aumentos correspondientes se efectuarán paulatinamente, “en función de la situación presupuestaria”.
La sentencia obliga al Gobierno a restaurar las pensiones -las regulares y las suplementarias- a los niveles previos a 2012, cuando se aprobaron los recortes, pero le exime de pagos retroactivos
La decisión alude a una ley aprobada en noviembre de 2012, que aplicó -por exigencia de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional)- recortes escalonados a todas las pensiones del sector privado superiores a los 1.000 euros.
Los recortes eran de un 5 % para las pensiones de hasta 1.500 euros mensuales, del 10 % para la franja entre 1.500 y 2.000 euros, y del 15 % para las superiores a los 2.000 euros.
El Tribunal, en cambio, consideró constitucionales los diversos recortes aplicados entre 2010 y 2012.
El Supremo dictaminó que las bajadas de pensiones de 2012 violaron la Constitución griega y la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea por “privar a los pensionistas del derecho a una vida decente.”
El fallo permite que unos 800.000 pensionistas puedan recibir a partir de ahora los aumentos correspondientes, pero no tiene efecto retroactivo, con excepción de los 2.000 pensionistas que habían presentado la demanda que sí tienen derecho recibir los atrasos.
El vicepresidente del Parlamento, Alexis Mitrópulos, señaló que la decisión del Tribunal elimina de facto la exigencia de las instituciones de aplicar una cláusula de déficit cero a las arcas de pensiones, pues esto se traduciría en nuevas bajadas.
Uno de los principales puntos de conflicto en las negociaciones entre Grecia y los acreedores lo constituye precisamente el debate de las pensiones, pues el Gobierno de Alexis Tsipras considera una nueva bajada de pensiones como una “línea roja” que no está dispuesto a cruzar.
No obstante, según la prensa local, en su última oferta a las instituciones, habría incluido la posibilidad de aumentar las cotizaciones de los pensionistas a las cajas de enfermedad, así como restricciones a las prejubilaciones.