La relación entre ganaderos e industria láctea nunca ha estado exenta de desencuentros, principalmente por el precio que las empresas pagan a los productores, porque en muchas ocasiones no les ha permitido cubrir sus costes. Simplemente, tener una ganadería conllevaba pérdidas. Una situación que se había solventado, en gran medida, con la Ley de la Cadena Alimentaria, en vigor desde hace algo más de un año, que prohíbe precisamente la venta a pérdida.
Ahora, esa relación de equilibrio de fuerzas puede saltar por los aires. El motivo, que la patronal láctea (Fenil) ha emprendido una batalla judicial ante el Tribunal Supremo, contra un Real Decreto que, de facto, conlleva bloquear la efectividad de esta ley.
“La Federación Nacional de Industrias Lácteas, de forma sorpresiva, pretende cuestionar la Ley de la Cadena y el armazón en que se basa: evitar que la posición dominante de cualquiera de los eslabones pueda imponer precios al eslabón más pequeño”, explicaba este martes Roberto García, secretario general de UPA Galicia y vicesecretario general de UPA España, a las puertas del Supremo.
“Es un comportamiento éticamente impresentable de la industria”, criticó. “Esta norma es clave para todo el sector agroalimentario, si se anula este artículo, se afectaría a toda la Ley”.
Las industrias lácteas justificaron horas antes de su comparecencia en el Supremo, que su intención no es “derogar o tumbar la Ley de Cadena Alimentaria”.
La explicación es que no van contra la legislación impulsada por el Gobierno de coalición, sino que han presentado un recurso contra un Real Decreto de 2022, que modificó las condiciones de contratación en el sector lácteo por “la clara inseguridad jurídica que la norma representa para los operadores del sector lácteo, tanto ganaderos, como cooperativas e industrias”, justificó la patronal.
“La causa general de la inseguridad jurídica es la imposibilidad de determinar los costes efectivos de producción de cada ganadero individual, como establece la norma, en un sector de producción continua y diaria cuyos costes pueden variar día a día, mes a mes trimestre a trimestre, a lo largo de un mismo contrato”, aseguró Fenil a través de un portavoz. También, que no pueden ir más allá en sus explicaciones y que la asociación “no va a hacer valoraciones del estado del recurso, con el fin de no obstaculizar el proceso judicial en curso”.
En cambio, los ganaderos niegan que la patronal les esté defendiendo de algún modo. “Argumentan que se perjudica al sector productor, cuando nosotros decimos que esta ley es un instrumento necesario para la negociación entre las partes. Ninguna organización, ni cooperativa, ni productores presentó una alegación, ahora no es razonable que se presenten como defensores”, aseguró Felix Porto, representante de Unións Agrarias-UPA tras la comparecencia en el Supremo. “Es una norma vital para que el sector pueda trabajar con dignidad”, añadió. “Es la piedra angular de la Ley de la Cadena, el resto sería papel mojado” porque fija “que ningún eslabón cobre menos de lo que le cuesta producir”.
Precisamente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió este martes en Bruselas esta ley como uno de los éxitos de la legislatura que ahora termina. Aseguró que esta regulación “es fundamental para garantizar a nuestros agricultores y ganaderos, también a la industria y a la distribución, una justa retribución por su trabajo”, recalcó. “Las ventas tienen que ser siempre por encima de los costes de producción. Hemos erradicado la venta a pérdidas”, sentenció.
En esta línea, los representantes de UPA ahondaron en que “el Ministerio, a través de la Abogacía del Estado” fue en “la misma línea” que ellos en su argumentación ante el Supremo. “Ni la distribución, ni el resto de operadores agroalimentario, ni el sector productor ni el consumidor cuestionan la ley, solo la Federación Nacional de Industrias Lácteas”, resumió Roberto García.
Sobre esta denuncia ante el Supremo, el vicesecretario general de UPA España también apuntó que llueve sobre mojado, porque las empresas lácteas “vienen de un proceso donde han sido sancionadas por la CNMC con de más de 80 millones de euros por imponer un cártel de precios de la leche desde el año 2000”.
En 2019, Competencia consideró que empresas como Danone, Lactalis o Nestlé realizaron “intercambios de información estratégica”. Estos “versaron sobre distintas materias, si bien todos ellos tuvieron el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca. Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales”, indicó la CNMC.
“Es una reincidencia, evitar que haya reglas que regulen que la parte con más poder imponga a la otra los precios y es una apuesta decidida de la industria por una supervivencia económica no en base a competir con productos con valor añadido, sino en base de imponer un precio al eslabón más bajo de la cadena”. Por ello, Roberto García, ahondó en que “no es casualidad que de los 60.000 ganaderos que había ese año, en un país deficitario donde la materia prima no llega para abastecer el 70% [de la demanda], apenas queden 11.000 y muchos de estas ganaderías se les impone precios que no negocian, sino contratos de adhesión con precios unilaterales que no tienen en cuenta los costes de producción”.
La derivada de esta demanda pasa, según García, porque las empresas no se “dan cuenta”, de que “los siguientes en sobrar son ellos. Carrefour, Alcampo, Dia o Mercadona no necesitan la industria, traerán el producto elaborado de otras partes de Europa”.
Además, apunta que ya han dado pasos para esquivar la efectividad de la ley. “Aún se firman contratos de adhesión abusivos”, criticó “porque al ser la leche un producto perecedero, o firmamos lo que nos ponen delante o la tenemos que tirar”.
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