¿Habrá que pagar por circular por las carreteras? Las claves del peaje por uso que estudia el Gobierno

El Ejecutivo ha vuelto a reconocer que estudia poner en marcha un sistema de pago por el uso de la red de carreteras públicas. Una promesa que hizo a Bruselas a cambio de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sobre la que existen incógnitas, como su alcance, consenso y el modo en el que se haría efectiva.

¿Por qué se habla ahora de poner peajes?

Porque el Gobierno ha vuelto a colocar sobre la mesa el pago por el uso de las carreteras. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, aseguró este lunes que es “imperativo” ponerlo en marcha y que es un tema que no se puede aplazar más, dado el “creciente déficit” en materia de conservación de las vías. “O afrontamos un cambio o seguiremos cautivos de un sistema tan injusto como lucrativo para algunos”, aseguró durante el Simposio Nacional de Vías y Obras de la Administración Local celebrado en Pontevedra.

Hay más declaraciones en esta línea. El secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, y la propia Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, han ahondado en la misma dirección. “Estamos en fase de estudio de un sistema de tarificación que sea justo. Nos comprometimos con él en el momento en que no prorrogamos por más tiempo las autopistas de peaje”, aseguró la ministra tras el Consejo de Ministros del martes. 

El problema de fondo es que la inversión pública no es suficiente para financiar una adecuada conservación de las carreteras. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que ya está en tramitación parlamentaria, recoge 1.371 millones de euros para el mantenimiento de la red, la cifra más alta de la historia. Pero hay un déficit histórico en su conservación, que el Ejecutivo reconoce, y que la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex) calcula en unos 8.000 millones de euros.

¿Peaje, tarifa o recargo?

Básicamente, lo que se plantea es un modelo de pago por uso. Y ahí entra la cuestión de cómo llamarlo. El Gobierno no quiere definirlo como peaje. Prefiere “sistema de tarificación”. “No le llamaría, en el primer lugar, peaje. Hablamos de que vamos a implantar un sistema de tarificación. Y no le llamaría peaje porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las de las autopistas”, señaló el Secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez, en un foro organizado por la Cadena SER. 

A día de hoy, está claro que el Ministerio de Transportes estudia un modelo de pago, pero no hay un sistema definido, ni de cómo va a ser, ni de cuándo se aplicará (en principio, en 2024), ni de a qué carreteras afectará (autovías, autopistas, regionales…) sino que está en fase de análisis. La ministra Raquel Sánchez lo anunció para los próximos meses pero con la idea de consensuarlo con “el conjunto de agentes, con el sector y los operadores”, aseguró Sánchez. Agentes del sector que ya se han manifestado en contra de esta medida. Aseguran que, de momento, no han tenido contactos con el Ministerio.

“Es pagar por circular, qué más da si se llama, peaje, viñeta, pago por uso”, valora Julio Villaescusa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer). “No sabemos si es un globo sonda o realidad”, apunta.

¿Es nueva la idea de pagar por usar las carreteras?

No es nueva. Al contrario, el modelo de financiación de las carreteras es una cuestión que lleva décadas sin resolverse. En 1991, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Josep Borrell, planteó la necesidad de abrir un debate sobre cómo financiar las infraestructuras y planteó la opción de colocar peajes en tramos de la red de carreteras del Estado. 

El Gobierno de Rajoy pidió varios informes “con carácter urgente” a la empresa estatal Ineco para evaluar la implantación de un peaje en autovías como el que ha planteado poner en marcha el Ejecutivo socialista, y que los populares ahora rechazan.

La diferencia es que, ahora, el Gobierno se ha comprometido con Bruselas a poner en marcha algún tipo de pago por uso. Lo hizo hace meses como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que envió a la Comisión Europea a cambio de los fondos con los que inyectar oxígeno a la economía tras la pandemia. Un pago por uso, que recogería los conceptos “quien contamina paga” y “quien usa, paga”, que tendría que estar operativo en 2024.

En ese texto, asumía que “con una red estatal que supera los 26.466 kilómetros de extensión, de los que unos 12.000 son de carreteras de alta capacidad, lo que hace que tengamos la más extensa de Europa, los costes de conservación son crecientes y no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”.

¿Qué tipo de pago o peaje se plantea?

De momento, no hay nada cerrado pero la idea que se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos meses es que sea un pago de 0,01 euros por kilómetro recorrido, sin que esté definido si se abonará vía peaje en la sombra o será una tasa. Tampoco si afectará a todos los vehículos, si se aplicará en función de lo contaminantes que sean o si los transportistas profesionales quedarán exentos de su pago.

Tampoco es nueva la cifra de un céntimo por kilómetro. El ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya tuvo que pronunciarse sobre ese posible recargo. El pasado mayo descartó que se estuviera valorando esa cuantía. Pero sí dijo que se iba a pagar por usar la red de carreteras. “Alguien espera ser aplaudido por anunciar estas medidas? A nadie le gusta pagar, pero esto es una cuestión de sensatez y lógica”, aseguró. También afirmó que buscaría el consenso con otras fuerzas políticas antes de ponerlo en marcha. El mismo discurso que mantiene ahora su sucesora, Raquel Sánchez.

¿Qué pasa en otros países de la UE?

Las carreteras siguen siendo una cuestión nacional. Solo hay cinco países de la UE que mantienen su red de carreteras completamente libre de pago por uso: Finlandia, Chipre, Estonia, Luxemburgo y Malta. En cambio, en Alemania, por ejemplo, hay peajes para los vehículos pesados, lo que perjudica a los camioneros españoles, que también tienen que pagar por el uso de las carreteras de Bélgica o de Holanda. Mientras, en países como Grecia, Irlanda, Croacia o España se ha optado por modelos mixtos, donde hay determinadas vías que son de peaje, aunque son una parte muy pequeña de la red.

En otros Estados, como Austria, Bulgaria, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría o Rumanía, se ha optado por la opción de la 'viñeta', una suerte de abono que permite circular durante un tiempo determinado, ya sea anual, mensual o semanal. Hasta ahora, el modelo más estricto ha sido el de Portugal, que estableció el pago obligatorio en la vías de alta capacidad porque así se lo exigió la 'troika' (Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI) para lograr el 'rescate' de la crisis financiera de hace una década.

¿Hay consenso en el Gobierno de coalición?

No parece que el consenso en el Gobierno de coalición sea, de momento, factible. “Lanzan un globo sonda sobre la posibilidad de pagar peaje en las autovías. Que quede claro: nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora. O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales”, ha asegurado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

¿Puede reaccionar el sector del transporte con movilizaciones?

Es posible. “Esta situación puede provocar la gota que colme el vaso de un sector que está en el límite, en perjuicio de todos”, indica el presidente de Fenadismer, quien recuerda que por carretera se transporta “el 95% de casi todas las mercancías”.

“El sector está en una situación complicada, con lo que está suponiendo el aumento del coste de combustible”, destaca Julio Villaescusa. “Todos tenemos en mente lo ocurrido en 2008. Fue una semana y el país se paralizó”. Entonces, el paro fue motivado por los altos precios del gasóleo y dejó sin existencias a las gasolineras y a buena parte de los lineales de los supermercados.