Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF y el Ministerio de Hacienda y Función Pública han logrado cerrar un acuerdo sobre la subida salarial de los funcionarios para los próximos tres años. Las subidas salariales para los empleados públicos aseguran una subida mínima del 6,1% hasta 2020, que se irá materializando de manera escalonada en estos tres años, que puede llegar hasta un máximo de un 8,8%, en los casos que se incluya una partida de fondos adicionales y se cumplan previsiones económicas de crecimiento de PIB y cumplimiento de déficit. Además hay nuevas medidas para la conciliación y se eliminan los descuentos por baja médica.
Los sindicatos han informado del pacto sobre cómo serán los incrementos retributivos entre 2018 y 2020, en función de las diferentes variables. Además de las subidas fijas pactadas, figuran las relacionadas con el crecimiento del PIB, con el cumplimiento del déficit y con lo correspondiente a una dotación de 800 millones de euros en concepto de fondos adicionales. Estos fondos pueden suponer aumentos salariales en las diferentes administraciones públicas, tras un proceso de negociación colectiva, para la implantación de planes de mejora de la productividad o la eficiencia, la equiparación de puestos y la aportación de fondos de pensiones, entre otras medidas.
Las subidas fijas pactadas son de 1,75% (2018), de 2,25% (2019) y de 2% (2020). Este suelo se puede incrementar por varias vías. Por un lado, en concepto de los mencionados fondos adicionales se puede añadir en algunos ámbitos un +0,20%, +0,25% y +0,30%, entre 2018 y 2020. Por otro lado, si el PIB crece por encima del 2,5% en 2019 se sumaría hasta un 0,25% en 2019 y hasta un 1% en 2020. “Las retribuciones ligadas a los objetivos del PIB se abonarán con efectos de 1 de julio de cada ejercicio”, especifica el acuerdo.
En relación al cumplimiento de déficit marcado para 2020, se podría sumar un 0,55% más en el incremento de ese año.
Tasa de reposición del 100%
El acuerdo también fija la creación de empleo neto: se establece una tasa de reposición superior al 100% en la mayoría de los sectores, es decir, se reincorporará a la plantilla de áreas específicas más personal del que se jubile.
En las Administraciones Públicas que hayan cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, esta cifra se eleva al 108% en la tasa de reposición e incluso al 110% en administraciones locales. “Para aquellas Administraciones que no cumplan los requisitos (de déficit), la tasa de reposición será del 100% en los sectores prioritarios y del 75% en el resto, un 25% más que el año anterior”, explica UGT. Para las fuerzas y cuerpos de Seguridad, Policías autonómicas y Policía Local la tasa de reposición será del “115%”, detalla CSIF.
Estos datos “facilitan la implementación del Real Decreto sobre jubilación anticipada de la policía local”, destaca por su parte UGT, que calcula que puede afectar este año a cerca de 3.200 policías locales que ya tienen más de 60 años y en los próximos ejercicios a otros 4.000 tienen entre los 55 y 60 años.
Reducción de la temporalidad al 8%
Además, se universaliza el proceso de estabilización, lo que implica que la temporalidad en las administraciones públicas se rebajará al 8% en el período 2018–2020, además de la creación de nuevo empleo público. CCOO recuerda que en la actualidad, el porcentaje de empleo temporal en las administraciones públicas alcanza el 24%.
Según el acuerdo, este proceso de estabilización afectará a “todas las plazas del sector público ocupadas de forma temporal e ininterrumpida en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017”, explica el sindicato.
Nuevas medidas para la conciliación
En materia de conciliación, los funcionarios podrán disponer de una bolsa de horas de libre disposición acumulables, equivalentes a 11 días anuales, que serán recuperables en el período de tiempo que se estipule. Además, los empleados con hijos menores de 12 años o con discapacidad podrán acogerse a un plan concreto de jornada continua.
En el acuerdo también se eliminan los descuentos en los salarios por la baja médica. Por otro lado, “deberá regularse la forma de justificación de las ausencias por incapacidad temporal, mediante la exigencia del correspondiente parte de baja o documentación sustitutoria desde el primer día de ausencia”, estipula el documento de Hacienda. El acuerdo además impone la obligación de cada Administración Pública de diseñar “un plan de control de absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública, a través del respectivo portal de Transparencia”.
Otro punto del acuerdo es la recuperación de la jornada de 35 horas semanales (18 horas lectivas en educación) en las administraciones que cumplan los objetivos de estabilidad fijados por Hacienda. Una vez formalizado el acuerdo entre Gobierno y sindicatos, cada administración pública podrá establecer a través de la negociación colectiva esta jornada, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria.