Más de medio millón de euros. Es la cuantía que Hacienda reclama al Operador del Mercado Organizado de Gas en la Península Ibérica (Mibgas) por el IVA de 2018, ejercicio en el que esta empresa que financian los consumidores a través de la tarifa del gas todavía tenía como presidente a Antonio Erias, exdiputado del PP.
Erias fue colocado por el Gobierno de su amigo Mariano Rajoy en ese puesto cuando se creó Mibgas, cuyas referencias permiten estimar el precio mayorista de esta materia prima en España, protagonista por su efecto determinante en los sucesivos récords de la luz de este 2021 a causa del diseño del mercado mayorista eléctrico.
El conflicto con Hacienda arranca un mes después del cese de Erias, el 22 de marzo de 2019. Hacienda inició una inspección sobre el IVA del ejercicio 2018 relativa a la retribución que recibe Mibgas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
“La Agencia Tributaria considera que la citada retribución, al ser una contraprestación por la prestación de servicios sujetos, constituye base imponible de IVA y, por tanto, la Sociedad debería haber declarado el citado importe”, explica Mibgas en sus cuentas, accesibles a través de Insight View.
En diciembre de 2019, y “tras la recepción del acuerdo de liquidación por un importe de 554 miles de euros, la Sociedad presentó recurso de reposición, que fue desestimado el 16 de enero de 2020”.
Mibgas recurrió la liquidación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid el 7 de febrero de 2020, y ha mantenido ese criterio con el IVA tras la salida de Erias y la llegada de su actual presidente, Raúl Yunta.
Esto ha propiciado otra inspección y la firma, el pasado 14 de enero, de una nueva Acta de Disconformidad, con otra cuota a ingresar de 301.903 euros.
“Los auditores de la compañía son conocedores de ambos procedimientos de inspección y no estiman la existencia de un riesgo para la Sociedad y sus cuentas”, señalan fuentes de Mibgas. De hecho, el operador no ha registrado ninguna provisión por estos litigios. Considera que “hay alta probabilidad de éxito en el recurso presentado”.
Su criterio se apoya en una consulta planteada por la CNMC ante la Dirección General de Tributos (DGT), que emitió su conclusión el 6 de febrero de 2020, la víspera de la presentación de ese primer recurso ante el TEAR. Según Mibgas, en ella “se confirma” que las cantidades que recibe de la CNMC “no determinan la existencia de una relación jurídica entre la misma y el operador de mercado organizado del gas”.
Ambas “se intercambian prestaciones recíprocas”, por lo que, asegura, la dirección de Tributos “concluye que las cantidades percibidas de la CNMC no constituyen la contraprestación de operación alguna sujeta al IVA y que su percepción no estará sujeta a dicho impuesto”.
Del escaño al consejo
Erias, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de A Coruña, aterrizó en Mibgas en 2015 procedente del Congreso. Allí fue durante años portavoz de Energía del PP, tras ser concejal en A Coruña y vicepresidente de la Diputación provincial. Cesó dejando al operador en pérdidas después de garantizarse una indemnización de 724.000 euros por su despido, inferior a sus pretensiones y adicional a sus más de 400.000 euros brutos de sueldo anual.
En total, Erias recibió unos 2,4 millones por sus servicios en la empresa durante un mandato en el que la CNMC ajustaría drásticamente a la baja la retribución de Mibgas. En un duro informe, el organismo cuestionó sus elevados gastos de personal, con un coste medio por empleado “superior al del resto de sociedades reguladas que realizan actividades análogas o comparables” (REE, el operador del mercado eléctrico OMIE y Enagás).
Competencia obligó a dejar fuera de las partidas sujetas a retribución regulada (a cargo del consumidor) las dietas de los consejeros de Mibgas y las amortizaciones derivadas de una de las primeras decisiones de Erias cuando llegó a la empresa: comprar un coche valorado en unos 62.000 euros.
Al igual que su mayor accionista, el Operador del Mercado Ibérico de Energía (la entidad que fija cada día los precios de la electricidad), Mibgas tiene capital privado. Sus accionistas son Omel (32,13%), su equivalente portugués OMIP (10%), Enagás (13,3%), la lusa REN, compañías del sector eléctrico y petrolero y algunas entidades financieras, entre otras. La financian los usuarios (a través del recibo del gas) y en ella tiene un papel determinante la Secretaría de Estado de Energía, que debe dar el visto bueno al nombramiento de su máximo responsable.
Desde la llegada de su actual presidente, Mibgas ha ido ganando protagonismo como plataforma de negociación del gas en el mercado ibérico, gestionando un 20,4% de la demanda hasta septiembre, 7,4 teravatios hora (TWh). Con Erias ese porcentaje nunca llegó a superar el 10%.
Sus referencias de precios diarios, que se han disparado en los últimos meses por la crisis energética global, aunque el pasado viernes, pese al cierre de uno de los dos gasoductos Argelia-España, cayeron más de un 12% y la referencia europea TTF marcó su nivel más bajo en dos meses, ante la expectativa de más entregas de gas ruso a partir de noviembre. Los precios de Mibgas han servido para calcular el recorte a la retribución de las eléctricas aprobado en septiembre por el efecto de la subida exponencial del gas en el pool eléctrico. Un severo ajuste que el Gobierno acaba de corregir eximiendo a los contratos bilaterales para tratar de garantizar precios “razonables” a la industria, en expresión de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.