Las hipotecas de miles de familias vuelven a tener una cita clave en la justicia europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamina este martes sobre la transparencia del Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios (IRPH), que tienen en torno a un millón de hipotecas en España. El abogado general, cuya posición no es vinculante pero sí suele seguirse, ya avanzó en septiembre que este índice era “poco transparente y complejo”.
Los bancos españoles se juegan, de nuevo, una factura millonaria en los tribunales por la comercialización de hipotecas con cláusulas que no cumplían con las exigencias de transparencia de Europa, como ya ocurrió con las cláusulas suelo. Lo que dictamine el TJUE será la doctrina que se utilice en los tribunales españoles para los miles de clientes afectados. Las asociaciones de consumidores y los despachos de abogados ya se preparan para volver a llevar demandas por cantidades que habrían sido indebidamente cobradas.
Este caso no llega de nuevas a un sector que ya tiene contabilizados en sus balances los contratos hipotecarios vinculados al IRPH. Según fueron explicando durante el año pasado a los reguladores del mercado en diferentes comunicaciones, los principales bancos españoles cuentan con algo más de 16.000 millones de euros en este tipo de créditos inmobiliarios. Algunos de estos grupos financieros han ido reduciendo en el último ejercicio su exposición a estos créditos.
Caixabank, la entidad más expuesta
CaixaBank es la empresa más expuesta, al haber reconocido 6.000 millones de euros en hipotecas ligadas a este tipo de interés. Le siguen Banco Santander, con 4.300 millones, BBVA, con 2.800 millones, y Bankia, con 1.600 millones. Sabadell, según un informe de RBS, contaría con 800 millones en este tipo de préstamos y Bankinter no tendría exposición a esta sentencia, al no haber comercializado estos créditos. Respecto a las entidades medianas, Kutxabank cuenta con 727 millones, Liberbank con 209 millones (de los que 99,5 millones están en hipotecas de los propios empleados), Unicaja tiene 200 millones e Ibercaja, 50 millones.
El IRPH era un tipo de interés que se aplicaba en hipotecas hasta 2013. A grandes rasgos, consistía en una media de los tipos de interés del mercado publicada por el Banco de España. Se trataba de una alternativa al euribor, fijado por el Banco Central Europeo, frente al cual se presentaba como más estable, con menos volatilidad, en un momento en el que el índice europeo no dejaba de crecer.
En la práctica, tal y como denuncian las asociaciones de consumidores, acabó suponiendo un índice más caro para el consumidor que si se hubiera aplicado el euribor. Según cálculos de Adicae o Asufin, un cliente con una hipoteca ligada al IRPH pagó, de media, más de 20.000 euros desde 2004. Para que sirva de referencia: según los datos actuales del Banco de España, el IRPH se encuentra en un 1,82%, frente al euribor, que está en el -0,253%.
El abogado general de la UE concluyó en septiembre que este índice debía someterse a un control judicial por ser “poco transparente y complejo”. En su dictamen, apuntaba que se debía de aplicar una serie de requisitos de transparencia y de información al cliente para que este índice no fuera potencialmente abusivo. Es decir, pide a los jueces que investiguen si en el momento de firmar el contrato se aportaron datos como la evolución de este índice o el método de cálculo, de manera transparente y comprensiva.
Queda por ver si este es el criterio que sigue el TJUE, cuya sentencia se produce un año después de la vista oral sobre el caso, que se celebró el 25 de febrero del año pasado. El impacto para el sector y, por tanto, la capacidad de los clientes de recuperar cantidades cobradas en estos años dependerá de los criterios respecto a la retroactividad de la sentencia, algo en lo que no entró el abogado general.
De estas conclusiones de la justicia europea debe surgir el criterio general para todos estos casos. Los tribunales han tenido posiciones dispares. Según una recopilación hecha por Adicae, de 45 audiencias provinciales que han tratado casos de IRPH, en nueve de ellas la doctrina se inclina por dar la razón al cliente como índice poco transparente, entre ellas Madrid, Bizkaia, Álava, Asturias o Baleares. En el resto, dictaminan en contra.
Impacto en la banca: de 3.000 a 44.000 millones
Si el TJUE sigue la posición marcada por el abogado general, abrirá una nueva vía judicial para que los clientes reclamen a los bancos cantidades indebidamente cobradas, así como una salida para las miles de demandas que ya están en los juzgados. Se suma a la lista de otras cláusulas como las suelo, las de vencimiento anticipado o los intereses de demora, puestas en duda por la justicia.
Queda por ver cuál podría ser el impacto económico para las entidades: los cálculos van desde los 3.000 millones de Morgan Stanley a los 44.000 millones de Goldman Sachs. Lo que sí está claro es que un dictamen contrario a sus intereses llegaría en un momento complicado para su negocio, con baja rentabilidad, y de transformación de su modelo.
El año pasado terminó con una caída del 19% en los beneficios de los seis principales bancos españoles. Algunas entidades, como Bankia, avanzaron recientemente que una sentencia contra el IRPH podría afectar a los objetivos de dividendos del grupo.