A sus 39 años y con dos hijas a su cargo, Sonia tiene que hacer malabares todos los meses para alcanzar a pagar los recibos que puntualmente y sin excepción acuden a su cuenta bancaria. Como cuidadora de una persona mayor, su sueldo apenas alcanza los 400 euros mensuales por cuatro horas diarias de lunes a viernes. Junto a su pareja, actualmente desempleada, el de Sonia es uno más de los hogares formados por dos adultos y dos niños que viven con ingresos inferiores a 16.823 euros anuales, por debajo del denominado umbral de riesgo de pobreza.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado esta semana la Encuesta de Condiciones de Vida que radiografía la pobreza en España. Entre las conclusiones más importantes, la de que el 22,1% de la población que vive en España está en riesgo, una situación que apenas ha variado desde 2013. Y dentro de este grupo, la población desempleada sufre los reveses de la pobreza con especial dureza: el 44,8% de las personas en paro vive en riesgo de exclusión social.
Sonia y su pareja luchan para sacar adelante a dos niñas de 14 y 11 años, que reciben una manutención de su padre y expareja de Sonia. “Intento trabajar todo lo que puedo y cuando salen horas extra las tengo que hacer”, relata. No reciben ninguna ayuda: “Fui al INEM a pedir una ayuda pero me dijeron que no, porque mi trabajo de cuidadora es sin cotizar. Mi amiga también fue y le dijeron lo mismo”. Cuando el Estado falla, los recursos familiares aparecen como tabla de salvación en los peores momentos. A Sonia solo sus hermanas la ayudan: “No pueden hacerlo económicamente, pero sí con ropa y calzado”.
El estudio del INE señala que el 9,4% de las personas arrastra impagos de alquiler o facturas. No es el caso de Sonia: “Ahora mismo estamos consiguiendo llegar a pagar las facturas, las tengo al día, porque si te quitan la luz o el agua ya sí que no puedes vivir. Prefiero quitarme de otros sitios, la verdad”.
Ser inmigrante aumenta el riesgo
Uno de los factores clave del riesgo de pobreza es la nacionalidad. Según el INE, entre las personas extranjeras que no son de la Unión Europea el riesgo se dispara hasta el 55,3%. Entre los procedentes de la UE supone el 33,3% y, de entre las personas de nacionalidad española, un 18,8% vive en riesgo de exclusión.
Un ejemplo es Odalis, de 44 años y que cuida sola de sus hijos de 17 y 12 años. Es de origen dominicano y desde principios de mayo trabaja como empleada del hogar dada de alta en la Seguridad Social. Previamente había estado todo un año sin empleo estable. Se separó del padre de sus dos hijos y salvo en algún momento puntual, este no pasa manutención alguna a la familia. Durante todo el periodo que estuvo sin ingresos regulares, tuvo que apañarse con trabajos de cuidados por los que recibía “muy poco dinero”.
“La asistenta social me estuvo tramitando la petición de la renta mínima, pero finalmente no me la dieron por haber estado antes tres meses en mi país”, cuenta. “Fue muy duro salir adelante, pero recibía una ayuda de la Cruz Roja de 80 euros y luego la asistenta social de la Iglesia nos daba comida cada mes. Con eso tirábamos”.
En esa situación de precariedad derivada de ingresos tan bajos, los impagos de facturas y los retrasos por el alquiler han sido constantes. “En una ocasión se me juntaron cuatro facturas, la asistenta social de la iglesia me pagó una y el resto las fui pagando como pude. Pero aún así ahora debo 400 euros de luz, porque me cambiaron de compañía y me llegan recibos de 200 euros cuando antes eran de 30 o 40”. El alquiler es una de sus mayores preocupaciones: “Yo quería pagar el piso poco a poco pero el propietario no, y me quiere echar”. Todo esto la ha llevado a Progestión, el centro al que acude para recibir atención psicosocial para el estrés provocado por la situación.
La precariedad también es pobreza
En una situación distinta pero cada vez más común está Lorenzo. A sus 27 años y con un título de abogado en la pared de su casa, trabaja de lunes a viernes en un despacho de Huesca. En el último año apenas ha ingresado unos 6.000 euros, por debajo de los 8.011 euros al año para un adulto estipulados como umbral de riesgo de pobreza. Con esas ganancias asegura que intenta llevar la mejor vida que puede. “Llevo tres años de autónomo, con todo lo que eso conlleva”, añade. No es fácil manejarse: “Hay meses en los que los gastos llegan de golpe y cuesta más”. Por suerte, puede contar con la ayuda de sus padres, con los que vive y de los que tiene que tirar “de vez en cuando”.
Aunque está deseando independizarse desde hace tiempo, Lorenzo encaja en el perfil de español joven condenado a vivir con sus padres, un patrón que según el INE se reproduce en más de la mitad de los chicos y chicas de entre 25 y 29 años en España. Lorenzo no se considera pobre pero sí con “un empleo precario, porque mi sector es especial. Los abogados necesitan muchos años para tener un estatus económico normal. Para mí no es lo mismo entender la pobreza como una situación en la que estás desamparado que tener un empleo con unos ingresos irregulares o bajos”.
Una de las variables que tiene el cuenta el INE para medir la pobreza son las vacaciones. Poder tenerlas o no. “Es difícil porque tienes que recortar por otros lados para poder irte. Lo bueno es que hay una oferta muy amplia para irte sin hacer grandes dispendios, solo te tienes que adaptar a lo que tienes y calcularlo bien”.