Teletrabajo a costa de los empleados y empleadas del sector del contact center, un sector con un salario medio de “800 euros”, subrayan los sindicatos. “Ni un euro”, dice una trabajadora y responsable de CGT. El sindicato criticó hace unos días el impago generalizado de compensaciones por el trabajo a distancia en el sector, también conocido como telemarketing, pese a que lo obliga la Ley de teletrabajo. CCOO y UGT han denunciado también esta situación en una rueda de prensa, además del “bloqueo” del convenio colectivo por parte de la patronal, la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), con la que mantienen importantes diferencias en las subidas salariales. Este mes tendrán lugar dos jornadas de huelga: el 13 de mayo, convocada por CCOO y UGT, y el día 26, organizada por CGT.
Las dos jornadas de huelga de este mes se suman a los paros parciales y a las movilizaciones que los sindicatos han organizado desde marzo en el sector, que emplea a “unas 120.000 personas”, muchas de ellas mujeres. USO, aunque no es convocante de las huelgas de este mayo, también ha denunciado el “bloqueo de la negociación del convenio”, que concluyó su vigencia en 2019. Desde el sindicato confirman a elDiario.es que el teletrabajo “no se compensa”.
La Ley de Trabajo a Distancia obliga de manera expresa a las empresas a compensar los gastos derivados del teletrabajo a su personal, una cuestión que puede definirse en la negociación colectiva. Todos los sindicatos denuncian que la inmensa mayoría del sector, que acaparan mayoritariamente cinco empresas (Konecta, Atento, Intelcia, Majorel y Teleperformance), no abona nada a sus plantillas por el teletrabajo. “Solo Majorel paga”, ha explicado Chema Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO.
elDiario.es ha preguntado a la patronal CEX por estos impagos, pero han respondido que no van a “realizar ningún tipo de declaraciones para no interferir en las negociaciones del convenio colectivo”.
Ya no hay teletrabajo excepcional por la pandemia
El argumento habitual de las empresas del sector (y muchos otros) para justificar el incumplimiento de la regulación de teletrabajo apunta a la excepcionalidad de la pandemia, que permitió el despliegue de esta herramienta sin cumplir todas sus garantías para evitar los contagios. La COVID ha servido como pretexto a algunas empresas aunque en muchos casos la excepcionalidad no se sostiene desde hace meses y, en el contexto actual, mucho menos.
El propio Ministerio de Trabajo desmontaba este argumento, incluso antes del fin de las mascarillas en interiores, en una consulta de CGT. “Parece difícil entender que en la actualidad se mantienen medidas que justifiquen la aplicación del trabajo a distancia” por la pandemia “puesto que esas medidas deberían, como poco, tener una entidad similar a las que formaron parte de cualquiera de los estados de alarma aprobados desde marzo de 2020. En la actualidad resulta manifiesta la inexistencia de medidas de tal categoría”, respondió la directora general de Trabajo, Verónica Martínez.
En muchos casos, el personal no solo no recibe compensaciones por los gastos derivados del teletrabajo (como la electricidad), sino que además tiene que usar sus propios equipos para trabajar: cascos, ordenadores, móviles y mobiliario como las sillas y mesas, que no están preparados para la actividad laboral. “Con la pandemia, las personas trabajadores hemos puesto a disposición nuestras cocinas, nuestras habitaciones, nuestros salones”, ha explicado Maria Pedraza, trabajadora del sector desde los 80 y responsable de UGT. “Son gastos que se han estado ahorrando estas empresas, con beneficios superiores a los de 2019 y ahora nos proponen unos incrementos [salariales] irrisorios”, critica Pedraza.
Subidas de sueldo del 2,5% en un sector pujante
CCOO y UGT han denunciado además las subidas salariales propuestas por la patronal en el convenio como “irrisorias” y “un insulto” dado el crecimiento de los ingresos del sector y la elevada inflación, que se situó el 8,4% en abril. La CEX ha puesto sobre la mesa la congelación de salarios en 2020, “pese a que el sector aumentó ese año su negocio incluso en pandemia”, han criticado los representantes de las plantillas.
Para 2021 el alza sería de 0,8%, y en 2022 y 2023 el incremento podría alcanzar el 2,5% anual, “sin cláusulas de revisión salarial” según la evolución de los precios, como reclaman los sindicatos a nivel estatal. Los sindicatos rechazan de plano esta oferta. “Desde el último convenio, hay una pérdida del 16% del poder adquisitivo de estos trabajadores”, ha apuntado Antonio Oviedo, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.
El salario medio en el sector alcanza “los 800 euros” mensuales, con un elevado peso de las jornadas a tiempo parcial, que los sindicatos tachan de injustificadas en muchos casos. Varias categorías profesionales del anterior convenio ya han quedado por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), de 1.000 euros brutos al mes, advierten los sindicatos.
Los trabajadores reclaman una mejora de las remuneraciones en un sector que pone la voz y la atención diaria de los clientes de grandes multinacionales, como las entidades financieras, compañías telefónicas y las aseguradoras. “Pero también las administraciones públicas”, han recordado CCOO y UGT este martes, por ejemplo en numerosos servicios de emergencias. CCOO y UGT advierten de que, si la patronal no cambia de actitud, convocarán una jornada de huelga al mes.