“Impuesto revolucionario”, “decepcionante”, “injustificado”, “desorbitado” o “solución final” para las renovables. Son algunos de los calificativos que emplearon en julio de 2013 varias comunidades autónomas gobernadas por el PP para arremeter contra la propuesta de Real Decreto para regular el autoconsumo que el Ministerio de Industria les había hecho llegar en esas fechas por vía de urgencia.
Así consta en la documentación que, a regañadientes y obligado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el Ministerio ha remitido a Access Info Europe y a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético tras la solicitud de ambas entidades para acceder a los documentos y reuniones vinculadas a la elaboración de la polémica normativa que desde octubre pasado regula la autoproducción de electricidad.
El “peaje de respaldo” que contemplaba el primer borrador, conocido como ‘impuesto al sol’, objeto de mofa internacional en publicaciones económicas de prestigio y rebautizado después por Industria como “cargo por autoconsumo”, suscitó un amplio rechazo y escasas adhesiones (básicamente, de las grandes empresas eléctricas) entre los miembros del Consejo Consultivo de Electricidad que remitieron alegaciones a la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el verano de 2013.
En el caso de las Comunidades Autónomas, el borrador se topó con el rotundo rechazo de Asturias, Andalucía, Catalunya y Canarias, gobernadas por formaciones distintas al PP y el tibio apoyo de Baleares, Comunidad Valenciana (ambas con gobiernos populares) y Euskadi, donde se ubica la sede fiscal de Iberdrola, considerada inspiradora del polémico impuesto al sol.
Sin embargo, sorprende la dureza de las seis regiones entonces gobernadas por el PP: Madrid, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Galicia y Murcia. En especial, Castilla y León, que en la anterior legislatura se enfrentó abiertamente al entonces ministro de Industria, el dimitido José Manuel Soria, por su nulo interés en aprobar medidas en favor del carbón nacional.
En un escrito remitido el 30 de julio de 2013, la Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía castellano-leonesa advirtió de que cobrar un peaje de respaldo por la energía producida por una planta de autoconsumo tras haber pagado la instalación “resulta desproporcionado y podría calificarse de penalización o impuesto revolucionario por no comprar la energía a los grandes productores eléctricos”.
Añadía que “los números en la fotovoltaica no salen” y alertaba de que “pagando los peajes a dos empresas distintas [el de acceso a la distribuidora y el de respaldo a la comercializadora] se disminuyen ambas facturas y con ello se 'engaña' al consumidor en relación a los costes reales del autoconsumo y, en todo, caso le 'lían', desincentivando el autoconsumo”. Respecto a las durísimas multas incluidas en el régimen de inspecciones a las instalaciones, señalaba: “No se entiende la persecución a la fotovoltaica”.
Madrid, entonces gobernada por el PP con mayoría absoluta, comenzaba así su análisis: “Con carácter general, este proyecto de Real Decreto nos parece decepcionante y poco adecuado para la consecución de los objetivos básicos de nuestra política energética”. “Existe consenso entre los principales expertos del sector energético en que el futuro debe pasar por el fomento de la generación distribuida” y “tras la práctica desaparición de los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de energía renovable y de cogeneración” decretada por Soria nada más llegar al cargo, “el fomento del autoconsumo resulta la vía natural para el desarrollo de estos sectores”.
Sin embargo, “nos tememos que el texto que nos ocupa va a ser poco eficaz en este sentido”. Respecto al peaje de respaldo, el Gobierno de Ignacio González advirtió de que “en lo que sabemos, este gravamen no existe de esta forma en ningún otro país”, una observación que también realizaron Murcia y Aragón.
Otro Gobierno del PP en esa época, el extremeño, señaló que “esta nueva regulación del autoconsumo no contribuye a su desarrollo e incide también de una forma totalmente negativa en el ahorro y la eficiencia energética”. “Se articula un mecanismo que impide el desarrollo de cualquier instalación”, resumía. Respecto al impuesto al sol, “si resulta injustificado el establecimiento de un peaje de respaldo por la energía auto consumida, lo es aún más el hecho de que este peaje sea mayor que el peaje de acceso que paga el consumidor normal”.
Sobre las infracciones, “parece desproporcionado considerar como infracción muy grave el retraso o la imposibilidad de adaptarse a lo establecido en el real decreto, sancionable con multa de hasta 30.000.000 de euros, (…), una medida contraria al principio de proporcionalidad que debe regir en materia sancionadora”. También consideró “desproporcionado igualar (como infracción muy grave, sancionable con hasta 60 millones de euros) los incumplimientos de información sobre el autoconsumo con falsear las cuentas, aplicar precios irregularmente o no atender a la separación de actividades”.
“Solución final”
Murcia, otra de las regiones gobernadas por los conservadores que más se ha significado por su rechazo a la política energética de Industria durante la legislatura de Mariano Rajoy, llegó a sugerir que el borrador se parecía a un holocausto para las renovables, al calificarlo de “solución final” para el sector “con resultado de previsible paralización total de la actual industria renovable, sobre todo fotovoltaica”. “Esta regulación así propuesta resulta contraria a sus objetivos declarados, y por ello contraria al desarrollo del autoconsumo, incurriendo a la vez en inseguridad jurídica”. “Supone el establecimiento de una barrera de entrada a la competencia en el sector eléctrico, fortaleciendo el poder de mercado de ciertos operadores que ostentan una posición transversal y monopolística en el sector”.
La Xunta de Galicia advirtió de que “el peaje de respaldo es totalmente desorbitado para la teórica función que cumple, encareciendo el autoconsumo hasta el punto de ser más caro que el peaje de acceso que venía pagando el consumidor por el suministro eléctrico convencional”. “Se frena este mercado emergente y se contribuye a la destrucción de un tejido productivo compuesto por pequeños instaladores y distribuidores eléctricos”.
Access Info y la Plataforma por un Nuevo Energético han anunciado un recurso contra la resolución del Consejo de Transparencia, porque “se limita a pedir al Ministerio que se facilite la información remitida durante los trámites de audiencia pública”. Reclaman la publicación de toda la información y documentos que se utilizaron durante el proceso, por considerar que el decreto “se debatió y aprobó de una forma muy poco transparente”.
La Secretaría de Estado de Energía se ha limitado a señalar, en una misiva remitida el 12 de abril, cuatro días antes de la dimisión de Soria por el escándalo de sus sociedades en los paraísos fiscales de Jersey y Bahamas, que entre 2013 y 2015, durante la tramitación del decreto, “por lo que respecta a la Dirección General de Política Energética y Minas, se mantuvieron seis reuniones con representantes de la Plataforma Autoconsumo (en mayo de 2013), Iberdrola (en abril de 2013), Diputada ICV (en abril de 2013), Sercobe (en febrero de 2013) y UNEF (en enero de 2013 y noviembre de 2015)”. Respecto a las alegaciones, en el trámite de audiencia llevado a cabo por el Ministerio el pasado verano “se recibieron alrededor de 15.000”, de las que la mayor parte corresponden “a tres modelos remitidos de manera masiva por los ciudadanos”.