“Ha sido gordo, pero se ha controlado”. Así resume una fuente con conocimiento directo del asunto el suceso vivido la pasada madrugada en Trillo (Guadalajara). El transformador principal de la central nuclear se incendió horas después de que el martes la planta notificase que había tenido que realizar una parada de mantenimiento imprevista. El motivo, la reparación de una válvula del sistema de refrigeración de componentes nucleares.
La casualidad ha querido que se solapasen ambos sucesos, en principio sin correlación entre sí, según fuentes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en vísperas de que este miércoles el pleno de este organismo aprobase informar favorablemente al Ministerio para la Transición Ecológica sobre la prórroga de la central de Cofrentes (Valencia).
El CSN ha informado a favor de que la planta valenciana, propiedad de Iberdrola, opere nueve años más, hasta el 30 de noviembre de 2030, en línea con las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno.
El CSN, que ha elaborado un total de 46 informes técnicos especializados para tramitar su dictamen, exige adoptar una serie de “acciones relacionadas con la gestión del envejecimiento y la Operación a Largo Plazo (OLP)”, al rebasar Cofrentes en 2024 los 40 años de vida para los que fue inicialmente diseñada.
El susto del miércoles en Trillo llega en un momento en el que el lobby nuclear ha intensificado su campaña contra la falta de rentabilidad de estas instalaciones por la “excesiva” fiscalidad que, dicen, soportan, y ante los bajos precios que se atisban en el mercado mayorista de electricidad para los próximos años por el auge de las renovables.
La semana pasada, Foro Nuclear reclamó “una solución” para que las centrales puedan ser viables y seguir operando en línea con el plan acordado con Transición Ecológica para los próximos años, y no “por amor al arte” como ahora. Esa solución pasaría por “tocar” la fiscalidad de las nucleares, establecer un “precio regulado” para la electricidad que producen, como está negociando Francia, o “una mezcla de ambas”.
Los sucesos en la central alcarreña afectan a la última central nuclear en inaugurarse en España. Trillo inició sus operaciones en agosto de 1988 y tiene como accionistas a prácticamente todas las grandes eléctricas: Iberdrola (48%), Naturgy (34,5%), EDP (15,5%) y Nuclenor (2%), de Iberdrola y Endesa. Junto a Vandellòs, será la última en cerrar, según el calendario de cierre pactado por el Gobierno y las eléctricas para un progresivo apagón nuclear entre 2027 y 2035.
Prealerta de emergencia
Ninguno de los dos sucesos declarados en la planta alcarreña ha comportado riesgo para las personas ni para el medio ambiente. El regulador atómico los ha clasificado como nivel 0 (el más bajo) en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). No obstante, el incendio del transformador, un suceso en principio fortuito que va a obligar a la planta a parar unos días para sustituir o reparar el equipo, obligó a activar lo que en el argot nuclear se denomina “prealerta de emergencia”, al tener el fuego una duración superior a los 10 minutos.
Como la central tuvo que activar su Plan de Emergencia interior, “cumpliendo con los compromisos adquiridos como punto de contacto nacional para la notificación rápida en caso de emergencia, con la Unión Europea (ECURIE) y el Organismo Internacional de Energía Atómica (EMERCOM), el CSN lo ha comunicado a estos organismos internacionales”, explica el regulador en una nota.
El siniestro se produjo sobre las 2.30 horas del miércoles, cuando comenzó a arder uno de los tres enormes transformadores que evacúan la electricidad que genera la central. El fuego tuvo una duración de unos quince minutos. Para sofocarlo no tuvieron que acudir equipos externos. La brigada contra incendios de la propia instalación confirmó su extinción a las 2.45 horas y la prealerta quedó desactivada a las 3.45 horas.
Con el conocimiento que se tenía este miércoles, el suceso de Trillo no debería derivar en un expediente sancionador por parte del CSN porque no tendría relación con una mala práctica de la central, indican fuentes al tanto del proceso. El regulador, una vez analizado el informe de su inspector residente en la central, procederá a analizar posibles incumplimientos de tareas de mantenimiento, en cuyo caso sí derivaría en un expediente. Asimismo, si hubiera una sucesión de incidentes en el tiempo, el CSN podría pedir un plan correctivo a los titulares de la planta.
Hace dos semanas, se presentó en el comité de información de Trillo que en 2019 se llevaron a cabo 19 inspecciones (17 del Plan Básico de Inspección, una de seguridad física y otra suplementaria de grado 1), sin que de ninguna de ellas derivara en apercibimientos o propuestas de sanción al titular, tal y como recoge Europa Press.
En el último acta de inspección colgada en la web del regulador, de mayo de 2019, destaca como hecho reseñable (“no conformidad”, en el argot del CSN) el derrame, durante un desatasco de tuberías, de unos 10 litros de ácido sulfúrico en un cubículo de un edificio auxiliar de la planta. El percance, que obligó a desalojar cinco horas varias dependencias de la central, produjo algunos daños materiales, aunque “no sobre equipos de seguridad”. Del derrame, ocurrido en la mañana del 11 de enero de 2019, “no se informó a la Inspección residente” hasta tres días después, “a pesar de que ésta estaba presente en planta”, según el acta.