El año pasado (2015) se cerró con un aumento del gasto público del 1,1% en el conjunto de las Administraciones Públicas, pero esta mejora se repartió de forma muy desigual. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que recogen el reparto del gasto por funciones, el año pasado Defensa mejoró un 16,2%, de lejos la partida más premiada en este año de gasto público expansivo. Pese a la mejora, Defensa se lleva 10.425 millones de euros, a mucha distancia de los grandes gastos del Estado.
Esta clasificación del INE (que le pasa la Intervención General del Estado) distribuye el gasto de forma mucho más comprensible agrupando todos los gastos de las administraciones (Central, local y autonómica) por la función del gasto. Así se agrupan en Salud, Educación, Protección Social o Protección al Medioambiente (ver gráfico), ordenando gastos en muchas ocasiones dispersos, no solo por las diferentes administraciones, sino también porque a veces se encuentran fuera del ministerio adscrito. De esta forma, cualquier gasto en Defensa, más allá de la partida asignada al ministerio, aparece reflejado en esta clasificación.
En 2016, el Estado gastó 10.425 millones de euros destinados a Defensa, siendo el gasto en personal la partida más importante, con hasta 6.154 millones de euros en masa salarial, un 2,5% más que el año anterior. El gasto en Defensa recupera así el nivel de 2011 después de varios años de subidas y bajadas que han dejado una evolución de esta partida poco constante.
La segunda partida que más creció es la que englosa el apartado Salud. El Estado mejoró el gasto en todas las actividades relacionadas con este área en un 4,9%. El gasto en esta partida se había congelado en 2014 pero había sufrido recortes constantes desde 2008. De hecho, y pese a este fuerte incremento, aún está a 6.000 millones de euros de distancia de la cota alcanzada en 2009.
La tercera función con un mayor incremento de gasto público es Seguridad y Orden Público, objetivo en el que se gastó un 4,7% más. Esta partida no sufrió recortes hasta el año 2011, y su tajo más significativo tuvo lugar en 2012. Eso hace que el gasto en seguridad se quede así muy cerca de su nivel máximo, alcanzado ya en plena crisis. De hecho, el gasto en sueldos, 17.400 millones, ya es prácticamente el mismo que en los años previos a los recortes. Cabe destacar que en esta partida también están incluidos los gastos en tribunales de justicia y prisiones, además de los policías y otras fuerzas de seguridad del Estado.
Los que siguieron perdiendo
Pero ni siquiera en el primer año de recuperación sólida todas las partidas de gasto público crecieron y en realidad eso fue bueno para la economía. Gajo el epígrafe “Servicios Generales” se recortó un 3,8% el gasto. Este apartado es un cajón de sastre donde se engloban la ayuda al exterior, los órganos ejecutivos y legislativos, la I+D que no tenga ninguna relación con la defensa y las operaciones de deuda. El abaratamiento de la refinanciación ha sido uno de los apartados que ha podido lastrar por lo tanto este capítulo.
El peso de la deuda en este capítulo, que es un gasto que sostiene por así decirlo en engranaje del Estado, hace que esta sea una de las pocas funciones que ha subido durante la crisis y que a día de hoy aún está muy por encima de lo que se dedicaba en 2008.
Otra partida que sufrió la tijera en 2015 es la que se denomina Asuntos Económicos. En ella se incluye el gasto en transporte, combustible y comunicaciones. El gasto en esta partida es muy volátil y fluctúa mucho dependiente del precio del petróleo. En 2015 se redujo un 0,5% pero lo cierto es que su máximo se alcanzó en 2012, arrastrando los altos precios de los hidrocarburos de años anteriores.
La función más abultada en la que gasta el Estado es la protección social, que aunque se mantuvo estancada en 2015 se llevó 184.147 millones de euros. El gasto en prestacionesse lleva el grueso de la protección social, con casi 149.000 millones de euros dedicados al pago básicamente de pensiones que desembolsa la Seguridad Social. Con todo, en este apartado se incluyen también los gastos en políticas de vivienda, de mayores, o de exclusión social.
En el apartado de las remuneraciones, donde se registra la masa salarial que se paga a los empleados públicos según la función a la que están designados, se observa cómo después de los abruptos tajos de 2012 –llegaron a ser de hasta el 13% en los recursos humanos destinados a la protección del medioambiente– por fin empieza a repuntar. Pese a la mejora de 2015 (de media la masa salarial subió un 3,4%), los salarios públicos aún están 6.000 millones de euros por debajo del pico alcanzado en 2009.