Pedro Sánchez propone subir impuestos medioambientales, a rentas altas y a empresas para ingresar 6.420 millones más
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha abogado por subir al 15% el impuesto mínimo sobre el resultado contable de los grupos multinacionales en España, además de reconsiderar la exenciones de plusvalías interiores, y subir el IRPF hasta el 52% a las rentas superiores a 150.000 euros, entre otras medidas, para incrementar los ingresos públicos en 8.000 millones como alternativa al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 que el Gobierno presentó en el Congreso hace unas semanas.
Bajo el título “Hagamos un país mejor”, Sánchez ha explicado que su “alternativa presupuestaria propone un nuevo contrato social en tres términos: crecimiento justicia social y sostenibilidad medioambiental”. Además del incremento de la imposición fiscal a rentas mas altas (aumento de la recaudación de 400 millones) y a grupos empresariales, que supondría un incremento de ingresos de 4.000 millones, según el secretario general del PSOE, también ha planteado gravar el ahorro “para los contribuyentes que obtienen más de 50.000 euros de base de ahorro y unas rentas superiores a 150.000”, con una subida de del tipo, que no han detallado, pero que estiman que supondría “una recaudación adicional de 1.500 millones”.
Posteriormente el secretario de secretario de Política Económica y Empleo, Manuel Escudero, ha detallado que la subida del tipo tendría como objetivo llegar “al entorno del 30% del ahorro”, con lo que no se acerca a “una convergencia total con el 52% del IRPF”.
A preguntas de los periodistas, el líder socialista ha remarcado que no tienen previsto ningún incremento de la fiscalidad para los ciudadanos que cobren entre 60.000 y 150.000 euros.
Sánchez también ha propuesto la equiparación de los tipos de gravamen del gasóleo y la gasolina, para conseguir un aumento de la recaudación de 600 millones en 2018, aunque se seguiría equiparando escalonadamente hasta conseguir ingresos de 2.140 millones. También ha señalado, sin dar detalles, la necesidad de una reforma fiscal de la energía. Además de este incremento en la recaudación, la propuesta socialista parte de un aumento de ingresos vía lucha contra el fraude fiscal de 1.500 millones.
Además, el dirigente socialista ha apuntado que habría “2,500 millones de ahorro publico mediante la eficiencia del gato público, a través de la evaluación de las políticas publicas”, aunque no fue capaz de concretar cómo ni si se podría conseguir esa cantidad en unas cuentas públicas que, en caso de aprobarse, solo estarían vigentes seis meses de este año.
Con esta subida de ingresos, Pedro Sánchez ha resumido los gastos en un planteamiento de presupuestos, que ha calificado como “moderadamente expansivos”, en los que ha destacado un incremento de la partida para Educación del 35% para conseguir que “haya becas para 300.000 estudiantes” y la “creación de 106.000 plazas de guardería hasta tres años”. Sánchez ha insistido en este punto como la vía para el cambio necesario del modelo productivo del país.
Adicionalmente, el dirigente socialista ha propuesto la puesta en marcha de una política de vivienda que se traduzca en 52.000 pisos en alquiler para gente joven en cuatro años y la aplicación de un ingreso mínimo vital, a la que dedicaría 2.400 millones, así como mejorar la cobertura de parados de larga duración, con una partida de 1.200 millones.
Subida de pensiones según el IPC
Los socialistas ha valorado la subida de las pensiones que ha propuesto el Gobierno (entre el índice de revalorización del 0,25% más el incremento que ha aprobado el Ejecutivo de Mariano Rajoy de las prestaciones mínimas supone un gasto adicional de 1.300 millones), pero Sánchez ha matizado que “no resuelve el problema”.
El secretario general del PSOE ha puntualizado que los socialistas insisten en la necesidad de subir la jubilación según el IPC, que han calculado para 2018 en 1.500 millones. Una cantidad que a su juicio se podría cubrir a través de un impuesto extraordinario a la banca y un impuesto a las transacciones financieras, que supondrían unos ingresos de 1.000 millones, respectivamente.
Además de estas tasas, los socialistas plantean resolver el déficit estructural de la seguridad social, que han calculado en 15.500 millones, con la derogación de la reforma laboral, lo que supondría “mejorar la calidad del empleo” y obtener un incremento de las cotizaciones sociales, hasta 4.650 millones. La creación de nuevos empleos supondría un añadir 3.500 millones, más una aportación de 4.300 millones con la racionalización del gasto, y los ingresos dentro del sistema, que subirían a 1.145 millones.
