- Las movilizaciones de pensionistas, funcionarios y otros colectivos han provocado que el Gobierno opte por unos presupuestos con tintes electoralistas lejos del plan que envió a Bruselas en noviembre de 2017
“España cumple: hemos reducido el déficit público de 2017 al 3,07%. Un dato fundamental para seguir creciendo, creando empleo y garantizando nuestros servicios públicos”. Con estas palabras, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzaba hace menos de diez días un mensaje en la cumbre de la UE de solidez económica y compromiso con la estabilidad financiera frente al resto de Estados reunidos en Bruselas que se ha diluido con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Las movilizaciones de pensionistas, funcionarios y otros colectivos a un año de las elecciones autonómicas y municipales han provocado que el Gobierno opte por unos presupuestos con tintes electoralistas con la intención de rebajar la tensión en la calle. Estas cuentas públicas exceden la palabra dada en el Plan Presupuestario de 2018, que el Gobierno envió a Bruselas en noviembre de 2017.
Entonces la Comisión Europea dio el visto bueno al planteamiento de las cuentas públicas del Ejecutivo Rajoy aunque puso algunas objeciones. “El proyecto de España es globalmente conforme a las exigencias para 2018 porque prevemos que el déficit nominal pasará claramente por debajo del valor de referencia del 3%, pero el esfuerzo presupuestario sigue siendo claramente inferior al nivel recomendado”, dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.
A pesar del aviso de Bruselas en forma de llamada de atención pidiendo un “esfuerzo presupuestario”, el Gobierno va a responder con la previsión de una subida de ingresos y un incremento de gasto que no tienen nada que ver con los planteado a la Comisión.
Si en Europa reinaba la desconfianza porque España cumpliera su objetivo de déficit del 2,2% del PIB en 2018, entonces la Comisión avisó de que el esfuerzo fiscal será “muy insuficiente” y se desviará del ajuste de cinco décimas del PIB que pidió Bruselas en 2016, ahora el Gobierno apunta que cumplirá bajando impuestos e incrementando el gasto.
El primer síntoma de incumplimiento llegaba con el anuncio del Banco de España de que el conjunto de las administraciones públicas sumaron una deuda 1.144.298 millones de euros en 2017, lo que supone incumplir por dos décimas el objetivo del 98,1% del PIB propuesto por el Gobierno, que pretendía rebajar la deuda en nueve décimas. La propuesta que recibió la Comisión es que en 2018 la deuda se va a reducir al 96,8% del PIB.
En los ingresos, el Gobierno propuso a Bruselas que “se espera que en 2017 y 2018 las medidas adoptadas en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal supongan un incremento de la recaudación significativo” cuando la realidad es que la recaudación por fraude fiscal se ha estancado en los dos últimos años. En 2017, se redujo un 0,61%, lo que supuso una caída ligera hasta los 14.792 millones de euros.
La propuesta que puso sobre la mesa Luis de Guindos, entonces ministro de Economía y hoy candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, añadía un incremento de 3.340 millones en el lado de los ingresos vía impuestos que, posteriormente, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha elevado a 6.129 millones de euros sobre lo recaudado en 2017 en el proyecto de Presupuestos.
En términos de creación de empleo el Gobierno también ha sido más ambicioso en el proyecto de Presupuestos que en el plan que aprobó la UE. La Comisión recibió una tasa de paro del 15,5% en 2018, mientras que el ministro de Economía, Román Escolano, señaló que la tasa de paro caería hasta el 15%, un rebaja que ayuda a justificar la caída de gastos en prestaciones de desempleo y un incremento de las cotizaciones sociales y de la recaudación por IRPF.
“Congelación de salarios públicos”
En el capítulo de gastos, el Plan Presupuestario del Gobierno que envió a Bruselas sobre el sueldo de los funcionarios recoge que “la ratio se reduce de 2017 a 2018 hasta alcanzar el 40,6 por ciento del PIB, consecuencia de la contención del gasto público debido, en gran medida, al supuesto de congelación de los salarios públicos por tratarse de un escenario a política constante”. Nada que ver con el incremento que va a suponer la equiparación de los sueldos de guardias civiles y policías, que en 2018 se ha contabilizado en unos 500 millones de euros, ni la subida salarial que han pactado Hacienda y los funcionarios, que en 2018 está acordada en un 1,75%.
Además el Gobierno se comprometió con Bruselas a que la tasa de reposición solo sería “del 100% en los organismos públicos de investigación y en las universidades” y sería “0 salvo en sectores prioritarios en los que será del 50%”, cuando el pacto firmado con los sindicatos por Montoro es del 100% en las Administraciones que hayan cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto y del 75% con aquellas que no cumplan.
En cuanto a pensiones, el Gobierno le vendió a la Comisión que “para la proyección del gasto de la seguridad social, se ha tenido en cuenta el incremento del colectivo de pensionistas, la variación de la pensión media y la revalorización del 0,25 por ciento de las pensiones, según lo previsto en la Ley 23/2013 Reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social para 2018”, una propuesta que no tiene nada que ver con la subida del 3% de las pensiones mínimas que Montoro anunció en la presentación de los Presupuestos.
El Gobierno ha dado por amortizado hasta la “notable incertidumbre” por el desafío independentista en Catalunya que apuntaba Moscovici como posible factor desestabilizador de la economía española, pese a que la situación ha empeorado en las calles con la detención y encarcelamiento de los políticas independentistas.
Además, no hay visos de que las formaciones soberanistas acuerden un Gobierno antes de la fecha límite del 22 de mayo, con lo que el PNV se negará a dar el necesario apoyo al Gobierno hasta que no se levante la intervención de la autonomía catalana por el artículo 155 de la Constitución. Montoro fijó la primera semana de abril como límite para conseguir apoyos a los Presupuestos de 2018. Con estos antecedentes, Bruselas se mantendrá vigilante.