Puede que los Presupuestos sean la medida que más incide en la vida diaria de la ciudadanía. Tras una ristra de números en miles de partidas, que a muchos les pueden generar cierta distancia, cada cifra condiciona los recursos disponibles en sanidad, educación, pensiones, dependencia y otros servicios públicos. El IPREM, indicador clave en el acceso y la cuantía de multitud de ayudas sociales para la población más vulnerable, queda definido cada año en las cuentas públicas. En 2022 el índice aumentará un 2,5%, según ha podido saber elDiario.es, lo que continúa con la senda de aumento que el Gobierno de coalición inició el año pasado tras una década con el dato prácticamente congelado.
En un país con una alta tasa de pobreza, que alcanza a una de cada cinco personas en España, y en el que la pandemia ha empeorado la situación de los que menos tienen, el IPREM es fundamental y marca la vida de millones de personas con recursos reducidos. El Ministerio de Derechos Sociales y Trabajo insistían en la importancia de una subida contundente, especialmente después de tantos años sin actualizarse, una cuestión que han discutido con el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero.
Acrónimo de “Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples”, es una referencia creada en 2004 que determina tanto el acceso como la cuantía de multitud de ayudas, becas y subsidios a nivel estatal, autonómico y local. Por poner tres ejemplos prácticos: marca la cuantía del subsidio de desempleo y determina el acceso a la asistencia jurídica gratuita y si un hogar tiene o no derecho a rentas mínimas autonómicas como la andaluza, entre otras.
Así, el IPREM se situará en 579,02 euros mensuales el próximo año desde los 564,9 euros actuales, el equivalente a 6.948,3 euros anuales en 12 pagas. Cuando el indicador se tiene en cuenta en 14 pagas, como ocurre en la definición de consumidor vulnerable de suministros eléctricos, este alcanzará los 8.106,28 euros anuales.
Segundo año de subida de la coalición
Tanto el presidente, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta Yolanda Díaz han afirmado en estos días que los Presupuestos de 2022 impulsarán con fuerza el crecimiento económico, gracias entre otras cosas a la llegada de los fondos europeos para la recuperación, y subrayaban que las cuentas públicas de 2022 incidirán en que esta remontada económica sea “justa”.
El IPREM es una de las medidas que más inciden en la renta y los recursos de la población más vulnerable, así como las pensiones mínimas y no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV), entre otras. Las pensiones a nivel general aumentarán por encima del 2%, según explicaron fuentes gubernamentales a elDiario.es, y las mínimas y no contributivas subirán algo más que el resto, anunció el ministro José Luis Escrivá. Este incremento será determinante para los perceptores del IMV, ya que la renta mínima estatal para combatir la pobreza aumenta lo mismo que las pensiones no contributivas.
A falta de conocer el aumento de estas prestaciones, el IPREM da ideas de cómo puede ser su incremento. El 2,5% de subida se suma al histórico 5% del año pasado, el más alto registrado hasta la fecha para este indicador, que pretendía dar un salto en la recuperación del poder adquisitivo perdido tras una década en la que el IPREM había estado prácticamente congelado. El alza acordada finalmente para 2022 supone la mitad del aprobado el año pasado, pero sigue estando entre las más altas aprobadas para un año en la historia del indicador.
Recortar la brecha con el salario mínimo
La congelación del IPREM fue continua casi todos los años –menos uno– del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque desde 2014 se inició la recuperación de la crisis financiera. El índice también quedó inmóvil al final del mandato de Zapatero y al inicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez (con presupuestos prorrogados). La doctora en Economía y experta en pobreza Sara Ayllón explicaba a elDiario.es que la congelación del IPREM fue una de las causas del gran aumento del riesgo de pobreza de la población desempleada en España en este periodo, que seguía en alza incluso en años de recuperación económica en los que la pobreza disminuía en otros colectivos.
Además del empobrecimiento de quienes cobran ayudas que se calculan en función del IPREM, como el subsidio de desempleo o de los mayores de 52 años, la congelación del indicador y el progresivo aumento del SMI en los últimos años han provocado que personas de escasos recursos, como los perceptores del salario mínimo legal, pasaran a quedar fuera en el acceso a becas y ayudas públicas por tener demasiados ingresos. Sobre todo, tras el gran aumento del SMI de 2019, que disparó la distancia entre ambos indicadores.
Son muchas las ayudas, tanto regionales como locales, que establecen sus requisitos de acceso mediante el IPREM, como ayudas a la gratuidad de libros o a viviendas públicas protegidas. “Lo que acaba pasando es que tener derecho a un subsidio o ayuda está reservado a cuestiones de pobreza extrema”, advertía a elDiario.es Raül Segarra, estadístico de la Generalitat de Catalunya.
La subida de un 5% del IPREM el año pasado fue importante, la mayor registrada y superior a la del salario mínimo (del 1,6% y solo a partir de septiembre), pero la distancia entre ambos indicadores aún es profunda y lo previsible es que en 2022 no se recorte. Si se cumple la pretensión de los sindicatos de que el salario mínimo se sitúe en los 1.000 euros a partir de enero, el incremento del SMI sería del 3,6% en 2022.
El acuerdo de coalición de PSOE y Unidas Podemos recogió el compromiso de subir el IPREM y el de estudiar “objetivar los mecanismos de actualización”, una reclamación de sindicatos y otros colectivos para evitar que este indicador clave para los más vulnerables quede al arbitrio de los gobiernos de turno. Porque, como se ha demostrado, a algunos les ha importado muy poco.