Indignación en las asociaciones de consumidores: “Hoy gana la banca y pierde toda la sociedad”

“Borchornosa”, “inaudita”, “una aberración” e “impugnable” han sido algunos de los epítetos utilizados por las asociaciones de consumidores tras la resolución definitiva que ha tomado este martes el Tribunal Supremo que ha decidido, con 15 votos frente a 13, que los clientes paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que la justicia “se ha vuelto a poner de nuevo del lado de los más poderosos”. Para Álvarez, este nuevo cambio de criterio del Alto Tribunal genera “inquietud, incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía en la justicia”, sobre todo después de que hace unas semanas el mismo Supremo cambiase la doctrina presente hasta este momento fallando a favor de los clientes. “Se trata de una sentencia difícil de entender”, ha declarado Álvarez a Europa Press.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lamentado la resolución, que ha calificado de “bochornosa” por perjudicar a más de 12 millones de familias en España. Para la OCU se trata de una sentencia “inaudita” que supone una marcha atrás sin precedentes en contra de la propia jurisprudencia de Tribunal, que hace unas semanas emitió un dictamen contrario al acordado finalmente en el pleno.

Por ello, la organización de consumidores considera que esta sentencia pone en cuestión la independencia del poder judicial frente al poder de la banca y que crea una situación de desconcierto e inseguridad jurídica en la sociedad. “Hoy gana la banca y pierden los consumidores y toda la sociedad”, dice en un comunicado, además de pedir la inmediata dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis Díaz Picazo, por su “gestión pésima”.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ve la decisión del Alto Tribunal “impugnable”, tanto a nivel europeo como a nivel español y considera que la justicia europea “volverá a sacar los colores” a España por este caso.

La asociación entiende que queda abierta todavía la vía civil para las reclamaciones y seguirá adelante con 83 demandas colectivas que tienen listas contra el pago de los gastos hipotecarios, incluido el impuesto. Además, Adicae solicita al Congreso que en la tramitación de una nueva ley hipotecaria se incluya que estos costes correspondan al banco, y no al cliente.

En el caso de Facua han calificado como “una aberración” la sentencia del Supremo, aunque no se han sorprendido “después de que en 2013 decidiera que la banca se quedara con todo lo que defraudó con la cláusula suelo. Por fortuna, después el TJUE hizo Justicia”. La asociación ha mandado un tui con el hastahg #Supremohipotecado.

Respecto a los futuros pasos procesales, Ramiro Salamanca, director Legal de reclamador.es, apunta que “el peor escenario posible para los hipotecados se ha confirmado. Se trata de una decisión tremendamente perjudicial para los clientes hipotecarios. Pese a esto, los consumidores pueden seguir reclamando en los Juzgados civiles la abusividad de la cláusula de gastos de hipoteca, incluyendo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, apoyando su reclamación en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han declarado que los efectos de la abusividad no se pueden moderar ni integrar”.

“El banco que impone al consumidor una cláusula abusiva que se declara nula no se puede beneficiar de ello, la nulidad tiene un efecto disuasorio e implica reponer al consumidor en la situación en que se encontraría si la cláusula no existe, restituyendo la totalidad de lo pagado en cumplimiento de la misma”, asegura el director Legal de reclamador.es.

Sin embargo, el jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, apunta que “teniendo en cuenta que en ningún otro país europeo es el banco quien paga el AJD, sería posible que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificara esta decisión”.

Encinar también ha apostillado que sería “deseable” que esta sentencia “acelerara” la aprobación de la nueva ley hipotecaria y que esta se hiciera “sin ambigüedades e indefiniciones” con el objetivo de crear un “ámbito jurídico seguro” para evitar estas situaciones.