La tecnológica Indra acaba de declararse culpable de delito fiscal tras abonar una multa de 171.000 euros y aceptar una condena en conformidad ante el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid. Lo ha hecho tras un procedimiento penal que se inició con una querella de la Fiscalía provincial de Madrid, previa inspección de la Agencia Tributaria. El grupo, un importante contratista de la Administración, ha conseguido librarse de ser vetado en las licitaciones públicas.
En las cuentas semestrales que acaba de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Indra señala que en diciembre de 2015 la Agencia Tributaria “comenzó una inspección fiscal correspondiente a los ejercicios 2011 a 2014 tanto en Indra Sistemas como en algunas filiales del grupo”.
“La inspección finalizó en febrero de 2018 procediendo la Sociedad dominante a firmar un acta en conformidad y otra en disconformidad. Asimismo, la inspección notificó a Indra una propuesta de liquidación vinculada a delito” por importe de 466.000 euros, incluyendo cuota de 429.000 euros, intereses y demás conceptos.
“En abril de 2018 la Sociedad dominante procedió a abonar íntegramente dicho importe. Tras las oportunas alegaciones ante la Agencia Tributaria, en octubre de 2018 la fiscalía provincial de Madrid formuló querella contra la sociedad”.
En mayo de este año, el Juzgado de lo Penal 26 de Madrid “ha dictado sentencia con conformidad de todas las partes acordando condenar a la Sociedad dominante al pago de una multa” de 171.000 euros y “a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y al derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un plazo de 9 meses, incluyendo expresamente la no aplicación de la prohibición para contratar con la Administración Pública”, explica Indra en sus cuentas.
La firma, cuyo mayor accionista es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que depende del Ministerio de Hacienda, ha sorteado también por ahora la prohibición de contratar con la Administración que planteó en marzo pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Este organismo sancionó a Indra junto a grandes constructoras como ACS, Sacyr y OHL por su participación en el denominado cártel del AVE, y pidió a Hacienda que vete a los participantes de esos acuerdos ilegales de las licitaciones públicas.
El departamento que dirige en funciones María Jesús Montero no ha tomado ninguna decisión al respecto y las empresas sancionadas han seguido adjudicándose contratos e intentado bloquear la prohibición de contratar de manera preventiva. Y lo están consiguiendo.
En sus cuentas, Indra señala que “ha presentado el escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo” contra la resolución de la CNMC y “con fecha 22 de julio de 2019 ha obtenido la medida cautelar consistente en la suspensión de la ejecutividad de la sanción”.
En el primer semestre, Indra obtuvo un beneficio neto de 34 millones de euros, un 7,8% menos, por un mayor gasto de impuestos, según ha informado este jueves la compañía de tecnología y consultoría, que ha elevado sus ingresos un 6% y ha alcanzado un nuevo récord de cartera.
Según explica Indra, el gasto por impuestos en el primer semestre “es equivalente a una tasa impositiva del 35%”, frente al 31% de 2018, “debido a la pérdida de la posibilidad de obtener incentivos fiscales durante un plazo de 9 meses (a partir de mayo de 2019), como consecuencia de la sentencia de mayo de 2019 que pone fin al procedimiento penal abierto en España que se inició en diciembre de 2015, correspondiente a los ejercicios 2011 a 2014”.
Este jueves, las acciones de Indra rebotaron más de un 6% al cierre de la sesión tras anunciar el miércoles a cierre de mercado que renunciaba a adquirir una participación de control en Industria de Turbo Propulsores (ITP), al no prosperar las conversaciones que la compañía de tecnología y consultoría mantenía desde hace semanas con Rolls-Royce para esta operación.