La industria traslada al consumidor la mayor parte de los costes récord por la energía y las importaciones

Las importaciones de España (todo lo que se compra en el exterior) se encarecieron un 25% en el primer trimestre, respecto al mismo periodo del año anterior, según calcula el centro de análisis Fedea. Una escalada que provoca que tanto la industria como el sector servicios estén sufriendo unos costes récord, según destaca S&P Global, en los informes de abril de sus indicadores adelantados de actividad PMI, al sumarse “este shock” a la fuerte subida de los precios de la energía -sobre todo desde que Rusia inició la invasión de Ucrania a finales de febrero-.

Estos mismos informes de S&P Global señalan que las empresas están trasladando a los consumidores la mayor parte de estos costes en máximos históricos, que incluso han obligado a cerrar temporalmente algunas plantas de producción, o a retrasar obras o proyectos, en las situaciones más críticas. “Los fabricantes suben sus precios a una tasa récord a medida que los costes se disparan (ver gráfico)”, afirma el documento que S&P Global dedica a la industria.

“La presión de los costes se mantuvo elevada ya que las altas facturas de la energía [...] afectaron a una variedad de empresas de todo el sector terciario, lo que a su vez, condujo a otro aumento históricamente marcado en los precios de venta”, añade, por otra parte, el informe de la agencia de calificación de deuda que se centra en la actividad de los servicios de España en abril.

“El nivel de pedidos de insumos [bienes intermedios que se usan para fabricar otros productos u ofrecer un servicio] aumentó tras el declive observado en marzo, pero lo hizo a un ritmo solo marginal ya que algunas empresas se vieron disuadidas por los altos precios. No obstante, los stocks [almacenamiento] de insumos continuaron aumentando, y lo hicieron a uno de los ritmos más rápidos registrados, ya que las empresas continuaron implementando políticas de stocks de seguridad”, recalca S&P Global.

Mientras, la presión en las cadenas de suministro del comercio mundial se mantuvo fuerte en abril, y los plazos de entrega de los bienes industriales “se alargaron a un ritmo históricamente marcado”, prosigue la agencia. “Las empresas atribuyeron los retrasos al impacto de la reciente huelga del transporte, a la escasez mundial de productos, a la guerra en Ucrania y a los nuevos confinamientos por la COVID en China. No obstante, la magnitud de los retrasos estuvo entre las más bajas observadas en los últimos 12 meses”, concluye.

Ni competencia, ni subidas de salarios

Estas conclusiones, que se reflejan en las inflaciones del 9,8% en marzo, récord de 1985, y del 8,4% en abril -con una aceleración del 4,4% si se excluye energía y alimentos no elaborados, máximo de 1995-, negarían la competencia en precios entre las empresas, que precisamente distintos expertos vienen advirtiendo que debe ser vigilada por las autoridades.

Por otro lado, estos análisis no entran en si las subidas también se están viendo en los salarios. Pero, “por el momento, no hay indicaciones claras de que esto esté sucediendo”, explica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Lo que significa que las empresas están defendiendo sus márgenes de ganancias (la capacidad de obtener beneficios de los ingresos tras asumir los costes, entre ellos la retribución a los trabajadores) en la extraordinaria situación actual.

El propio economista advierte de que “un riesgo importante es que las subidas de los precios al consumo se vayan transmitiendo a los salarios, iniciando así una espiral inflacionista que tendería a autoalimentarse”.

Aunque la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre ya se ha mostrado en el dato de crecimiento económico del primer trimestre, publicado recientemente el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto de los hogares sufrió una contracción del 3,7% entre enero y marzo frente al cuarto trimestre de 2021, según el detalle del dato avanzado del PIB.

En este contexto, es más delicado y preocupante el fracaso de las negociaciones entre patronal y sindicatos sobre el pacto de rentas, el intento de repartir los daños de la inflación entre empresas y trabajadores con acuerdos de subidas de sueldo plurianuales, que en dos o tres años mitigaran la pérdida de capacidad de consumir.

Impacto potencial de 7 puntos en el crecimiento

“El canal más importante de transmisión de los efectos económicos de la crisis de Ucrania hacia otros países ha sido, hasta el momento, el fuerte incremento de los precios en los mercados internacionales de energía y otras materias primas esenciales, como los cereales y ciertos metales”, explica Ángel de la Fuente.

“Puesto que tanto España como la gran mayoría de los países europeos son grandes importadores netos de energía y materias primas, la subida de sus precios tiene un efecto macroeconómico importante”, continúa el economista de Fedea.

De la Fuente aporta dos cálculos interesantes. El primero, sobre encarecimiento del 25% de las importaciones de enero a marzo de 2022, frente al primer trimestre de 2021. Y el segundo, sobre el impacto directo e inmediato “de tal perturbación sobre la renta real, antes de que las empresas y familias puedan reaccionar a ella ajustando las cantidades de bienes importados que consumen o utilizan como bienes intermedios”.

“En principio, por tanto, estamos hablando del impacto potencial sobre la renta de una subida de los precios de las importaciones, y no de su impacto final, que dependerá también de la reacción de los agentes económicos y de las políticas adoptadas por el Gobierno”, detalla, y expone que el shock de precios acumulado en los últimos trimestres sería muy considerable, “situándose en torno a los 7 puntos del PIB [potenciales]”.

“Puesto que los agentes económicos buscarán la forma de minimizar el daño que sufre cada uno, cabe esperar que el efecto final sea menor que el shock inicial”, matiza. No ayuda, eso sí, la depreciación del euro, que encarece aún más las importaciones por la vía del tipo de cambio.

Entre las vías para paliar el golpe, el Gobierno ha aprobado recientemente un Plan de choque temporal, hasta junio. Y Ángel de la Fuente considera que de ser renovado debería enfocarse en las medidas concretas a las industrias más electrointensivas (metalurgia, transporte, cerámica...) y en las familias más vulnerables. “Dado que bonificaciones generales a los combustibles o las bajadas de impuestos son ineficientes”.

En las últimas semanas, toda la gran industria ha salido en apoyo de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, y del tope a la generación eléctrica con gas, pero reclaman a la ministra que obligue a las eléctricas a subastar energía barata. Este mismo lunes, la Comisión Europea ha dado el visto bueno al límite en España y Portugal.

Es temporal, por 12 meses, no será de 30 euros como pidieron Madrid y Lisboa, sino de 50 euros de media, pero supone la puesta en práctica de una medida que reducirá la factura de la luz poniendo un tope al precio del gas para que su repercusión en la factura de la luz sea menor. Además, la Península Ibérica será el único lugar de la Unión Europea donde se ponga en práctica.