El índice de cifra de negocios empresarial que calcula el INE (Instituto Nacional de Estadística) suma 16 meses consecutivos al alza hasta junio. El ritmo de incremento de este indicador de las ventas de las compañías españolas es de doble dígito interanual desde febrero de 2021, por la recuperación económica y por la inflación (las subidas de precios se convierten en mayores ingresos y beneficios).
Y tanto industria como servicios superan los ingresos previos al shock del COVID. Con el subíndice del sector de “suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos” duplicando cada mes su lectura desde noviembre de 2021, siempre respecto al mismo mes del año anterior.
Mientras, la retribución media de los trabajadores apenas acumula una subida del 2,6% en 2022, según los datos de 'Ventas, empleo y salarios en grandes empresas y pymes' de la Agencia de Tributaria, a cierre del segundo trimestre. En 2021, la mejora fue del 3,2%, según la misma estadística.
El crecimiento de las ventas de las empresas se ha desmarcado de los sueldos (la misma conclusión se extrae de la comparación del negocio de las empresas con la evolución de los costes laborales, según se observa en los gráficos, aunque de estos solo hay datos hasta el primer trimestre). Y los sindicatos mayoritarios amenazan con intensificar a partir de septiembre la campaña 'Salario o conflicto', que lanzaron en junio para exigir a las patronales que los convenios colectivos garanticen el poder adquisitivo de las familias y la inclusión de cláusulas de garantía salarial.
“Los más afectados por el shock son las familias con menores niveles de renta y los sectores productivos que son usuarios intensivos de energía y otras materias primas afectadas”, recuerda Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, en un documento sobre el pacto de rentas publicado en julio, quien incide en que, “en general, los hogares con menores ingresos tienen menos margen para absorber la subida de precios sin sacrificar nada esencial y además dedican una parte mayor de sus gastos a alimentación, energía y transporte”.
La propuesta desde abril de Comisiones Obreras (CCOO) y UGT fue una revalorización salarial del 3,5% para este año, del 2,5% para 2023 y del 2% para 2024. Un acuerdo plurianual que debería incluirse en el denominado pacto de rentas, que prácticamente desde que se inició la invasión rusa de Ucrania el Gobierno ha intentado impulsar para repartir el golpe de la inflación entre empresas y trabajadores.
Aunque, este mismo lunes y atendiendo a la necesidad de proteger a los más vulnerables -que incluso recomiendan el BCE o el FMI-, UGT pidió un aumento del salario mínimo (SMI) del 10% hasta los 1.100 euros al mes, respecto a la negociación, que comenzará en paralelo en próximas semanas, sobre esta nueva subida del SMI, a la que se ha comprometido el Ministerio de Trabajo de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Por su lado, las conversaciones para el pacto de rentas están rotas desde hace semanas, y desde la patronal no existe ninguna propuesta sobre la moderación de los márgenes de beneficio (la capacidad de convertir en ganancias las ventas).
“La crisis de Ucrania nos ha hecho más pobres, en torno a un 7% [en renta de las familias respecto al PIB] hasta el momento [sin incluir los últimos récords de inflación] según nuestros cálculos”, continúa Ángel de la Fuente.
“Ante esto, caben básicamente dos opciones: aceptarlo y tratar de repartir la pérdida de renta de una forma más o menos equitativa, o tratar de pasarle la pelota al vecino, subiendo nuestros precios o salarios. Si optamos por lo segundo, seguiremos siendo un 7% más pobres en promedio, pero el reparto de los costes será muy desigual y pondremos en marcha una espiral de precios y salarios que tenderá a cronificar la inflación y agravará el problema, entre otras cosas, porque nos hará perder competitividad con respecto a otros países menos afectados por la crisis o que sepan lidiar mejor con ella”, explica el economista.
El debate entre los expertos está candente, y la cuestión principal es que debido a la duración de la inflación y de la guerra y a la brecha cada vez mayor entre las subidas de precios (en julio el IPC marcó un máximo de esta crisis en el 10,8% interanual) y las mejoras de las ventas que se ven los gráficos y el crecimiento de los salarios aumenta el riesgo de conflictividad social, y de la espiral de precios y salarios que describe Ángel de la Fuente.
“El objetivo de la política tiene que ser el de ayudar a los sectores productivos y segmentos de la población más afectados, primero a superar el shock sin consecuencias catastróficas, y luego a adaptarse a su componente permanente”, continúa el director adjunto de Fedea.
“Para esto, pueden ser necesarias ayudas directas además de compromisos de moderación sobre salarios y márgenes empresariales. Estas ayudas deberían ser selectivas para no desperdiciar recursos escasos dirigiéndolos a los que no los necesitan, y deberían tener un perfil decreciente en el tiempo para empujar a los afectados a que empiecen a tomar medidas de ajuste si la situación se prolonga. Finalmente, y muy importante, deberían dirigirse preferentemente al mantenimiento de las rentas reales de los afectados, y no a mitigar los cambios de precios mediante subvenciones directas a los combustibles o bajadas de los impuestos que los gravan. Se trata de ayudar a los más afectados, pero sin reducir sus incentivos para adaptarse a los cambios, o al menos a su componente permanente”, concluye.
Baja vinculación a la inflación en España
Según distintas variables que maneja la agencia de calificación de deuda Moody's para comparar las economías de la UE y su vinculación a la inflación, los trabajadores en España parten de una posición en la que tienen difícil conseguir algo más que “moderación salarial” ante el actual mordisco que suponen los incrementos de precios para la capacidad de consumo. Y lejos estará entonces la temida espiral de precios y salarios, que conlleva mayor permanencia de la inflación combinada con un riesgo severo de recesión.
Destaca la baja densidad sindical en nuestro país, que solo es menor en Francia. Apenas un 12,5% de los trabajadores está afiliado a un sindicato. En el país vecino, un 8,9%. Lo que contrasta con el 65,2% en Suecia, el 49,1% en Bélgica o el 32,5% en Italia.
A priori, esta baja densidad sindical resta poder de negociación a los trabajadores, aunque este se puede vehicular de otras maneras, como ha demostrado el Ministerio de Trabajo en los últimos tiempos mediante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la protección de los ERTE o la última reforma laboral.
Lo que no puede conseguir un Gobierno es firmar convenios colectivos ligados al IPC, que Moody's señala que no son habituales en España, pero tampoco en el resto de grandes economías de la UE. Como asimismo no lo son las cláusulas de revisión de los salarios según las subidas de precios, ni en el sector privado ni en el público, con la excepción de Bélgica.
Esta realidad está vigente en las exiguas subidas de los sueldos reflejadas mes a mes en los convenios colectivos mientras la inflación se desboca. El incremento salarial pactado hasta julio se quedó en el 2,56%, según el dato publicado por el Ministerio de Trabajo.