La filtración de un informe con las respuestas erróneas de los aspirantes en las últimas oposiciones a profesor de Primaria no solo ha sacado los colores y ha suscitado la ira del colectivo docente madrileño, sino que se ha convertido en un nuevo foco de contestación, en la calle y en los tribunales, contra el Gobierno regional.
Los sindicatos, que cuestionan tanto la representatividad y la fiabilidad del informe como la legalidad de su entrega a la prensa, entienden que la decisión de la Consejería de Educación de publicarlo responde a su intención de dejar “a los pies de los caballos” al colectivo docente junto en el momento en el que pretende aprobar la reforma del sistema de oposiciones.
Por ello, han anunciado que irán a los tribunales para responder tanto a la filtración del informe como al nuevo modelo y que en la próxima semana comenzarán a tratar posibles movilizaciones, entre las que no descartan la huelga.
El informe, que llegó a los quioscos horas antes de anunciar la consejera de Educación el cambio en la baremación de las pruebas -a partir de este año los conocimientos contarán un 80 %-, expone que solo una minoría conocía el nombre de todas las provincias bañadas por los ríos Ebro o Gualdalquivir y que algunos de los opositores incurrían en arrebatos ortográficos como “anbito” o “Nabarra”.
Solo el 13,6% de los candidatos superaron la prueba de conocimientos en las últimas oposiciones y el resto no respondió bien a algunas cuestiones que deben conocer los alumnos de 12 años, según la consejera de Educación, Lucía Figar.
Para los trabajadores, el objetivo de los cambios que promueve la Comunidad de Madrid es laminar la lista preferente, la que tiene máxima prioridad a la hora de valorar las contrataciones, para dejar fuera de juego a interinos que ahora perciben complementos salariales por antigüedad y para “contratar con manos libres” a través de las listas complementarias.
Más allá de las respuestas, a las que los trabajadores no otorgan fiabilidad estadística, un trabajador de un sindicato educativo se pregunta cómo han llegado los resultados de unas pruebas en teoría secretas y celebradas de forma “anónima” y “cerrada” a los periódicos.
Otro expone que estos exámenes, realizados en noviembre de 2012 y que pertenecían a la Oferta Pública de Empleo de 2011, fueron recurridos en su día por presentar diferentes “irregularidades”.
Pero la principal queja que es escucha entre los representantes de los trabajadores de la mesa sectorial -CCOO, ANPE, CSIF y UGT- es que la “gran mayoría” de los interinos que este año imparten clases en Madrid han aprobado el famoso examen.
Por ello, consideran que todo forma parte de una estrategia de “descrédito” que comenzó con las famosas palabras de Esperanza Aguirre sobre el “agotador” horario de los profesores madrileños.
“Hemos hablado con muchos examinadores, nadie nos dice que haya encontrado ese tipo de barbaridades que se han entresacado”, explica Isabel Galvín, de CCOO, sobre los resultados.
Los sindicatos exponen que algunos ejemplos que han saltado al debate público no estaban en el examen, según los opositores a los que han consultado, y que los malos resultados a los que apunta la Consejería nunca se pusieron sobre la mesa de las reuniones sectoriales, donde se planteó el nuevo baremo para las oposiciones en el mes de diciembre.
Sin embargo, estas “lagunas tremendas”, según la consejera del ramo, Lucía Figar, han llevado a la Comunidad de Madrid a solicitar al Ministerio de Educación que revise los planes de estudio de las Facultades de Magisterio y los temarios de las oposiciones a maestro de Primaria.
De hecho, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, señaló ayer que llamaría al ministro de Educación, José Ignacio Wert, para trasladarle la intención de la Comunidad de cambiar los criterios de selección de los docentes.
También los partidos se han posicionado sobre el famoso informe, que para el PSM es un eslabón más en la campaña de desprestigio del sector docente, y cuyo rechazo es una muestra, según el PP, del “inmovilismo” de la oposición“.