CaixaBank, el mayor banco de España, ha presentado sus resultados del año 2021 este viernes. La entidad ha ganado 5.226 millones de euros durante el pasado ejercicio, cuatro veces más que un año antes. Este beneficio disparado se explica por el impacto contable de haber absorbido a Bankia. El beneficio de referencia para la entidad, y sobre el que se calculará el dividendo, fue de 2.359 millones de euros. De ese resultado, el Estado se va a ver beneficiado en 188 millones de euros en abril, gracias al primer gran dividendo que obtiene de la entidad catalana.
Las cuentas son las siguientes. CaixaBank ha informado a la CNMV que va a repartir el 50% del beneficio en dividendos el próximo mes de abril. Unos 0,1463 euros por acción, lo que supone un desembolso total de 1.179 millones de euros. El Estado es el propietario del 16% de CaixaBank, como herencia del 62% que tenía en Bankia antes de la fusión de ambas entidades. De ahí, el ingreso que se prevé con la actual política de dividendos del banco.
No es el primer dividendo de CaixaBank que le corresponde al Estado. Sin embargo, el año pasado, el primero en el que participó en el reparto, fueron apenas 34 millones de euros, puesto que la política de retribución a los accionistas de la banca estaba muy limitada por parte del BCE dentro de su política de prudencia ante la crisis del coronavirus. En septiembre esta limitación desapareció y este ejercicio es el primero en el que los bancos vuelven a una política normalizada de dividendos.
CaixaBank ha aprobado este jueves un cambio en su propia política, según ha informado la entidad en un comunicado a la CNMV. El banco que ahora preside José Ignacio Goirigolzarri ha decidido fijar como objetivo entre un 50% y un 60% del beneficio para los resultados que obtenga este ejercicio, siendo la Fundación La Caixa y el Estado, a través del FROB, los principales beneficiados. Hasta ahora se había fijado en un 50%.
Los dividendos de CaixaBank serán una vía para que el Estado pueda ir recuperando una parte del rescate de Bankia, aunque todavía queda una importante parte, difícil de alcanzar. Cuando se ejecutó la operación, el FROB, sociedad que gestiona la participación del Estado, tenía pendiente de recuperar en torno a 20.000 millones de euros, a los que habría que restar los algo más de 200 millones que habrá recibido en 2021 y 2022 de dividendos de la entidad. La otra vía para recuperar el dinero sería la venta de acciones, una operación que todavía no se ha planteado abiertamente y que presumiblemente se hará de manera escalonada en el futuro. Actualmente, la participación del Estado en CaixaBank está valorada en Bolsa en 3.630 millones de euros. En la hipótesis de una venta total, el Estado seguiría perdiendo 16.000 millones de euros.
En lo que se refiere a la evolución de CaixaBank durante el año pasado, la entidad ha ingresado 10.985 millones de euros durante 2021, lo que supone una pérdida del 2,9% si se compara con los datos de la suma de CaixaBank y Bankia en 2020. El desplome de los ingresos por intereses (un 5,8%) contrasta con el aumento de los ingresos por comisiones (un 6,7%).
Descarta ofrecer criptomonedas a sus clientes
En la rueda de prensa en la que CaixaBank ha presentado sus resultados, la entidad ha seguido la estela de las declaraciones de la semana pasada de Bankinter en contra de recomendar a sus clientes la inversión en criptomonedas. El consejero delegado del grupo, Gonzalo Gortázar, ha señalado que son un producto que aunque “gana tracción” tiene características que hacen que se miren con “precaución”. En concreto ha señalado a la alta volatilidad que tiene este producto de inversión, como ya han señalado el Banco de España o la CNMV. “Lo seguimos, pero no espero una proactividad por nuestra parte para ofrecer esta inversión de manera generalizada a nuestros clientes”, ha apuntado. Gortázar también ha señalado a la parte oculta de este fenómeno. “Hay muchas personas invirtiendo con fines lícitos y otras que se aprovechan para facilitar negocios que son delictivos”, ha zanjado.
Gortázar ha comparecido junto con el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, quien ha sido cuestionado por las decisiones que tomará el banco respecto a Sareb. CaixaBank es el segundo accionista privado del banco malo y recientemente se ha aprobado un Real Decreto que permite al Estado asumir el control de la entidad, superando el 50% de las acciones. Para ello, adquirirá títulos a precio de saldo a los inversores privados. El presidente del banco catalán no ha querido avanzar en qué posición quedará en el accionariado tras la fusión pero sí ha defendido la creación de este vehículo al estar obligado por parte de Bruselas. Goirigolzarri ha cifrado en “170 millones” los créditos fiscales de los que podría beneficiarse por su presencia en la Sareb.