La Inspección de Trabajo ha vuelto a sancionar a Glovo por el abuso de falsos autónomos. En esta ocasión, regulariza a “3.060” repartidores en Andalucía, ha informado CCOO este martes en un comunicado. La denuncia del sindicato es previa al despliegue de la Ley Rider, en el verano de 2021, aprobada para que estas multinacionales contrataran laboralmente a sus riders, pero que Glovo sigue retando con mensajeros autónomos.
CCOO ha recibido la comunicación de la Inspección de Trabajo con el resultado de las investigaciones y las conclusiones obtenidas en Andalucía, ha informado el sindicato, “a falta de ultimar las acciones inspectoras en las provincias de Jaén y Cádiz”. Por lo tanto, el número de repartidores detectados como falsos autónomos en esta Comunidad podría aumentar cuando se ponga fin a la actuación en estas dos regiones.
elDiario.es ha contactado a Glovo sobre esta nueva sanción, pero por el momento no ha obtenido respuesta.
Otra multa millonaria
Se trata de una nueva actuación masiva de la Inspección de Trabajo sobre la multinacional de reparto a domicilio, conocida por sus mochilas amarillas, que tendrá aparejada otra millonaria multa, aunque en esta ocasión no ha trascendido la suma.
Hace unos meses, la resolución de la Inspección en Madrid rozaba sanciones por valor de 57 millones de euros por el fraude en la contratación de más 7.800 repartidores, entre las multas y las cuotas impagadas a la Seguridad Social. Poco antes, se conoció otra suma por casi 79 millones de euros exigida por la Inspección por repartir con falsos autónomos en Barcelona y Valencia, con 10.600 trabajadores afectados.
En total, Glovo acumulaba antes de la actuación en Andalucía multas por “205,3 millones” de euros por todo el país, según explicaron fuentes conocedoras a este medio.
Legislación más dura
Aunque la resolución de la Inspección de Trabajo no es muy novedosa, ya que reitera el abuso de falsos autónomos que ya ha resuelto la autoridad laboral en numerosas ciudades y que también constató el Tribunal Supremo, sí tiene relevancia por varios cambios en la legislación que han endurecido el castigo ante este abuso de ciertas empresas.
Por un lado, se reformó el Código Penal, para castigar hasta con seis años de cárcel el abuso reiterado de falsos autónomos. Se considera un delito contra los trabajadores, con penas de cárcel de seis meses a seis años, a “quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
El Ministerio de Trabajo anunció que iba a llevar a Glovo ante la Fiscalía por este fraude, pero por el momento no ha informado de que haya dado este paso. Hace semanas, el equipo de Yolanda Díaz seguía estudiando el asunto.
Por otro lado, Trabajo también ha agilizado las sanciones de la Inspección sobre falsos autónomos, que ya no necesitarán la confirmación de un juez para ser aplicadas. Antes, se exigía que estos macroprocesos pasaran por la jurisdicción de lo Social, para que la justicia ratificara que existía el abuso de falsos autónomos detectado por la Inspección, por lo que la aplicación de las sanciones se demoraba durante años porque las empresas recurrían constantemente –como ha hecho Glovo hasta la fecha–.
Con este cambio legal, ahora las sanciones se aplican directamente, son ejecutables, aunque las empresas pueden recurrirlas en los tribunales de lo contencioso-administrativo, pero sin paralizar los procesos. Como ocurre por ejemplo con otros actos administrativos, como las multas de Hacienda o tráfico, explicaba a este medio el profesor de Derecho del Trabajo Adrián Todolí.
CCOO ha agradecido su labor a la Inspección de Trabajo, “después de tres años de trabajo por parte del organismo”, y hace un llamamiento a la empresa para que abandone su desafío a la Ley Rider y pase a un modelo laboral. “Es el momento que esta empresa recapacite, cumpla la normativa y que sus plantillas vean reconocidos sus derechos sociales y laborales”, afirma en el sindicato.