Nuevo golpe a Glovo por su abuso de falsos autónomos. La Inspección de Trabajo acaba de sancionar a la multinacional con otra gran multa, que roza los 57 millones de euros, por el fraude en la contratación de más 7.800 repartidores en Madrid, según fuentes conocedoras de la investigación. En total, la compañía acumula multas por “205,3 millones” de euros por todo el país y Trabajo estudia perseguir a la compañía con el nuevo Código Penal con penas de hasta seis años de cárcel por el abuso reiterado de falsos autónomos.
En concreto, la Inspección ha sancionado la situación de falsos autónomos de algo más de 7.000 repartidores de Glovo en Madrid, previos a la actual Ley Rider, con una propuesta de multa de 32,9 millones de euros por la infracción laboral.
Sobre estos trabajadores, el organismo público reclama a la multinacional las cotizaciones no pagadas a la Seguridad Social que Glovo debería haber abonado a las arcas públicas por sus riders si los tuviera contratados. En total, el acta de liquidación suma 19 millones de euros por estas cotizaciones.
También repartidores sin permiso de trabajo
Además, se ha sancionado también a la empresa por “el trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo”, añaden estas fuentes. La medida afecta a “813 personas” y el importe de la sanción alcanza los 5,2 millones de euros.
En total, multas y liquidaciones para Glovo por un total de 56,7 millones de euros en esta actuación en la capital, que se suman a una larga lista de infracciones laborales en la corta historia de la multinacional en España.
La factura completa de la multinacional asciende a los “205,3 millones de euros” por las irregularidades detectadas por la Inspección en toda España, sobre algo más de 37.300 repartidores.
Fuentes de Glovo indican a este medio que van a recurrir la nueva sanción impuesta en Madrid y reiteran que “no existe ningún informe de la Inspección Laboral ni ningún tipo de pronunciamiento judicial sobre el nuevo modelo inédito actualmente disponible en España”.
El reto continúa y a la espera de la Fiscalía
Las nuevas sanciones de la capital, al igual que los 79 millones de Barcelona y Valencia, corresponden aún al modelo de funcionamiento de Glovo previo a la Ley Rider, de agosto de 2021. Pese a la regulación aprobada por el Gobierno para forzar a las compañías de reparto a contratar a sus mensajeros, Glovo sigue retando a Trabajo con riders autónomos, aunque con un nuevo sistema que todavía está siendo investigado por la autoridad laboral.
Estas investigaciones llevan meses, incluso años, como se constata con esta reciente multa, sobre el modelo de funcionamiento previo al verano de 2021.
Ante esta demora y el pulso lanzado por Glovo, que sigue utilizando mensajeros autónomos pese a todo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que pediría a la Fiscalía que investigara por posibles delitos contra los trabajadores a las multinacionales insumisas (Glovo, pero también se unió Uber Eats hace unos meses).
“Les digo aquí solemnemente que la Ley Rider se va a cumplir. Estamos en un estado social y democrático de Derecho y que las empresas rebeldes se van a acometer” a este, subrayó la vicepresidenta segunda.
Desde entonces, el pasado septiembre, Trabajo aún no ha dado este paso. “Se sigue recopilando información”, responden desde el departamento de Yolanda Díaz. En el Ministerio han expresado después del anuncio que la maniobra no era sencilla y que se estaba estudiando a fondo.
En diciembre, el Gobierno pactó con otras fuerzas parlamentarias un cambio legal para facilitar la persecución legal de los falsos autónomos, con penas de hasta seis años de prisión, que ya se está estudiando para perseguir penalmente estos fraudes laborales reiterados de Glovo, responden en Trabajo.
Con una nueva redacción del Código Penal, que también permite perseguir otros abusos laborales (como los falsos becarios o las horas extra ilegales), el Ministerio tiene un camino “más seguro” para perseguir este tipo de fraudes, consideran en Trabajo.
Desde la multinacional subrayan que “las modificaciones del Código Penal no tienen carácter retroactivo, de manera que esta propuesta de sanción no sería en ningún caso motivo para justificar el inicio de un proceso penal”. Así, en Glovo sostienen que “no hay, por tanto, ninguna relación entre la propuesta de sanción de Madrid y un posible proceso penal en el futuro”.