Poco a poco, el Gobierno socialista va dando a conocer detalles de lo que pretende que sea su política de vivienda, y que será desarrollada por una comisión interministerial establecida al efecto.
Las medidas más relevantes conocidas hasta ahora incluyen una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para elevar de tres a cinco años las prórrogas obligatorias de los contratos, limitar las fianzas adicionales que arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda y, según ha desvelado este martes Pedro Sánchez, “ajustar la definición de arrendamiento de temporada para excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos la vivienda turística”.
También ha confirmado (lo anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la semana pasada) que se van a construir 20.000 viviendas para alquiler social en los municipios en los que se han disparado más los precios.
Unas medidas que para unos, como los sindicatos de inquilinos, la PAH y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se quedan cortas, y que para otros, como Ciudadanos, se pasan en la regulación y serán desde ese punto de vista contraproducentes. Por su parte, la experta en materia de vivienda Raquel Rodríguez agradece “el giro” y que las medidas sean “más o menos valientes”.
“Plan insuficiente y lento”
Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el plan es escasamente ambicioso, además de muy insuficiente y lento, teniendo en cuenta “las enormes dificultades” para acceder a un alquiler y pagar su renta. Respecto la construcción de nuevas viviendas para alquiler social, recuerdan que según el último censo del INE España hay 3,4 millones de casas vacías. “Utilice el Ministerio las medidas que aporta la Ley de Vivienda de la PAH de cesión obligatoria temporal para parque público, es más rápido y barato”, defienden.
También proponen una “ley de tanteo y retracto estatal” que permita al Estado, a las CCAA y ayuntamientos adquirir con preferencia, y al mismo precio que compran viviendas “fondos buitre” y socimis “y así se irá generando el ahora inexistente parque público de vivienda”. La PAH también es partidaria del establecimiento de índices de referencia de precios, elaborados por los ayuntamientos con participación económica y social, para fijar límites de precios en función de la ubicación, características, servicios y otros parámetros.
20.000 viviendas, una oferta insuficiente
La portavoz de Vivienda de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, Lucía Martín, recalca que la oferta de construir 20.000 viviendas para alquiler social en un plazo de 4-6 años en todo el país es “de miseria”, ya que solo en Barcelona se han impulsado 5.000 en esta legislatura. En la actualidad el parque público de alquiler es de 180.000 viviendas.
Sobre otras medidas previstas por los socialistas, da la bienvenida a la ampliación a cinco años de los contratos, si bien recuerda que la propuesta de su grupo parlamentario incluye un nuevo tipo de contrato voluntario de diez años para personas físicas, obligatorio para personas jurídicas (cinco+cinco si los inquilinos han cumplido con sus obligaciones).
Además, considera una buena noticia que el PSOE parezca haber renunciado a la idea de dar beneficios fiscales a quienes alquilen por debajo de un precio (una propuesta “ineficiente, absurda y carísima”, dice). Lo que propone su grupo es que los ayuntamientos los que puedan contener los incrementos abusivos de precios poniendo límites, como han hecho en París, “la única medida que ha servido”, según relatan los regidores de la capital francesa.
También es favorable al establecimiento de índices el Sindicat de Llogaters. Uno de sus portavoces, Jaime Palomera, que explica que para evitar la especulación serían necesarias subidas moduladas de precios, que pudieran tener en cuenta indicadores sociales como los sueldos medios en un determinado barrio, o el IPC. Pero más incluso que en los precios, hace hincapié en la necesidad de garantizar una estabilidad para los inquilinos.
Su organización reclama también seis años de contrato para pequeños tenedores y doce para grandes. Y que las renovaciones sean automáticas salvo en el caso de que haya un motivo personal o familiar del propietario, como en países europeos como Francia. El fin de los privilegios fiscales de las “socimis”, que siguen “calentando el mercado”, afirma, y la regulación de las viviendas vacías estarían también entre sus prioridades.
Por su parte, la arquitecta y profesora de la Universidad Politécnica Raquel Rodríguez Alonso agradece el giro que ha dado la política de vivienda. “Pueden ser más o menos valientes las medidas pero al menos está en la hoja de ruta”.
Coincide en que la duración del alquiler debería fijarse en función de si es una persona jurídica o física la que alquila. Y añade que además de eliminar las exenciones fiscales a las “socimis” debería entrarse a definir la función social de la propiedad aplicada a la vivienda. “Es un tema abordado en muchas comunidades autónomas que permitiría acotar y controlar el papel de estos agentes y el uso que hacen de su patrimonio”, opina.
Restricciones a los propietarios que subirán los precios
Frente a quienes ven insuficiente la protección a los inquilinos proyectada por el PSOE, Ciudadanos considera que las restricciones para los propietarios supondrán una subida de precios del alquiler. El portavoz Toni Roldán ha opinado en Twitter “¿Cómo conseguir que suba más el alquiler? Ponga usted restricciones a los propietarios al alquiler y así pondrán menos pisos en alquiler. Si se restringe la oferta, no dude que los precios se van a disparar”.
Fuentes de esta formación añaden: “Sánchez mezcla habitualmente ocurrencias y políticas ya fracasadas, y siempre sin decir cómo lo van a hacer ni cómo lo van a pagar, y sin un plan general de actuación”. La construcción de 20.000 viviendas para alquiler social no les parece mal, “pero es exactamente lo contrario a lo que PSOE y sus socios de gobierno están llevando a cabo a nivel municipal”, advierten.
Por otro lado, creen que rebajar las fianzas es atacar el síntoma, equivocar la causa. “Las fianzas se ponen porque los propietarios no tienen seguridad jurídica. La solución es por tanto darles seguridad jurídica a los propietarios, para que no fijen fianzas tan elevadas o incluso puedan prescindir de ellas”.
En cuanto a delimitar más el régimen del alquiler turístico, “el problema es que no está regulado a nivel estatal por dejación, en este caso, del Gobierno de Rajoy”, afirman. A su juicio, al ponerlo en manos de cada una de las 17 CCAA, “lo que produjo Rajoy es caos, desigualdad y mucha inseguridad jurídica. Sánchez debería dejarse de experimentos y afrontar una regulación a nivel estatal”.
Vivienda turística
De hecho, la vivienda turística no quedará fuera de los planes del Gobierno para intentar rebajar el precio de los alquileres. Se contempla ajustar la definición de arrendamiento de temporada para excluir la vivienda turística, ha explicado Pedro Sánchez en el Congreso.
Según recalca el bufete Legálitas, lo que ahora diferencia en la práctica la vivienda turística de la de temporada (que se alquila no de manera permanente durante los años de contrato, sino para propósitos concretos, como por ejemplo ser residencia de un estudiante) es meramente el modo en que se anuncia. Es decir, si una vivienda se publicita a través de un canal de uso turístico como Airbnb, será considerada turística. Si lo hace con un cartel en el balcón, será un arrendamiento de temporada.
La diferencia entre ambos conceptos, que varía según las comunidades autónomas debido a que las competencias sobre vivienda turística están transferidas, implica que estas segundas deben por ejemplo obtener una licencia para ser alquiladas. Unas circunstancias que podrían ser acotadas en las nuevas reformas, que en todo caso tardarán aún meses en entrar en vigor.