IU y Podemos denuncian en Anticorrupción a 28 responsables de la Operación Chamartín por el supuesto quebranto de 2.780 millones de fondos públicos

Representantes de Izquierda Unida y del grupo parlamentario de Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie en la Asamblea de Madrid han presentado este miércoles una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra responsables de la recientemente aprobada Operación Chamartín. Firmado por las diputadas regionales Sol Sánchez e Isabel Serra y por el responsable de Economía de IU, Carlos Sánchez Mato, el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, pide al Ministerio Fiscal que investigue por posible “prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos” a 28 responsables políticos y empresariales que han adoptado decisiones relacionadas con el proyecto urbanístico.

A lo largo de 55 páginas a las que se añaden otras 1.200 en 16 anexos, se pide que el Ministerio Fiscal practique las diligencias de investigación que estime oportunas, ya que las actuaciones que se describen podrían ser encuadradas “en los delitos de prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos al haberse infringido los artículos 404, 419 y 432 del Código Penal, así como cualquier otro delito que aparezca en el transcurso de la investigación”. La estimación que se hace del quebranto de dinero público, de lo que es cuantificable, ascendería a 2.780 millones de euros.

Los demandados son ocho ministros de Fomento –de Borrell a Ábalos, pasando por Pastor o De la Serna–, dos presidentes de la Comunidad Autónoma de Madrid –Aguirre y González–, dos alcaldes de Madrid –Gallardón y Botella–, una concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, cuatro presidentes y dos directores generales de Renfe, cinco presidentes de Adif, un presidente de la empresa pública Canal de Isabel II, el expresidente del BBVA Francisco González y dos presidentes de la empresa privada DUCH-DCN. No se ha incluido a ningún miembro del equipo de Manuela Carmena ya que la aprobación provisional del proyecto se ha producido con José Luis Martínez Almeida como alcalde, cuya investigación tampoco reclaman, explican fuentes conocedoras del proceso de redacción de la denuncia. No obstante, no descartan una posterior ampliación de la misma cuando se conozcan los detalles de los convenios urbanísticos que pudieran haber beneficiado a Distrito Castellana Norte. Fue durante el mandato de la alcaldesa de Ahora Madrid cuando se “desatascó” la operación.

Por el momento, se pide la investigación de todos los ministros de Fomento desde que Josep Borrell estaba al frente del departamento. Fue en 1993, durante su mandato, cuando la empresa pública RENFE, dependiente de Fomento, convocó un concurso público “para el desarrollo urbanístico de Chamartín”. La convocatoria la ganaron Argentaria (que posteriormente se fusionó con el BBV) y la constructora San José, junto a otras firmas que fueron cayéndose del proyecto. Según IU y Podemos en estos 25 años se han producido una serie de modificaciones en los diferentes contratos con el objetivo de favorecer a estas empresas privadas a costa de los intereses del erario público, motivo en el que justifican la actual demanda.

Suelo a mitad de precio

Desde la firma a principios de los noventa, el terreno afectado por este contrato se llegó a triplicar. En la última modificación contractual, el suelo objeto de la misma se ha incrementado un 87% con respecto a la inicial (de 625.000 metros cuadrados a 1.167.022 metros cuadrados). El precio también se ha modificado. La empresa pública venderá finalmente a 769 euros por cada metro cuadrado. Supondrá un ingreso de 984 millones de euros para el gestor público de infraestructuras ferroviarias por los 1,2 millones metros cuadrados enajenados, lo que según los demandantes es la mitad del precio de mercado por el que se han vendido otros solares en el mismo ámbito.

Además, se han modificado las condiciones de pago a la empresa privada por la adquisición de terrenos y derechos de edificación pasando de 5 a 20 años. Se han rebajado los costes de urbanización e infraestructuras a realizar por la empresa adjudicataria. Supondrá –según las estimaciones de los demandantes– un ahorro de 583 millones de euros para Distrito Castellana Norte (el importe pasa de 1.924 a 1.341 millones de euros).

Asimismo, se ha limitado el riesgo que tendrá DCN respecto a la ejecución de urbanización e infraestructuras “y se ha trasladado el mismo a las Administraciones Públicas, consiguiendo que sean ellas las que ejecuten las obras y estableciendo un importe máximo a pagar por los propietarios de terrenos, de modo que asuman los sobrecostes las Administraciones”, afirman.

Otro de los puntos denunciados es que se ha permitido la reventa de terrenos y derechos “de manera que DUCH-DCN pueda financiarse con ello y limitar sus riesgos trasladándoselos a terceros”. Según ha publicado El Confidencial, el BBVA tiene previsto vender su participación en la operación.

Como resultado de estas modificaciones, Distrito Castellana Norte, antes DUCH, propiedad de BBVA y Constructora San José, espera alcanzar una rentabilidad del 17% anual. “Es decir, gracias a las modificaciones a costa del erario público, se va a hacer un enorme negocio privado”, explican. En el primer contrato, Renfe –luego Adif– se quedaba con el 53% de los beneficios antes de impuestos, un porcentaje que después bajó al 20% y más tarde se eliminó a cambio de un pago fijo, y todo ello sin convocar un nuevo concurso público, recalcan.

“Este desastroso negocio para las Administraciones Públicas podría haberse evitado”, afirma la demanda. Hubiera bastado con rescindir el contrato, como aconsejaba en el año 2001 un informe jurídico de la propia empresa pública Renfe. En el mismo se alertaba de un “grave perjuicio a los intereses públicos”, se detallaban una larga serie de “graves incumplimientos” por parte del banco y la constructora y se planteaba romper el contrato y volver a sacar la concesión a concurso como mejor fórmula para “preservar los intereses públicos”.

Otra de las cuestiones que resaltan es que según ellos DUCH-DCN debería haber pagado un IBI equivalente a unos 4,3 millones de euros al año, pero ni lo ha abonado, ni se le ha reclamado. Por todo ello, consideran que “el quebranto de fondos públicos de las partidas que tienen una cuantificación económica posible ascendería al menos a 2.780 millones de euros”. A esto hay que añadir elementos que actualmente tienen difícil cuantificación y que han supuesto modificaciones que podrían también suponer quebrantos futuros.

En la demanda se hace también referencia a la publicación en diciembre pasado en eldiario.es de parte de la documentación “que ha permitido ver el quebranto económico para el patrimonio público que ha supuesto la operación”, y en el que se incluyen algunos de los datos mencionados en los párrafos anteriores.

Otro de los elementos que se destacan es cómo uno de los demandados, el ahora ex presidente de DCN Antonio Béjar dio presuntamente la orden de destruir una serie de dispositivos informáticos (en concreto dos discos duros y 19 soportes CD) en junio pasado, según publicó El País. La Audiencia Nacional está investigando si en ese material se encontraba documentación relacionada con los contratos entre el comisario Villarejo y BBVA pero según DCN “el material no tiene relación con el caso” y el proceso de destrucción de documentación está relacionado con la publicación en eldiario.es del acta de un consejo de DCN de 2015 en el que Béjar certificó ante sus consejeros las “incuestionables ventajas” que logró su empresa a costa del Estado.

“Más allá de la posible relación de parte de la documentación destruida con el caso Villarejo y su relación con el BBVA y de que los firmantes del presente escrito desconozcamos qué puede haber sido objeto de destrucción en concreto, es evidente que hay una relación entre la petición y la publicación de documentación ante las graves irregularidades detectadas en la Operación Chamartín y esta actuación destinada a eliminar posibles indicios de actuación criminal por parte de la sociedad beneficiaria de las ventajas conseguidas de las Administraciones Públicas”, incide el escrito.

Una vez presentada la demanda, la Fiscalía Anticorrupción debe decidir si abre diligencias de investigación que podrían o bien derivar en el archivo del caso o en la presentación de escrito de acusación en el juzgado.