La derecha atrae a cada vez más votantes con menores rentas y nivel educativo a pesar del aumento de la desigualdad
Al igual que en otros países occidentales, en las tres últimas décadas las clases menos pudientes y con menor nivel educativo han ido votando cada vez más a los partidos de derecha en España frente a las formaciones de izquierda. Un estudio del Laboratorio Mundial sobre Desigualdad (World Inequality Lab) que compara la evolución del voto por nivel de renta y educación entre 1982 y 2016 así lo indica. Es una tendencia que podría haberse acentuado con la posterior emergencia del partido ultraderechista Vox.
Mientras en los años ochenta la mitad más pobre en renta y quienes habían accedido a un menor nivel educativo (aquellos con estudios de educación primaria) tenían una probabilidad mayor de votar a partidos de izquierda en España (8 puntos porcentuales más), en los últimos años esta posibilidad se ha reducido considerablemente. En el caso de los menos formados, el escenario de que voten a la derecha es incluso mayor que a la izquierda. En paralelo, como es común a otras democracias desarrolladas, quienes cuentan con estudios secundarios y universitarios tienen una mayor probabilidad de votar a la izquierda.
Así, aproximadamente el 60% de la mitad más pobre apoyaba a partidos de izquierda en los años ochenta y hoy es menos del 50% de esta parte de la población. Para los que solo tiene educación primaria entre el 50-60% de ellos votaban a partidos de izquierda en los años ochenta, comparado con el 40% hoy, según los autores del informe.
Los investigadores Amory Gethin, Clara Martínez–Toledano y Marc Morgan han analizado la evolución de la desigualdad desde los años ochenta, y la han comparado con la evolución del voto de la izquierda por nivel de renta y educación.
Su conclusión es que en España el conflicto dominante no es el de las divisiones de clase o la demanda de una mayor distribución económica, sino los conflictos históricos basados en la identidad, básicamente la autonomía regional y la corrupción, que son los temas a los que prestan más atención políticos y medios. Y ello a pesar de que, según el CIS, cerca de un 60% del electorado considera el desempleo el principal problema del país. Pero solo el 7% piensa que es el tema más debatido por los políticos.
Se da la circunstancia de que el 50% más pobre representa un 90% de la población desempleada (menos del 20% dentro del 50% más pobre está empleado, comparado con casi el 80% dentro del 10% más rico).
Evolución de la desigualdad
En paralelo a esta evolución del voto hacia la derecha de los menos pudientes y con menor titulación académica, los autores documentan el incremento de la pobreza y la desigualdad en España a raíz de la crisis. Entre los datos que manejan, recalcan que el 10% más rico en España posee cerca del 60% del total de riqueza personal, con una riqueza media de 800.000 euros. En cambio, la riqueza media para la mitad más pobre es de menos de 20.000 euros.
En 2007 se marcó el mínimo histórico de desempleo en España, 8,2% (ahora la tasa está en el 14,7% según la última EPA). Y desde mediados de los ochenta hasta aquel año, pico de la burbuja inmobiliaria, la renta media nacional por adulto había crecido considerablemente (22% entre 1996 y 2007 y 26% en la década previa).
Sin embargo, con la recesión económica se revirtió la tendencia, y la brecha aumentó. Mientras las rentas del 1% más rico crecieron un 24%, incluyendo las rentas del 0.1%, que aumentaron aproximadamente un 70%, el 90% más pobre experimentó un crecimiento por debajo de la media (2%). Todos los individuos dentro del 1% experimentaron un incremento de más del 10%, y en conjunto la media fue del 24%.
Otro reciente informe del WIL, que tiene entre sus cien investigadores de más de setenta países a los conocidos Thomas Piketty y Gabriel Zucman, recoge que entre 1980 y 2017 el promedio del 1% de los mayores ingresos ha crecido al doble de velocidad que el del 50% de los menores en Europa.
Y aunque las desigualdades en este continente son “significativamente” más bajas que en EEUU, advierten de que si la Unión Europea quiere contener la brecha en el futuro “deberá crear las condiciones para una financiación equitativa y de largo plazo de los servicios públicos, en particular a través de impuestos más progresivos (más altos cuanto mayores sean los ingresos y ganancias) a individuos y empresas”.
