El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, que dirige la magistrada Josefa Bustos Manjón, ha admitido a trámite la querella presentada en julio pasado por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid contra el banquero Jaime Botín y otras tres personas por un presunto delito contra la Hacienda Pública cifrado por la Fiscalía en 1.014.298 euros y relacionado con la compra de un avión privado para el multimillonario a través de un entramado de empresas en el extranjero.
Fuentes jurídicas explican que el hermano del fallecido Emilio Botín, tío de la actual presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, y máximo accionista de Bankinter declaró la semana pasada como investigado (antigua figura de imputado) tras la admisión a trámite de la querella, presentada por la Fiscalía tras una denuncia de la Agencia Tributaria.
Este jueves le tocó el turno a otro de los investigados (antigua figura de imputado), el ingeniero y economista Ricardo Luis Egea Marcos. Vinculado a Bankinter desde 1974 y actual presidente (no ejecutivo) de su filial de capital riesgo (fuentes del banco subrayan que “no es empleado” de la entidad), Egea prestó declaración en los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) durante cerca de tres cuartos de hora.
Tras su declaración, compareció ante la jueza durante cerca de una hora un inspector de la Agencia Tributaria que ratificó “en todos sus extremos” los hechos apuntados en la querella de la Fiscalía, según esas fuentes. Egea estuvo acompañado por, entre otros, el exjuez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que este verano solicitó la excedencia voluntaria y el relevo como juez de enlace con Francia para incorporarse como socio del área Penal del bufete Ramón y Cajal. El mediático exmagistrado es uno de los letrados del despacho que defiende a Jaime Botín en este y otros casos que actualmente tiene abiertos en los tribunales.
Las fuentes consultadas indican que entre las personas imputadas en este caso se encuentra también la abogada Rocío Utrera Gómez, hija del exministro franquista José Utrera Molina y cuñada del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.
Rocío Utrera, que en 1996 se casó con Ignacio Ruiz-Gallardón García de la Rasilla, primo del expolítico y socio del exalcalde de Madrid en el recién creado bufete Ruiz Gallardón Abogados, fue la otra persona que, supuestamente, actuaba junto a Egea como testaferro de Botín en el esquema diseñado para permitir al banquero defraudar a Hacienda con su jet privado a través de sociedades en Portugal y Jersey.
Parte de este entramado fue descrito con detalle en una denuncia anónima presentada en 2014 ante la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude de la Agencia Tributaria y adelantada en octubre de 2014 por eldiario.es. La existencia de esa sociedad de Botín en Jersey y Guernsey, Cherokee Bay, también fue destapada entonces por este diario.
Utrera, que no ha querido hacer declaraciones, fue la administradora única de Worldtour SA, empresa de la que el banquero era propietario y que, tal y como señaló la Fiscalía al anunciar su denuncia en julio, tenía como principales activos el 66,67% de las acciones de Cherokee Bay, domiciliada en Jersey y valoradas en más de 25 millones de euros, y del 99,99% de la portuguesa World Tour Portugal, LDA, valorado en 10,5 millones de euros.
Rocío Utrera fue la persona que firmó en 2012 un contrato de compra del avión del banquero, un Cessna Citation Encore+, por un precio total de 10.700.000 dólares que, según la Fiscalía, “se destinó con carácter principal a cubrir las necesidades de desplazamientos de Jaime Botín Sanz de Sautuola y su círculo familiar y social con base de operaciones en Madrid”.
Estructura “artificiosa”
Para eludir el pago del impuesto de matriculación de la aeronave, los citados 1.014.298 euros, los querellados decidieron localizar “de forma artificiosa”, según la Fiscalía, la matriculación de la aeronave a Portugal, “donde no existe un impuesto similar ni de naturaleza ni en sus niveles de tributación”.
Para ello, Ricardo Egea constituyó en el aeródromo municipal de Cascais la sociedad lusa World Tour Portugal, LDA y, una vez matriculada la nave en Portugal y “a fin de evitar el pago de impuesto mediante este montaje puramente artificial”, la Fiscalía sostiene que los querellados montaron ese entramado para “ocultar que el pago de las cantidades debidas por la compra realmente se realizaría desde España” a cargo de Worldtour, por otro lado, “debían asegurar” que esta empresa “tuviera en España la plena disponibilidad de la aeronave”.
Según la Fiscalía, para sufragar la compra del avión Worldtour desvió los fondos necesarios a la sociedad portuguesa que fueron ingresados en la misma cuenta corriente que a su vez servía de garantía financiera al Banco Santander Totta SA en un contrato de leasing firmado por otra empresa portuguesa “para facilitar el uso de la aeronave en España”.
Esa empresa lusa era Air Ninmbus Operaçoes Aereas, controlada por Isabel Macarrón, hija del entonces dueño de la aerolínea de jets privados Gestair, empresa que a su vez firmó un contrato de prestación de servicios aéreos con Air Nimbus. Isabel Macarrón es la cuarta persona incluida en la querella de la Fiscalía y ya se le ha tomado declaración. Tampoco ha querido comentar este asunto.
La Fiscalía sostiene que una vez finalizada la utilización de la aeronave (fue vendida a un tercero), se desmanteló el entramado societario “preordenado” para eludir el IEDMT, “al tiempo que se repatriaba el dinero sobrante”: “Concretamente el 14 de enero de 2014”, Worldtour “recibió una transferencia de 6.507.170,03 € de World Tour Portugal, LDA en concepto de devoluciones de aportaciones de capital” tras la venta del avión.
Por último, tras ser conscientes Botín y el resto de querellados de que la Agencia Tributaria había abierto una inspección a Worldtour, tal y como informó este diario en agosto de 2016, decidieron liquidar la sociedad y adjudicar los bienes al banquero. Fundamentalmente, su participación en Cherokee Bay, que Botín no declaró en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio de 2016 “ni en el modelo 720 de declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero”, siempre según el criterio de la Fiscalía y la propia Agencia Tributaria.
El Ministerio Fiscal cree que la disolución de la sociedad y la consiguiente deslocalización en el extranjero de sus activos “estuvieron preordenados a hacer inútil o dificultosa cualquier reclamación administrativa o judicial, de la cuota defraudada”.
Este caso ha llegado a los tribunales poco después del proceso que sigue contra Botín en un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por intentar sacar ilegalmente de España un Picasso en 2015 a bordo del velero Adix, que está a nombre, precisamente, de la sociedad Cherokee Bay. El juez de instrucción ha enviado al banquillo al banquero, de 81 años, acusado de un presunto delito de contrabando, y le ha impuesto una fianza de 133 millones de euros.