Más presión sobre el Gobierno para solucionar el conflicto laboral en la Inspección de Trabajo. Todos los jefes territoriales del organismo público, es decir, los responsables de todas las comunidades autónomas y de ámbitos provinciales, han suscrito un manifiesto en el que muestran su “profunda preocupación y rechazo” ante el “bloqueo” de las mejoras laborales pactadas con el Ejecutivo hace ya dos años, recoge el escrito que ha adelantado elDiario.es.
Los jefes y jefas de la Inspección de Trabajo dan así un paso unido en favor de la plantilla, que lleva meses movilizándose para sacar adelante estas mejoras laborales pactadas en julio de 2021. “Respaldamos a todos nuestros compañeros/as de las plantillas que estos días están movilizándose y apoyamos sus reivindicaciones, que son las nuestras”, suscriben los jefes y jefas territoriales de la Inspección.
El pacto de julio de 2021 incluía la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) en la Inspección de Trabajo, con medidas como el refuerzo de la plantilla pero también otras reclamaciones muy esperadas, como adecuar categorías profesionales y retribuciones, así como reforzar el apoyo administrativo y tecnológico de las oficinas de la Inspección.
Enfrentamiento entre Trabajo y Hacienda
Esa RPT es el foco de la batalla laboral en estos momentos. El Ministerio de Trabajo anunció el pasado 24 de mayo que el de Hacienda y Función Pública la había rechazado de manera repentina, después de meses de negociaciones entre ambos departamentos y con la plantilla. En Hacienda reaccionaron destacando otras mejoras aprobadas, como el refuerzo en el número de inspectores y un plus de productividad, pero no se pronunciaban sobre la prometida RPT.
Los altos cargos del organismo público vigilante de que se cumplan las normas laborales sostienen en el manifiesto que la reforma “es inaplazable”, “en los términos pactados y que fueron objeto de una larga reflexión interna”, en la que ellos mismos participaron con aportaciones, destacan.
Desde las direcciones territoriales, sus responsables advierten de la “insuficiencia de recursos humanos, y particularmente de mandos intermedios”, así como la inexistencia de una estructura adecuada que permita una organización eficaz del trabajo y unas condiciones económicas y laborales que no se corresponden con las funciones y responsabilidades asumidas por los trabajadores y trabajadoras, lo que genera situaciones “de agravio y discriminación salarial”.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, respondió el pasado viernes que el Ministerio que lidera Yolanda Díaz seguirá trabajando para sacar el pacto adelante en el escaso margen de tiempo que queda por delante, antes de las elecciones anticipadas del próximo 23 de julio.
A las puertas de otras elecciones
Porque, aunque no han pasado ni dos semanas desde este último capítulo del conflicto laboral, que levantó a los trabajadores contra Hacienda, el panorama ha cambiado notablemente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó las elecciones generales al próximo 23 de julio, tras los resultados de los comicios regionales, lo que reduce en varios meses su mandato y pone fin en breve a la legislatura.
El adelanto electoral frustra varias reformas y leyes pendientes, pero la plantilla de la Inspección de Trabajo y sus responsables territoriales pelean para que no ocurra lo mismo con su pacto, para el que ya hay acuerdo presupuestario y entienden que no enfrenta por tanto ningún obstáculo.
El manifiesto de los altos cargos trata de incrementar la presión para que el Ejecutivo cumpla con un compromiso que incluso pasó por el Consejo de Ministros. Responde, por tanto, “a un mandato legal de obligado cumplimiento para cualquier responsable político”, recoge el documento.
Mientras, la plantilla sigue movilizándose. Este miércoles, 7 de junio, los sindicatos han convocado una nueva concentración frente a las sedes territoriales de la Inspección de Trabajo en todo el país, a las 12 horas. En el horizonte, los representantes de la plantilla siguen advirtiendo del inicio de una huelga indefinida a partir del 26 de junio si el Ejecutivo no cumple con lo pactado.