En el segundo plano propio de los secretarios de Estado, Joaquín Pérez Rey lleva con discreción ser el 'número dos' de Yolanda Díaz, una de las ministras que más presencia está alcanzando en el Gobierno de coalición gracias a los continuos acuerdos con empresarios y sindicatos. Hasta enero este profesor universitario, doctor en Derecho, estudiaba las relaciones laborales desde el escritorio y la pizarra. Ahora sostiene, junto a Yolanda Díaz, la batuta del destino de la legislación laboral en España y ambos tienen en la agenda importantes cambios en marcha. Desde el desmontaje de la reforma laboral del PP, hasta la nueva regulación del trabajo en plataformas digitales para evitar el abuso de falsos autónomos.
El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social hace gala en esta primera entrevista en un medio de comunicación de su optimismo y carácter afable, que los interlocutores sociales destacan de su papel en las maratonianas jornadas de negociación para alcanzar acuerdos con sindicatos y patronal. El pasado lunes la mesa estuvo reunida unas diez horas en la última jornada para alcanzar un acuerdo sobre los ERTE. que al final llegó 'in extremis' horas antes del Consejo de Ministros. “No renuncio a alcanzar un acuerdo con los empresarios sobre la reforma laboral”, afirma convencido.
Septiembre ha sido un mes positivo para el empleo, pero todavía quedan medio millón de empleos por recuperar de los destruidos en esta crisis por la pandemia. ¿Qué perspectivas tienen en Trabajo para el final de año?
Seguir protegiendo el empleo. Esta crisis tiene que alterar los mecanismos de funcionamiento de la crisis anterior, tenemos que procurar hibernar sus efectos. Hasta ahora está yendo bien y la idea es seguir transitando este camino, el acuerdo de ERTE sigue en esta línea.
Buena parte del empleo destruido es empleo temporal, que es uno de los problemas del mercado de trabajo español. Esto nos debe llevar también a reconsiderar los mecanismos con los que vamos a procurar la incorporación al mercado de trabajo. El destino final es recuperar el empleo perdido.
Pero no se va a terminar el año recuperando todo el empleo que se ha perdido.
Hacer previsiones en el corto plazo es especialmente complejo, porque las variables con las que contamos dependen de la evolución de una crisis sanitaria. Si logramos contener el problema sanitario sin retrocesos, la lógica nos hace pensar que recuperaremos buena parte del empleo perdido. Desde los dos meses centrales de caída, la evolución es positiva y los datos de septiembre lo corroboran.
Usted viene del mundo académico, de la Universidad, y la primera vez que ha asumido una responsabilidad pública le ha estallado una crisis sin precedentes con un enorme impacto en el mercado de trabajo. ¿Cómo lo ha vivido?
Venía de un mundo teórico, donde había analizado el mercado de trabajo desde las claves tradicionales, que estaban ligadas a la evolución de los derechos laborales y de la inserción. Llegue con un panorama en mi cabeza que se altera de manera radical en marzo y me veo inserto en el Ministerio de Trabajo en un momento en el que no hay manual de instrucciones: nos hemos enfrentado a desconocido para lo que carecíamos hasta de modelos teóricos que lo soportaran.
El reto ha sido intentar buscar instrumentos laborales que empezaran a cumplir funciones diversas de las habituales, que fueran mecanismos al servicio de la salud, para evitar propagar el virus. Otra línea tenía que evitar que la pandemia se cifrara en una destrucción de empleo de envergadura, rediseñar un sistema que nos permitiera encapsular el empleo. Con las dificultades que había en España, que eran fundamentalmente dos: una bolsa enorme de precarios que es muy difícil incorporar a mecanismos de salvaguarda del empleo y el gran tejido de pequeñas y medianas empresas, muy alejadas de los sistemas de respuesta industrial como eran los ERTE.
No teníamos hoja de ruta, ni siquiera había un modelo teórico al que acogernos, pero creo que han funcionado relativamente bien.
En estos meses de experiencia de gobierno, ¿qué le han sorprendido más, los obstáculos externos o los obstáculos internos de dentro del propio gobierno?
Tengo la satisfacción de formar parte de una experiencia histórica única, que es un gobierno de coalición, y que ha funcionado de manera muy unificada para dar respuesta a un reto de país, no sólo de gobierno. Creo que ha funcionado de manera coordinada y que las almas que conforman este Gobierno de coalición no han tenido ningún problema en desenvolverse hacia una solución social.
El Gobierno es muy consciente de la relevancia de lo que estamos afrontando y los inconvenientes externos realmente son de tal magnitud… Nos enfrentamos a un enemigo común y eso normalmente une a los que le hacen frente.
El Ministerio de Trabajo ha destacado en esta crisis por lograr varios acuerdos con los sindicatos y la patronal, el último esta semana para prorrogar los ERTE. ¿Cómo están logrando desatascar las negociaciones en el diálogo social pese a las diferencias? ¿Cómo acaban aceptando los empresarios nuevas cláusulas de seis para mantener el empleo pese a su oposición?
Hay un primer componente que es tener una fe severa en los resultados del diálogo social, además de paciencia y creo que también hay que persuadir sobre que la manera de intervenir en el mercado de trabajo tiene que ser siempre mediante este componente tripartito. Por una sencilla razón: no tener la visión que aportan los agentes sociales seguramente resta realidad a las normas.
Además, es un ejercicio claro de democracia. Cuando queremos destacar el pluralismo social y político no puede quedarse en una retórica o en una mera declaración. Hay que tener un convencimiento claro de que las soluciones basadas en el ejercicio del pluralismo suelen ser adecuadas, que gestionan bien las políticas públicas. Con el diálogo social se ejerce la democracia y el pluralismo de manera cotidiana.
Usted que es un hombre que apuesta por lograr consensos y acuerdos ¿cómo interpreta la actitud de la Comunidad de Madrid en estos días? Primero llega a un acuerdo con el Gobierno, al día siguiente lo cambia, luego lo lleva a los tribunales… Muchos trabajadores y muchos empresarios no saben a qué se enfrentan.
Sin valorar en detalle los vaivenes de la Comunidad de Madrid, tengo claro que una máxima fundamental de cualquier diálogo y negociación es el respeto a la palabra dada. Es decir, que los interlocutores se reconozcan y se fíen unos de otros es esencial para alcanzar estas soluciones concertadas. En la medida en que no lo sean, estarán condenados al fracaso y generarán incertidumbre, que es la peor receta para salir del escenario actual.
El nuevo mecanismo de ERTE supone que las empresas deberán volver a solicitar las prestaciones de desempleo para sus empleados y es previsible que haya un aumento de los ERTE por rebrote, a la vista de los contagios. ¿Está preparado el SEPE para un nuevo aluvión de solicitudes sin los grandes retrasos que se produjeron en la primera ola?
No debería existir un nuevo aluvión de solicitudes, esto no es un retorno a la situación peor de la pandemia, a marzo. El SEPE en estos meses ha incorporado fórmulas muy novedosas que hemos tenido que ir implementando sobre la marcha, como los mecanismos de solicitud colectiva. Ahora nos nutrimos de una experiencia que no teníamos antes, que debe servir para que las nuevas solicitudes caminen de manera mucho más fluida.
Hay que recordar que nos enfrentamos a la pandemia con unos servicios públicos muy debilitados por la gestión de los gobiernos conservadores. Plantillas que habían sido objeto de un adelgazamiento muchas veces ideológico y claramente vinculado al retroceso en lo público en general.
El Ministerio prometió la revisión de todos los ERTE y sancionar a las empresas que infringieran su normativa. Informaron de varios procedimientos abiertos por posibles irregularidades: ¿se ha sancionado ya a alguna empresa por fraude en los ERTE?
Todavía no tenemos datos de sanciones efectivas. Se han abierto cerca de 30.000 actuaciones que aún tienen que finalizar. Hicimos una fuerte campaña informativa en la que enviamos cartas a unas 70.000 empresas y estoy convencido de que esta actuación habrá ejercido un fuerte influjo disuasorio. También tengo el convencimiento de que no hay un abuso generalizado de este instrumento.
Si los resultados del diálogo social sobre la ayuda a parados que han agotado su prestación son fructíferos, y tengo esperanza de que lo serán, sería bastante probable que el subsidio pudiera materializarse en octubre
Han reforzado la protección de los afectados por ERTE, de los fijos discontinuos, de los autónomos… pero las que se han quedado sin mejorías son las personas que ya estaban paradas. ¿Por qué se ha retrasado la prestación para los desempleados que han agotado su prestación durante la pandemia? ¿Cuándo la aprobará el Gobierno?
El planteamiento del Gobierno en materia de protección social ha sido lo más global posible, abarcando a colectivos tradicionalmente desprotegidos. Ha intentado también crear un elemento de seguridad final, una red muy importante y decisiva, que es el ingreso mínimo vital. Es muy difícil abarcar a los diferentes colectivos desde una política de protección de desempleo que se tiene que ir ensayando sobre la marcha, como hemos visto con las prestaciones para artistas, para trabajadores temporales e incluso para aquellos que perdieron su trabajo durante el período de prueba.
En el último acuerdo del diálogo social en defensa del empleo había el compromiso de que se estudiaría la situación de aquellos trabajadores en desempleo que habían agotado sus prestaciones. Esto está en el marco del diálogo social aún, bastante avanzado y, de hecho, en la próxima semana volverá a haber una reunión con los interlocutores sociales específica sobre este tema. Confío que podremos tener avances rápidamente.
¿Qué es rápidamente? ¿Se puede aprobar en octubre?
Si los resultados del diálogo social son fructíferos, y tengo esperanza de que lo serán, sería bastante probable que el subsidio pudiera materializarse en octubre.
Ya antes de la pandemia España tenía más de 3 millones de parados. ¿Cómo van a reformar las políticas activas de empleo para mejorar la inserción laboral?
Las dos grandes lacras del mercado de trabajo del trabajo en España han sido el desempleo, especialmente el desempleo de larga duración, y por otro lado, la precariedad. Tradicionalmente hemos reaccionado con bastantes dificultades a estos problemas desde el punto de vista de las políticas de empleo.
Ahora es el momento de dar un avance decisivo, un cambio de rumbo a las políticas activas. Por dos razones. Primera, porque esto exige recursos públicos y una parte de la financiación europea debe dirigirse a estos elementos capitales. Segunda, porque la pandemia nos ha puesto frente al espejo de la importancia de estas políticas activas y servicios públicos de empleo y la necesidad de que algunos colectivos perjudicados puedan meterse de lleno en ellas. Hay que pensar desde el punto de vista de las transiciones profesionales, de un cambio demoledor de modelo productivo y hacerlo de manera innovadora, con mecanismos que pueden ser evaluados y con una coordinación importantísima con las Comunidades Autónomas.
Las empleadas del hogar han visto por primera vez regular una prestación de paro para ellas, pero los retrasos han sido de cinco meses en muchos casos. ¿Qué ha fallado? ¿Cómo explican esa tardanza?
En muchos casos no ha sido tanto porque el día en el que terminaba el plazo de solicitudes era el 21 de julio y muchas nos han llegado incluso fuera de plazo. Teníamos claro que las empleadas de hogar era uno de los colectivos especialmente afectado por esta crisis y nuestro propósito fue incorporarlas a los mecanismos de protección. Lo hacíamos con un colectivo que nunca había tenido un contacto con el servicio público de empleo. Esto nos ha exigido toda una ingeniería jurídica que teníamos que hacer en muy corto plazo y que era difícil de acompañarlo del reverso informático necesario. Hemos reforzado los servicios centrales en el SEPE para ello y le hemos asignado muchos recursos.
También, y quiero ponerlo en valor, muchos funcionarios del SEPE voluntariamente trabajaron en el verano para reconocer estas prestaciones a las empleadas de hogar, y hemos intentado dar transparencia al sistema, que fue uno de los compromisos que adquirimos en una reunión con colectivos de trabajadoras.
¿Cuándo ratificará el Gobierno el Convenio 189 de la OIT para que las empleadas del hogar tengan paro de manera estable? ¿Qué falta para que no se haya cumplido este compromiso aún?
Es un compromiso del Gobierno de coalición, no ya en la excepcionalidad, sino incorporar de manera estructural de las empleadas de hogar a los sistemas de protección por desempleo. No está temporalizado, pero es prioritario. Conjuntamente con el Ministerio de Igualdad, vamos a incorporar esto como una prioridad máxima.
Y, si nosotros incluso pudiéramos ir anticipando alguno de los elementos a los que nos obliga el Convenio 189, lo vamos a ir haciendo.
Aunque la sentencia del Supremo sobre Glovo tiene una grandísima importancia, para dar instrumentos de seguridad jurídica y de certeza es necesario despegarse del caso particular y dar soluciones generales con una nueva regulación
La siguiente tarea del Ministerio es legislar el trabajo en plataformas digitales para evitar los falsos autónomos. ¿Es necesaria una regulación nueva después de que el Supremo haya dicho que los ‘riders’ de Glovo son trabajadores según la normativa vigente?
Las sentencias dan solución a casos particulares. Por tanto, aunque la sentencia del Supremo tiene una grandísima importancia, para dar instrumentos de seguridad jurídica y de certeza es necesario despegarse del caso particular y dar soluciones generales. Esto es lo que separa la actuación del legislador de la de los jueces.
Esta sentencia será una referencia ineludible para cualquier propósito legislativo, pero el Ministerio de Trabajo está convencido de que tiene que aportar una solución general que no obligue al conjunto de los trabajadores de estas plataformas a tener que judicializar siempre la naturaleza de sus relaciones. Es lo que debe hacer un Ejecutivo responsable.
Y ¿qué van a hacer? ¿Van a legislar solo la figura de los riders o van el trabajo en plataformas digitales de manera más amplia? Hay plataformas digitales de profesores, limpiadoras, cuidadoras a domicilio…
La realidad de las plataformas es absolutamente multiforme y sería muy difícil, casi imposible, establecer una regulación legal que acogiera el conjunto del trabajo en plataformas, que puede adoptar tintes y ribetes de lo más variado. Encorsetarlo en una norma legal en toda su dimensión, que va desde el reparto hasta actividades absolutamente cualificadas y muy sofisticadas y con fuertes componentes de movilidad internacional, sería muy difícil.
No obstante, hasta dónde debe llegar la regulación es algo que hay que consultar en el diálogo social. La legislación debe prestar solución a todos aquellos lugares donde el uso de la plataforma no es más que una estratagema o un mecanismo para ocultar una relación laboral clásica detrás de un algoritmo.
La Inspección de Trabajo y muchos tribunales, el último el Supremo, están diciendo que estas empresas como Glovo y Deliveroo se están saltando la ley vigente. Aun así, siguen funcionando con autónomos. ¿Qué va a cambiar esta nueva ley para que esto deje de ocurrir?
Las dificultades que hasta ahora estamos teniendo con las plataformas es que, más allá de lo que digan los expertos, las instituciones internacionales, la inspección o los tribunales, todas son opiniones que no tienen la potencia de la generalidad y que se basan siempre en resolver casos particulares.
Tenemos que repensar con rigor y con criterio cómo dar una solución a lo que en realidad es una nueva manera de manifestación de la dependencia a las relaciones laborales. Aquí el aliento del empresario no se siente en el cogote, se siente en el teléfono. Hay que hacer un instrumento lo suficientemente preciso para que no ofrezca vehículos de huida. Ya se ha hecho, tenemos algunas experiencias históricas, por ejemplo con los repartidores en los años 80 y se dio una solución laboral que estuvo vigente durante muchos años. Ésta es una versión 2.0 de los viejos repartidores de los años 80.
Otra tarea de su responsabilidad, que interrumpió la pandemia, es el desmontaje de la reforma laboral del PP. ¿Cuándo retomará la mesa sus trabajos?
Esto conforma una de las almas del Gobierno de coalición y es un elemento en el que el Ministerio de Trabajo ya estaba trabajando antes de la pandemia. Había una mesa abierta que había recorrido mucho espacio y que vamos a retomar en las próximas semanas.
La pandemia no ha alterado los cambios de reforma laboral, sino que incluso creo que los ha espoleado, los ha agudizado. La reforma laboral del PP supuso salir de la crisis devaluando derechos laborales. Nosotros queremos salir de la crisis manteniendo y reforzando los derechos laborales y para eso alterar la estructura de la reforma laboral es imprescindible.
¿Qué aspectos es más urgente revisar en estos momentos?
Hay que empezar por los elementos más decisivos, que son los que se concentran en una negociación colectiva que ahora está profundamente debilitada y que impide soluciones equilibradas. Es un condicionante esencial para salir de la crisis desde un punto de vista social. La negociación colectiva no es un discurso unilateral, es un discurso que conviene a ambas partes de la relación.
Por lo tanto, las prioridades son la ultraactividad, garantizar la prioridad de los convenios de sector y evitar una inaplicación de los convenios colectivos que les acabe restando su eficacia. También hay que reformar la subcontratación.
La patronal rechaza que ahora sea momento de abordar estos cambios y se opone especialmente a la reforma de la subcontratación.
La subcontratación en la legislación laboral está absolutamente anquilosada, responde a unos criterios que ya no son los del sistema productivo actual y que ha dado alas, sobre todo, a un mecanismo a subcontratación especulativa, que ha hecho que el beneficio de las empresas se haya basado en recortar los derechos de los trabajadores subcontratados. Eso es lo que quiere frenar el Gobierno.
En el ámbito de la colaboración empresarial moderna hay espacio para la subcontratación. No todas las empresas pueden hacerlo todo y esto el Gobierno lo sabe y lo comparte. Pero la colaboración entre empresas no puede ser un mecanismo para especular con las condiciones del trabajo, sino para aportar especialización e incorporar algo novedoso a la cadena de valor.
En las conversaciones pre pandemia, ¿estaban tan lejos las posiciones en este tema respecto a los empresarios?
No renuncio en absoluto a llegar a un acuerdo. El Ministerio de Trabajo ha firmado ya seis acuerdos, casi vamos a uno mensual. Renunciar a un acuerdo no formaría parte de nuestra manera de ver las cosas.
La subcontratación no debería ser un problema en la mesa de negociación. Las propias empresas están interesadas en que la subcontratación no constituya un modelo de competencia desleal, como sucede ahora en ocasiones. Para eso hay que reformar el artículo 42 del Estatuto que da lugar a estos fenómenos de subcontratación inadmisibles.
El final óptimo de la negociación de la reforma laboral es que acabe con acuerdo, pero hay veces que no es posible un consenso o sólo se pueden lograr consensos parciales. Esos resultados también son admisibles.
¿El Gobierno va a desmontar estos elementos de la reforma laboral de Rajoy si no hay acuerdo con la patronal?
El diálogo social no es una meta, es un camino. El final óptimo es que acabe con acuerdo, pero hay veces que no es posible lograr un consenso o sólo se pueden lograr consensos parciales. Esos resultados también son admisibles. El compromiso firme del Gobierno de coalición es evidente, es una obligación democrática lo que nos hemos comprometido a hacer frente a la ciudadanía. Aunque no renuncio a que cuente con el respaldo del diálogo social.
¿Los cambios se aprobarán este 2020?
Nosotros reabriremos en breve la mesa al diálogo social. Los procesos normativos siempre son inciertos porque llevan unos procedimientos que a veces escapan a nuestro control. Pero, desde luego, el Gobierno ha dejado clara su intención de hacerlo en 2020, cuando ha incorporado esos elementos expresamente en su plan anual normativo.
Para terminar, un poco de balance. Si mira atrás a estos meses de mandato, de qué se siente más orgulloso y qué cambiaría en su gestión.
Cambiaría que los tiempos nos hubieran permitido ir con más sosiego. Esto no ha podido ser así, pero también esto está en la base de lo que destaco. Nos hemos enfrentado a algo inédito, recién llegados al Ministerio, sin linterna en la oscuridad, con muchas dificultades de gestión derivadas de la ausencia de de funcionarios, y creo que hemos conseguido algunos elementos de los que me siento muy orgulloso.
Lo resumiría en una cosa: por primera vez en una crisis en España se desvincula la caída brutal del producto interior bruto de la caída de empleo. A diferencia de lo que nos habían dicho, las soluciones sociales dan respuestas eficaces también desde el punto de vista económico. Estoy también muy orgulloso de la gente con la que trabajo. Este es un ministerio feminista que lo incorpora a todas sus políticas y un ministerio que tiene una fuerte determinación, empezando por la ministra del Trabajo y por el conjunto del equipo.
Y, si mira hacia adelante, ¿cuál es su principal objetivo o la noticia que más le gustaría dar?
La noticia que más ganas tendría de dar, por toda mi experiencia profesional anterior y por lo que me he dedicado a estudiar durante mucho tiempo, es que España deja la precariedad atrás, que fuera un mal recuerdo de otras épocas y que nos enfrentáramos a una nueva manera de enfocar el trabajo, que fuera una garantía de ejercicio de derechos de democracia. Que la gente encontrara en el trabajo no un espacio de sufrimiento, sino un espacio en el que satisfacer las necesidades vitales. Sería seguramente uno de los actos de mayor constitucionalismo que podríamos hacer.