El todavía presidente no ejecutivo de Red Eléctrica, el exministro socialista Jordi Sevilla, prevé comunicar este martes su dimisión al consejo de administración de la empresa dueña de la red de alta tensión (cuyo mayor accionista es el Estado con el 20%), según confirman fuentes de la empresa, que justifican la decisión por “razones personales”.
La renuncia de Sevilla la ha avanzado El País, que apunta como motivo de la dimisión del exministro socialista las diferencias de criterio que mantiene con la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sevilla nunca ha ocultado su discrepancia con la política económica que defiende Unidos Podemos, hoy en el Gobierno de coalición. Tampoco en su cuenta de twitter.
El todavía responsable de Red Eléctrica tiene una retribución que supera el medio millón de euros y fue nombrado en 2018 en sustitución de José Folgado (ex secretario de Estado con José María Aznar) presidente de esta compañía del Ibex, cuyo mayor accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Abandonaría el puesto sin indemnización, ya que Red Eléctrica no tiene establecidas cláusulas de blindaje para sus máximos responsables en caso de despido o renuncia voluntaria.
El exministro de Administraciones Públicas (2004-2007) accedió a su puesto, uno de los más codiciados en el tradicional proceso de relevos al frente de las empresas vinculadas al Estado, tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y tras coordinar el programa económico del PSOE para las elecciones de 2015 y 2016 por encargo del hoy presidente del Gobierno.
Durante este tiempo, Red Eléctrica ha cerrado la milmillonaria compra del operador de satélites Hispasat y ha tenido que bregar con el fuerte recorte de la retribución de la empresa que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en pleno proceso de apuesta por la digitalización y la transición hacia una economía descarbonizada.
El expolítico valenciano se incorporó a Red Eléctrica procedente de la consultora Llorente y Cuenca, de la que era vicepresidente. Licenciado en Económicas y nacido en 1956, Sevilla es miembro del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1983.
Militante del PSOE, fue asesor económico del Gabinete de Presidencia del Gobierno (entre 1985 y 1990) y del gabinete del ministro de Agricultura de 1991 a 1993, cartera que entonces ocupaba Pedro Solbes, de quien también fue jefe de gabinete como ministro de Economía y Hacienda desde 1993 a 1996. También fue asesor de economía de Joaquín Almunia durante la etapa en la que éste fue secretario general del PSOE (1997-1998).
El 12 de marzo de 2000 fue elegido diputado por Castellón en la VII legislatura, en la que fue portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, vocal de la Diputación Permanente y miembro de la comisión de Infraestructuras. Fue uno de los encargados de la redacción del programa electoral socialista para las elecciones del 14 de marzo de 2004, que ganó el PSOE y en las que volvió a ser elegido diputado por Castellón.
Tras la victoria socialista fue nombrado ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cargo que abandonó en julio de 2007 y en el que fue sustituido por Elena Salgado. Previamente, fue asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000) y secretario de Política Económica y Ocupación de la Comisión Ejecutiva Federal (julio de 2000-julio de 2004), con Zapatero como secretario general.
En la Administración ha sido jefe de la Sección de Asistencia Técnica en la Dirección General de Transacciones Exteriores del Ministerio de Economía y Hacienda (1983); subdirector territorial en la Dirección Territorial de Economía y Comercio (1983-1985), en Valencia; y jefe del Servicio de Productos Hortifrutícolas y Aceites en la Dirección General de Comercio Exterior (1985).
Autor de la primera ley que reguló el conflicto de intereses, en 2016, tras ser criticado por Pablo Iglesias, que le situó (por error) en la multinacional “House Water Watch Cooper” (se refería a su vinculación con la consultora PricewaterhouseCoopers), Sevilla defendía las denominadas puertas giratorias: “¿Solamente van a poder ser ministros los funcionarios o los ricos de familia?”.
Según dijo entonces, prohibir ese trasvase ahondaría aún más “en el abismo que hay entre el sector público y el privado”; “desde el sector privado muchas veces no se entiende lo público y desde lo público muchas veces no se entiende lo privado”. “Yo creo que el objetivo no es evitar la puerta giratoria, sino evitar el escándalo, la ilegalidad, la prevaricación”.