José Luis Escrivá: “El sector público debe experimentar con la inteligencia artificial para poder decidir sus límites”

Con el objetivo de profundizar en los principales retos que supone la irrupción y la implantación de la Inteligencia Artificial (IA), elDiario.es ha celebrado este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid la 'Jornada de Inteligencia Artificial: impacto, desafíos y tendencias'. A lo largo del día se ha intentado acercar el debate al impacto de la IA en sectores estratégicos como la movilidad y conocer las innovaciones más punteras que se están dando en campos tan relevantes como la medicina.

Durante el evento se ha emitido la siguiente entrevista con José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública.

José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública y de Función Pública...

Y de la Función Pública. Eso es importante, la matización, porque es Transformación Digital y Transformación de la Función Pública.

Es un matiz interesante. Gracias por acompañarnos en esta jornada sobre inteligencia artificial. Ha declarado que uno de sus principales objetivos al frente del ministerio, precisamente, en la función pública, es emplear la inteligencia artificial para mejorar el servicio que las administraciones públicas ofrecen a los ciudadanos. ¿Puede explicar qué planes hay en este sentido?

Diría que es para que los funcionarios y trabajadores públicos utilicen herramientas que les ayuden a interaccionar mejor con los ciudadanos y ser más eficaces. Eso es importante. No se trata de sustituir a los funcionarios sino de darles herramientas de acompañamiento, porque a veces las cosas se mezclan. Vemos muchas posibilidades de eliminar muchos trabajos repetitivos y rutinarios que los pueden hacer las máquinas o la inteligencia artificial y proporcionar instrumentos que ayuden a ser más ágiles y rápidos en la respuesta a los ciudadanos. Por ejemplo, en el ámbito de la Medicina, para mejorar los diagnósticos, que es fundamentalmente un ámbito público. Y en el del transporte, para tomar mejores decisiones en las ciudades. Los ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial y la utilización masiva de los datos por medio de herramientas generativas de inteligencia artificial ofrece unas posibilidades enormes y el sector público claramente puede y debe ser un punto de experimentación. Debe serlo porque eso va a permitir testar esa eficiencia por parte del sector público y, además, ver cuáles deben ser los límites que debemos poner y dónde debe genuinamente limitarse al uso de la inteligencia humana.

¿Qué pasos se están dando ya? ¿Cuándo van a empezar a notarlo los ciudadanos?

Muy pronto. La tecnología ya está disponible. Para poder utilizar la inteligencia artificial generativa masivamente necesitas tres ingredientes. Lo primero son los datos y documentación que se cure –como se llama en la jerga– para entrenar los modelos. La administración pública tiene muchísima información y datos, y no es muy complicado prepararla para que los modelos la utilicen. En segundo lugar, necesitas supercomputación y en España nos estamos dotando de esas capacidades. Tenemos un punto de partida que es el Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, que es excelente y que queremos potenciar adicionalmente. Finalmente necesitas desarrollos concretos de aplicaciones, que es donde tenemos que trabajar más.

¿Se le está dando alguna prioridad a que este tipo de iniciativas se desarrollen con empresas españolas o europeas, o vamos a tener un problema futuro de soberanía tecnológica?

Es una buena pregunta. Los campeones mundiales en este ámbito son empresas multinacionales y norteamericanas. Con ellas tenemos que trabajar porque si queremos ser rápidos en el despliegue de estas tecnologías son los proveedores de algunos de los servicios más evidentes y disponibles. Pero al mismo tiempo que hacemos eso tenemos que trabajar en soberanía europea y nacional. Y, por ejemplo, la apuesta que decía yo por el Barcelona Supercomputing Center es un ejemplo. Queremos tener un modelo de lenguaje en español. Tenemos que desarrollar capacidades nacionales específicas y europeas potentes para tener esa autonomía. Hay que trabajar en ambas direcciones, aprovechar las ventajas competitivas del principio sin despistarnos y, al mismo tiempo, construir capacidades propias.

En los próximos cinco años se jubilarán el 22% de los funcionarios españoles que trabajan para el Gobierno central. En los próximos 15 serán el 60%, que es la generación del 'baby boom'. Antes me decía que no se trata de sustituir inteligencia artificial por personas. ¿Pero cree que puede haber un cambio en la función pública y en el número o actividades de los de los funcionarios por la llegada de la IA?

El cambio se va a producir y se tiene que producir como resultado de la transformación de la función pública hacia otro tipo de actividades. Estamos trabajando en definir bien las áreas funcionales –que yo creo que esto no hemos trabajado suficientemente en la administración– y ver exactamente qué tipo de funcionarios necesitamos.

No se trata tanto de recortar sino de ver qué actividad es necesaria.

La tasa de reposición –que ha sido el modelo habitual de dotación de personal pública– la vamos a eliminar el año que viene porque eso genera una enorme inercia. Es básicamente perpetuar la estructura preexistente y no ser transformador. Es decir, ahora lo que tenemos que definir es un buen mapa de qué necesidades tenemos y cubrirla con los perfiles adecuados. La tecnología también nos puede ayudar en esa transformación.

Hay procesos en los que los ciudadanos agradecerán probablemente que el trámite con la administración pueda ser sencillo a través del ordenador y de manera casi automática. Pero otros es probable que sigan prefiriendo una persona que les explique el proceso y que les ayude a resolver sus dudas. ¿Teme una respuesta contraria a la digitalización y al uso de inteligencia artificial por parte de las administraciones en el lado del ciudadano?

Si lo hacemos bien, no. Y, de hecho, un compromiso de esta legislatura es eliminar la cita previa. Decisiones tan importantes sobre cuándo uno se jubila y cómo requieren de una conversación con un funcionario. Lo importante es que ese funcionario, cuando tenga esa conversación –y hay mucha especificidad en la Seguridad social–, disponga de una herramienta al lado que le pueda inmediatamente dar contestaciones porque sea capaz de generarle cualquier información en tiempo real sobre cualquier pregunta que le plantee y no tenga que esperar a trasladarle a otro funcionario. Ahí está la ventaja. Es un ejemplo muy, muy claro.

¿Qué otros puntos cree que son prioritarios para mejorar en cuanto a la digitalización de las administraciones?

La inteligencia artificial necesita datos, documentación e información para entrenarse. Luego tenemos que hacer que toda esa información y toda esa documentación adecuadamente anonimizada y tratada dentro del sector público con el máximo rigor y confidencialidad sirva para alimentar instrumentos de inteligencia artificial. Hasta ahora a veces ha habido la sensación de que los datos eran de cada agencia, de cada administración concreta, de cada ministerio. Tenemos que entender que los datos son de todos. Primero son de los ciudadanos y a ellos hay que invitarles a que se utilicen para un uso mejor de la de la función pública y de la provisión de servicios públicos. Yo pongo aquí un paralelismo. España es excelente en donación de órganos para trasplantes. La gente dona órganos porque entiende que hay un bien superior que justifica esa donación. Pues, de alguna forma, con los datos la gente tiene que entender que sus datos –los que tenemos de ellos adecuadamente tratados– sirven para mejorar las políticas públicas. Pensemos en los datos, por ejemplo, de consumo energético. Bien utilizados por la administración pública pueden ayudar de una forma decisiva a luchar contra el cambio climático.

En los últimos años, un gran número de empresas multinacionales muy potentes del sector han elegido España para instalar sus centros de datos. Hablo de Google, Amazon, Microsoft, Facebook, IBM... ¿Por qué España? ¿Qué tiene este país que sea tan competitivo en ese ámbito?

Tiene dos ventajas competitivas. Una es algo en lo que hemos invertido durante décadas en España y que es una fortaleza: la conectividad. Tenemos las mejores redes de fibra de Europa. Tenemos, además, una ubicación geográfica con cables submarinos con América, con África, con todas partes, que nos permite ser un centro de conectividad. Y los centros de procesos de datos pueden después desplegar sus efectos y su transmisión de una forma más adecuada. Y la segunda fortaleza es que estos centros de proceso de datos consumen mucha energía y claramente en los compromisos que las grandes empresas tienen –y si no lo vamos a exigir nosotros–, tiene que haber sostenibilidad energética. Ahí nosotros tenemos una ventaja competitiva enorme en la posibilidad de producir en paralelo energía renovable abundante.

¿Puede España convertirse en una potencia de la economía digital gracias a estas infraestructuras, centros de datos y cables submarinos?

En el uso de la nube ya está ocurriendo y viendo los proyectos en marcha y las peticiones que estamos teniendo sin duda tenemos que conseguir que no solamente sea en nube, sino que al final estas nuevas tecnologías requieren más cosas. No solamente disponibilidad de almacenamiento de datos y de computación en nube, sino supercomputación. Y ahí también queremos apostar por que España sea líder en capacidades de supercomputación. Al final, en muchas de estas tecnologías lo que importa en última instancia es el capital humano. Dado el dinamismo que están teniendo la inteligencia artificial y tecnologías asociadas, la disponibilidad de recursos humanos especializados va por detrás. Por lo tanto, ahí es donde España tiene que hacer un enorme esfuerzo. No estamos mal de partida en profesiones como las de ingenieros, matemáticos, etcétera. Pero tenemos que hacer un esfuerzo con las comunidades autónomas y también en formación profesional, en ir muy rápido, en ofrecer estos nuevos empleos que tienen mejores salarios y condiciones.

¿Se conoce ya dónde se ubicará la nueva fábrica de producción de chips anunciada por el Gobierno en julio?

Respecto al PERTE chip, donde hay 12.000 millones de euros –que es una cantidad muy grande asignada de potencialmente dinero público– yo no pondría el foco particularmente en una factoría. A veces la idea tradicional de una factoría que produce cosas físicas nos obnubila e impresiona. Pero realmente en todo lo que es la cadena de valor de los chips hay elementos que tienen incluso más valor añadido. Por ejemplo, el diseño, la prefabricación, los componentes del chip que finalmente se producen en la cadena de valor o la investigación en nuevos materiales. Lo que estamos priorizando en este momento es empujar aquellas inversiones y apoyar financieramente a las que más valor ofrezcan. No nos obsesiona el que llegue una gran fábrica de chips, que puede llegar, pero va a tener más valor añadido generar todo ese ecosistema de industrias asociadas.

¿Qué posibilidades ven de que en España se avance más en esta industria relacionada con el microchip?

Sinceramente, no tenemos problemas de tenerlos en el pipeline. Tenemos operaciones en marcha que se irán anunciando según estén cerradas y que son ciertamente importantes. Acabamos de anunciar una –por poner un ejemplo que va en la línea de lo que decía yo antes–, que es el centro de innovación y fabricación de chips Imec. Se va a instalar en Málaga, por cierto, con una cofinanciación muy importante que hemos conseguido de la Junta de Andalucía y también de todas las administraciones como el propio ayuntamiento. Va a ser el segundo centro del mundo de fabricación de chips de altísima tecnología. Las empresas podrán demandar a Imec diseños en el límite de la tecnología. Ahora solo existe una fábrica en el mundo que está en Lovaina y la segunda va a estar en España.

Respecto al debate de la IA se han generado muchos discursos que dan un poquito de miedo. Hay expertos tecnólogos que advierten de los riesgos del desarrollo de la inteligencia artificial a futuro y plantean que incluso habría que limitar su desarrollo. ¿Es usted optimista, pesimista o catastrofista con las posibilidades de la IA?

Es una pregunta compleja y que requiere mirarla desde varios ángulos. Yo estoy convencido de que la inteligencia artificial va a ser una revolución con grandes ganancias de productividad y de un impacto extraordinario en nuestras vidas, no solamente en lo económico, sino también incluso en lo personal. Es una tecnología muy potente porque llega muy de lleno y se acerca en algunos aspectos a cómo nos comportamos los humanos. Eso no tiene precedentes. Estamos ante algo verdaderamente muy disruptivo. ¿Ante eso, cómo nos tenemos que posicionar? En primer lugar, diciendo que esto va a generar ganancias de productividad y, por lo tanto, si las utilizamos bien, va a hacer que las personas hagan trabajos menos rutinarios. Y si distribuimos bien esas ganancias de productividad habrá más riqueza. Al mismo tiempo estas tecnologías producen inquietud porque se acercan mucho y pueden interferir con espacios que genuinamente como sociedad no deben ser decididos por alguien que no sea un humano. Ahí es donde la sociedad tiene que ponerse de acuerdo y esto tiene que hacerse a nivel global, europeo y nacional: dónde ponemos los límites. Ese es un debate urgente que tiene que extenderse a toda la sociedad. Yo en el Congreso el otro día se lo dije a los a los diputados, que nosotros en el Parlamento y el Gobierno tenemos que liderarlo, pero debemos abrirlo a toda la sociedad. Ciertamente hay que poner límites. Hay usos que tienen que estar prohibidos porque interfieren con la privacidad o los derechos humanos. Hay otros que son usos con mucho riesgo que tienen que ser muy monitorizados.

Recientemente se ha conocido una sentencia europea que obliga a hacer fijos a una cantidad importante de funcionarios interinos. ¿Cómo valora esa sentencia y cómo afecta a su ministerio?

Una matización: no obliga a hacer fijos a muchísimos sino que da sugerencias a los tribunales españoles para que interpreten las normas a la luz de la normativa europea y determinados ámbitos pueden tener ese resultado.

Hay una segunda vuelta en los tribunales españoles.

Pero más allá de esto que está en el ámbito jurisdiccional, leyendo la sentencia en general reafirma convicciones muy profundas en este ministerio y en la Secretaría de Estado de Función Pública e incluso convicciones mías previas de cuando era responsable también de ámbitos laborales más amplios en la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Nosotros en España hemos tenido un problema endémico que es la temporalidad. Hemos entendido en España, tanto en lo público como lo privado, que dar flexibilidad en economía, –dar márgenes de flexibilidad a las decisiones tanto en el ámbito público y privado– había que hacerlo teniendo grandes reservas de trabajadores temporales. Esto es un error dramático porque al final lo que termina pasando tanto en lo público y lo privado es que cuando uno piensa que su vinculación con una empresa es de corto plazo y de poco recorrido, ni está interesado en formarse y en capitalizarse humanamente, ni el empleador tampoco lo está. Entonces tenemos un déficit de capital humano, que es uno de los peores déficits que puede tener un país. Esto tiene la raíz en esta visión de la temporalidad. Por lo tanto, hay que luchar contra ella de una forma decidida.

Una parte de esta bolsa de interinos, además, es en los servicios públicos vitales como la sanidad y la educación.

Tenemos que trabajar con las comunidades autónomas fundamentalmente –y lo vamos a hacer en ese sentido–, pero el primer paso ya lo he anunciado yo, que es que es eliminar la tasa de reposición. La tasa de reposición es un mecanismo que perpetúa las estructuras y que además son preexistentes, sin dar capacidad a la transformación. Pero al mismo tiempo que se ha utilizado cortoplacistamente en periodos de austeridad para que los ajustes fiscales se hagan a costa de debilitar el empleo público o generar grandes bolsas de temporalidad para poder ajustarlo rápidamente. Con esto hay que acabar y el primer paso claramente es eliminar la tasa de reposición y sustituirlo con una planificación a medio plazo razonable y bien definida de cuáles son las necesidades de empleo del sector público. De alguna forma, y esto es importante, durante décadas en España se ha visto en los recursos humanos de la administración –que es el capital humano de la administración– desde una perspectiva puramente fiscal.

Costes de personal.

De hecho, la dirección general, que ha tomado muchas decisiones, es ya una declaración de intenciones. Es que el personal no es un coste, de hecho, debe ser visto como una inversión si lo hacemos bien. Y esa es la gran transformación que tenemos que hacer. La Secretaría de Estado de Función Pública tiene los próximos meses para trabajar en un plan en esa dirección que evite todo ese problema. Y después uno de los problemas de temporalidad tiene que ver con la irregularidad de las provisión de plazas en el sector público y los periodos larguísimos hasta que realmente los nuevos funcionarios acceden a los puestos. Esto hay que recortarlo ampliamente porque al final eso genera bolsas de temporalidad.

¿Y esto cómo lo puede hacer la administración central cuando gran parte de estos concursos y de estas plazas, están en las autonomías?

La tasa de reposición es un instrumento. Hay normativa laboral pública, por así decirlo, que tiene efectos en todas las administraciones. Lo que hagamos nosotros desde la Secretaría de Estado de Función Pública impacta en todos. Y después la Administración General del Estado creo que puede ser catalizadora de buenas prácticas y mostrar el camino que hay que seguir en todas las administraciones.