El juez rechaza la pretensión de Chile de esquivar la indemnización a los inversores españoles del diario confiscado por Pinochet

El titular del juzgado de primera instancia número 101 de Madrid, Pedro José Puerta, ha emitido un auto en el que rechaza la pretensión de Chile de evitar indemnizar a los propietarios españoles del diario El Clarín, ocupado por el Ejército desde el mismo día en que Pinochet dio el golpe de Estado contra el socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973. El magistrado ha abierto una pieza separada para que, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil, Chile pueda presentar alegaciones a la demanda de ejecución del laudo del CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, que fija una indemnización estimada de 520 millones de euros a los propietarios del diario, pero sin cuestionar la exigencia de resarcimiento.

El arbitraje del caso Clarín es el más largo de la historia del CIADI y de Chile: arrancó en 1997, cuando el entonces propietario, el empresario español Víctor Pey, republicano que se exilió tras la victoria militar de Franco, acudió a las instancias internacionales, y no se cerró hasta 2020, con la decisión inapelable en que se enmarca la ejecución del laudo. Pey no llegó a verlo, puesto que falleció en 2018 con 103 años, pero antes había traspasado los títulos de propiedad del periódico a su hija, Coral Pey (10%), y a la fundación española Presidente Allende (90%), que a través del abogado Joan Garcés, que estaba junto a Allende en La Moneda resistiendo al golpe de Estado, ha batallado en los tribunales durante todos estos años.

El laudo del CIADI en 2020 es firme y su ejecución corresponde a los tribunales de cualquiera de los 155 países que han ratificado el tratado, entre ellos España y Chile. El nuevo auto del juzgado número 101 de Madrid, fechado el pasado 16 de junio, echa por tierra la pretensión del Gobierno chileno de dejarlo en una resolución meramente simbólica, sin indemnización económica para reparar a los accionistas del que a principios de la década de 1970 era el diario con mayor tirada y patrimonio de Chile hasta que Pinochet lo silenció a punta de bayoneta.

Actualmente, El Clarín se publica únicamente en formato digital y el Ejército sigue ocupando las instalaciones que en su día albergaron al diario progresista y sus rotativas. El ecosistema mediático del país es todavía heredero del que se estableció durante la dictadura, que cerró y liquidó los medios progresistas que habían apoyado la democracia.

La causa de El Clarín ha sido reconocida por el Parlamento Europeo y defendida tanto por el Gobierno español en época de José María Aznar, cuando arrancó el procedimiento del CIADI, como por los principales partidos españoles, incluidos el PP y el PSOE. En cambio, en Chile tanto los gobiernos derechistas de Sebastián Piñera como los de la Concertación llevan tres décadas litigando para impedir el resarcimiento económico, si bien con el compromiso público, expresado incluso solemnemente por Piñera ante la Eurocámara, de proceder a la indemnización en caso de que así lo decidiera en firme el laudo del CIADI, lo que acabó sucediendo en 2020.

El actual presidente chileno, Gabriel Boric, enarboló personalmente las reivindicaciones de los propietarios de El Clarín cuando era diputado opositor e incluso afeó a los sucesivos gobiernos que siguieran litigando para alargar el procedimiento en lugar de abordar por fin la reparación, que consideraba de justicia. Sin embargo, su Gobierno, que heredó la patata caliente del auto de ejecución del juzgado de Madrid ante la inacción del Ejecutivo de Piñera, guarda ahora silencio público sobre el procedimiento y ha evitado responder a las múltiples peticiones que elDiario.es ha trasladado tanto a Presidencia como a la cancillería para pronunciarse.

En paralelo, los abogados que representan al Gobierno de Chile en los tribunales españoles han mantenido con Boric exactamente la misma línea que sus predecesores en las últimas décadas: beligerante oposición a cualquier tipo de indemnización.

El pasado diciembre, la embajada chilena en Madrid –todavía bajo la tutela del Gobierno de Piñera– se negó a recibir oficialmente el auto que despachaba la indemnización de 520 millones y exigió que se comunicara por cauces diplomáticos a Santiago. Cuando finalmente los letrados en representación del Gobierno chileno comparecieron, ya con Boric en la presidencia del Gobierno, lo hicieron para exigir el archivo del procedimiento alegando “nulidad radical” del auto y “mala fe” de la parte ejecutante. Son los mismos argumentos que Chile esgrimió en 2013, cuando el CIADI impuso a los accionistas de El Clarín el pago de más de tres millones de dólares en costas, pero entonces finalmente las acabó abonando al acatar la orden del mismo juzgado en Madrid.

El juzgado 101 de la capital española ha desestimado también el planteamiento de la parte ejecutante, que consideraba que los plazos para cualquier recurso de Chile ya habían vencido como consecuencia de su negativa inicial a recibir el auto en diciembre. La apertura ahora de la pieza separada permitirá a Chile presentar alegaciones contra la cuantía de la indemnización.

Los 520 millones de euros que recoge el auto del juzgado 101 de Madrid, que despacha la ejecución, se basan en la valoración elaborada a instancias de los demandantes por Accuracy, consultora internacional con sede en París y una de las referencias internacionales en arbitrajes: 420 millones de dólares de principal más 122 en intereses fijados por el CIADI en 2008, a razón del 5% anual compuesto hasta el completo pago de la indemnización; alrededor de 520 millones de euros en el cambio actual.

El juzgado de Madrid en que ha recaído la ejecución del laudo ha dejado claro que no se trata de un reconocimiento meramente simbólico. Además de emitir el auto fijando la indemnización en 520 millones de euros en línea de la estimación de Accuracy, el juzgado emitió también un decreto, el pasado marzo, dirigiéndose a la multinacional francesa Nexans, uno de los grandes actores globales de la industria de sistemas de cable, para embargar los pagos pendientes que tuviera con Codelco, la corporación pública chilena del cobre, con el fin de empezar a cubrir la indemnización decretada.

Nexans Iberia, la filial en España de la multinacional francesa, contestó al juez que no tenía ningún pago pendiente de abonar a Codelco, con lo que el episodio no tuvo ningún efecto práctico inmediato sobre el pago efectivo de la indemnización. Los inversores han respondido solicitando que Nexans exhiba sus libros contables. El embargo puso de manifiesto las consecuencias que puede tener si Chile incumple un laudo del Tribunal de Arbitraje del CIADI.

El Gobierno español tampoco ha respondido a las preguntas que en reiteradas ocasiones le ha planteado elDiario.es sobre cuál es su posición ante la ejecución del laudo en defensa de los inversores españoles.